Apátridas saharauis y menores migrantes no acompañados con edad cuestionada, los “grandes olvidados” de la nueva regularización

La regularización extraordinaria de migrantes aprobada esta semana por el Gobierno permitirá a unas 500.000 personas que ya viven en España, pero sin papeles, acceder a permisos de residencia y trabajo, con todos los derechos y obligaciones correspondientes, pero el proceso también ha dejado fuera a algunos colectivos vulnerables como los apátridas, en su gran mayoría saharauis, y algunos menores migrantes no acompañados. En este último caso se trata de adolescentes cuyos pasaportes biométricos, emitidos por las oficinas consulares de sus países de origen, certifican que son menores de edad y, sin embargo, han sido considerados adultos por la Fiscalía.

“El nuevo marco no resuelve la situación de estos adolescentes y los mantiene en un limbo jurídico inaceptable. Aunque son menores de edad, el decreto de Fiscalía les convierte en adultos y, como consecuencia, quedan fuera del sistema de protección de menores y sin acceso a una autorización de residencia como menores tutelados”, explican desde la Fundación Raíces, organización dedicada a la defensa de los derechos de la infancia y juventud en situación de vulnerabilidad. Paradójicamente, añaden, aunque la Fiscalía les reconoce como mayores de edad, esa consideración no les permite acceder a los derechos de los adultos ni beneficiarse por tanto de la regularización recién puesta en marcha.

Según la última memoria de la Fiscalía, en 2024 se analizaron más de 7.500 casos para determinar la edad de jóvenes migrantes y en unos 2.500 de ellos se decidió que eran mayores de edad.

Cabe recordar que cuando un migrante desembarca en costas españolas y alega ser menor de edad pero no cuenta con un documento que lo acredite o se sospecha que puede ser un adulto, la Administración comprueba si es cierto o no mediante una prueba ósea que determina su edad, unos exámenes muy criticados por las ONG al considerarlos invasivos e imprecisos, y cuyos resultados suelen demorarse mucho.

Dos décadas denunciando la situación

La Fundación Raíces insiste en que estos adolescentes extranjeros y sin protección que no pueden solicitar ningún tipo de autorización de residencia son los más vulnerables y recuerda que llevan denunciando esta situación desde hace dos décadas. La organización también lamenta que, pese a haber presentado enmiendas para que los menores migrantes afectados por procedimientos de determinación de la edad pudieran acogerse expresamente a esta regularización, su propuestas no han sido incorporadas al texto aprobado.

“Llevamos veinte años denunciando el limbo en el que permanecen estos niños y niñas cuando se les determina mayores de edad, pese a contar con pasaportes auténticos que demuestran ser menores. La regularización extraordinaria no puede volver a excluir a quienes ya han sido excluidos del sistema de protección”, dice a Infobae Lourdes Reyzábal, cofundadora de la fundación. “Esto solo ocurre con los niños y niñas que están solos, los pasaportes de ciudadanos adultos de los mismos países o de niños acompañados por sus padres, sí son válidos para España. El mismo Gobierno que deja sin protección a niños y niñas que están solos en España, no les permitirá regularizar su situación administrativa por esta vía”, añade.

El Supremo y Naciones Unidas lo cuestionan

La fundación también explica que el Tribunal Supremo ha dictado más de 20 sentencias desde 2014 estableciendo que los niños y niñas documentados con pasaporte no deben ser sometidos a procedimientos de determinación de edad y que resulta discriminatorio no dar validez a pasaportes auténticos de determinados países africanos. En la misma línea, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas “ha dictaminado hasta en 14 ocasiones que España ha vulnerado derechos de la infancia en este ámbito”, y ha reiterado su preocupación e instado a España a cesar en esta práctica.

También recuerdan que existe un proyecto de regulación del procedimiento de evaluación de la edad paralizado en el Congreso de los Diputados desde marzo de 2025 que sigue permitiendo cuestionar la validez de los pasaportes.

Por todo ello, desde Fundación Raíces animan a los adolescentes afectados, así como a quienes les acompañan, a que presenten sus solicitudes de regularización incluyendo tanto el pasaporte como el decreto de la Fiscalía. También llaman a exigir a la Administración que interprete la norma de forma que les permita “salir de este limbo legal que el Gobierno prometió reformar desde 2020″.

El 95% de los apátridas son saharauis

Respecto a los apátridas, las personas a las que ningún país reconoce como ciudadanos y que también han quedado excluidos de la regularización, el Gobierno sostiene que su situación es diferente. Argumenta que no pueden acogerse a esta medida porque “ya están protegidos por el Estatuto de los Apátridas” y que no se encuentran en situación de irregularidad, por lo que no corresponde aplicarles el mismo procedimiento.

Casi todas las personas que carecen de nacionalidad en España son saharauis, por lo que desde la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sahara) han rechazado esta exclusión del proceso. CEAS-Sahara condena “enérgicamente” que los apátridas se queden fuera de la regularización extraordinaria del Gobierno.

“Carece de total sentido y coherencia alegar una hipotética situación de ‘regularidad’ de las personas solicitantes del reconocimiento del estatuto de apátrida mientras no se les permite trabajar durante la tramitación del procedimiento por no tener autorización de residencia y trabajo concedida”, critica en un comunicado la Coordinadora. La organización ha llamado a entidades, colectivos y organizaciones dedicadas a los derechos humanos y las migraciones a unirse al manifiesto de protesta contra la decisión del Gobierno, con el fin de visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que quedan las personas apátridas.

En un primer momento, el borrador de la regularización contemplaba a los solicitantes de apatridia como beneficiarios de la medida. Sin embargo, tras las recomendaciones del Consejo de Estado, que advirtió que su inclusión “podría generar confusión”, el texto fue modificado y finalmente este colectivo quedó excluido.

Solicitudes de forma presencial, a partir de este lunes 20

Después de el 16 de abril comenzara el proceso de regularización, a través de la vía telemática, este lunes 20 empieza el plazo para hacer la solicitud de forma presencial, siempre con cita previa. Los trámites se podrán realizar en cualquiera de las 400 oficinas disponibles en todo el territorio, 30 de la Seguridad Social que estarán abiertas de lunes a viernes de 16.00 a 19.00 horas, y otras 371 de Correos, que estarán disponibles tanto en capitales de provincia como en municipios con más de 50.000 habitantes en horario de 8.30 a 17.30 horas de lunes a viernes.

Las solicitudes también se podrán presentar en cinco oficinas de Extranjería en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia en horario de 16.00 a 19.00 horas.