Los pactos entre PP y Vox en Extremadura hacen la zancadilla a la campaña del “moderado” Juanma Moreno en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a revalidar el cargo, Juanma Moreno, ha advertido en varias ocasiones del “lío” en el que puede meterse su región de no conseguir gobernar en solitario después del 17 de mayo. Ese “lío”, comentó entonces, quedaba demostrado con el atasco en las negociaciones entre populares y Vox, que en el caso de Extremadura ha dejado a la región sin gobierno durante cuatro meses. En realidad, la imagen del enrocamiento de Vox beneficiaba al PP andaluz, que, a diferencia de Guardiola, Azón o Mañueco, sí tiene opciones de conseguir una mayoría absoluta, según las encuestas.

El calendario electoral es caprichoso y PP y Vox estaban obligados a consumar el acuerdo antes del 3 de mayo. Y tras dos encuentros sobre el terreno entre ambos equipos, la fumata blanca llegó el viernes. Y ahora, pese a que el “lío” parece haberse resuelto, el remedio parece ser peor que la enfermedad, al menos, de cara a su campaña.

Moreno, que defiende su modelo “moderado”, tendrá que lidiar con la repercusión de un acuerdo que no ha estado exento de polémica; primero, por sus guiños a la extrema derecha en su contenido; y segundo, por su dudosa legalidad y el alcance de las competencias autonómicas. De hecho, a pocos días de alcanzarse el acuerdo, los populares ya han tenido que censurar a sus socios por la interpretación que le dan a algunos de los puntos.

El primer choque entre PP y Vox por Extremadura

Uno de ellos es el que se refiere al concepto de “prioridad nacional” para obtener ayudas sociales. Se trata del mismo principio que Vox pretende introducir también en otras cámaras autonómicas, entre ellas, la Asamblea de Madrid, para priorizar a los españoles frente a los migrantes, especialmente en la sanidad pública. De hecho, la primera crítica al acuerdo llegó de la mano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien afirmó que la medida era “ilegal”.

Al día siguiente, el secretario general del PP, Miguel Tellado, salió a desmentir las palabras de Vox asegurando que este criterio no tenía que ver con una cuestión de origen, sino de arraigo. Fuentes del PP subrayan que no es obligatorio y que, en todo caso, era un “criterio más como el económico”. Además, añaden que ya se incorporó en otros acuerdos, entre ellos, el de los presupuestos en Valencia. Y los mensajes del PP tuvieron respuesta de Vox, que recordó que el PP “estaba totalmente de acuerdo” en lo pactado. “Que no molesten” ni intenten “truncar” el pacto, recriminó el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster.

Otro choque entre Génova y Bambú se ha producido por la medida que plantea eliminar las subvenciones de la Junta a las ONG que “colaboren” con la inmigración irregular. Y no es tanto por su contenido, sino por las discrepancias en la interpretación que le dan ambas organizaciones. En una entrevista para El País, el portavoz de Vivienda, Carlos Hernández Quero, no dudó al apuntar a organizaciones como Cáritas Diocesana, que mantiene vigente un acuerdo con el gobierno de Extremadura.

Y tras estas palabras, el PP se volvió a ver obligado a corregir a su socio: “Cáritas puede estar tranquila [...] eso se tiene que acreditar con sentencia”, afirmó Tellado. Esto tampoco es una medida nueva. El Partido Popular ya aceptó, a petición de Vox, retirar de los presupuestos municipales de 2025 las partidas económicas destinadas a ayudar a las ONG que acogen y asisten a migrantes en Burgos, a las que se apoyó el año anterior con 119.000 euros.

Vox amenaza con subir el precio en Aragón y el Gobierno con ir a los tribunales

Entre medias de esta discusión se ha metido de por medio el Ejecutivo central, que ya ha adelantado su intención de recurrir ante la Justicia el acuerdo por vulnerar las competencias autonómicas y el principio de igualdad que marca la Constitución.

Después de sudar la gota gorda en Extremadura, los populares continúan negociando con Vox en Aragón, donde los de Abascal ya han adelantado que subirán el precio de sus demandas porque obtuvieron “mayor representación” que en Extremadura. Aragón debe llegar a un acuerdo a más tardar el 4 de mayo, por lo que las negociaciones entrarán de lleno en el inicio de la campaña andaluza.

Vox ya vende el acuerdo como el modelo a seguir en Andalucía: “Los andaluces tendrán que elegir entre “regularizaciones masivas” o un gobierno que diga que “no cabe ni uno más”, señaló la candidata número dos de Vox por Sevilla al Parlamento, Cristina Peláez. También en Andalucía, lo que podría complicar la campaña de Moreno si despertierta el voto del PSOE.