Polémica en la campaña de las elecciones de Andalucía: PSOE e IU acusan al alcalde de Sevilla de retirar sus carteles electorales de las farolas

El PSOE andaluz denunciará la retirada de propaganda electoral en Sevilla al considerar que se ha producido de forma “ilegal” durante la pasada madrugada. Así lo ha anunciado el secretario adjunto de Organización del PSOE-A y candidato por Sevilla, Alejandro Moyano, quien ha acusado directamente al Ayuntamiento hispalense, gobernado por el PP, de intervenir en plena campaña retirando cartelería en espacios autorizados.

A través de un mensaje difundido en la red social X, Moyano ha calificado los hechos de “vergüenza” y ha asegurado que su formación llevará el caso ante las instancias correspondientes. “El PP, pillado eliminando al rival político a golpe de radial, en farolas asignadas y con permiso de la Junta Electoral. Es antidemocrático. Lo vamos a denunciar. La democracia también se defiende en cada farola”, ha señalado el dirigente socialista.

Acusaciones cruzadas en plena campaña

La denuncia socialista se suma a la realizada por Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla. Su portavoz municipal, Ismael Sánchez, ha acusado al alcalde, José Luis Sanz, de haber “cruzado una línea gravísima” al ordenar presuntamente a operarios municipales la retirada de propaganda electoral de la candidatura Por Andalucía en espacios que, sostiene, les habían sido adjudicados formalmente.

Según ha detallado Sánchez en una entrevista en La Voz del Sur, uno de los casos más claros se habría producido en la calle Resolana. En ese punto, Por Andalucía tenía asignadas diez farolas para la colocación de su propaganda electoral, tal y como figura, según explica, en un acta del Área de Hacienda firmada por representantes de todas las candidaturas con derecho a estos espacios, así como por funcionarios de la Delegación correspondiente.

El portavoz de IU sostiene que la actuación detectada no es un hecho menor. “Estamos ante un hecho gravísimo, impropio de una institución democrática”, ha afirmado, subrayando que el alcalde “no puede utilizar los medios municipales para intervenir en la campaña electoral ni para retirar propaganda de una candidatura colocada en espacios que le corresponden legalmente”.

Referencia a la legislación electoral

En su denuncia, Sánchez ha señalado que lo ocurrido “atenta contra las garantías democráticas del proceso electoral” y podría contravenir lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que regula la cesión de espacios públicos para la colocación gratuita de propaganda electoral por parte de las distintas candidaturas. Por ello, cualquier intervención sobre la cartelería instalada en dichos lugares debería contar, según sostienen, con respaldo legal o con la autorización de la Junta Electoral de Zona.

En este contexto, Sánchez ha cuestionado directamente la actuación del alcalde popular. “Debe entender que Sevilla no es su cortijo. No tiene competencias ni autoridad para ordenar este tipo de actuaciones por su cuenta, sin mandato de la Junta Electoral”, ha señalado.

Exigencias de aclaración y reposición

Izquierda Unida ha calificado lo sucedido como una “intromisión intolerable en la igualdad de condiciones entre candidaturas” y ha reclamado explicaciones al equipo de gobierno municipal. Entre las cuestiones planteadas, el grupo pide que se aclare quién dio la orden de retirada, con qué criterios se actuó y bajo qué cobertura legal.

Asimismo, ha exigido la reposición inmediata de toda la propaganda electoral retirada, al considerar que su eliminación afecta directamente al desarrollo de la campaña y a la visibilidad de las candidaturas implicadas. “El Ayuntamiento no puede actuar como instrumento partidista del PP. Los recursos municipales están para servir a la ciudadanía, no para alterar las reglas del juego electoral”, ha defendido Sánchez.

Por su parte, el PSOE-A ha anunciado su intención de trasladar estos hechos a las instancias correspondientes, en línea con lo expresado por Alejandro Moyano. Ambas formaciones coinciden en señalar la gravedad de lo ocurrido y en enmarcarlo dentro de una posible vulneración de los principios de neutralidad institucional durante el periodo electoral.