Los seis años de lucha de los colectivos de migrantes para lograr la regularización: “Ayudará a reconstruir la vida de miles de personas”

El camino hasta lograr la nueva regularización extraordinaria de migrantes, aprobada este martes por el Consejo de Ministros y que es ya la séptima de este tipo desde la llegada de la democracia en España, no ha sido sencillo. El proceso ha salido adelante tras largas negociaciones políticas después de que el PSOE y Podemos alcanzaran un acuerdo en enero pasado, pero, sobre todo, gracias al incansable trabajo de los colectivos de migrantes. Integrados en la plataforma Regularización Ya, su lucha comenzó hace seis años, el 12 de abril de 2020, cuando presentaron una carta al Gobierno para exigir “una regularización amplia, permanente y sin condiciones, dirigida a unas 500.000 personas que se encontraban en situación irregular durante la pandemia, sin acceso a derechos básicos”.

El Real Decreto aprobado por el Gobierno permitirá a las personas migrantes que ya residían en el país obtener un permiso de residencia y trabajo, reduciendo así la precariedad y los riesgos de explotación asociados a la situación administrativa irregular. El proceso ofrece mayores garantías y protección, y representa un paso importante para abandonar la clandestinidad y mejorar las condiciones de vida de más de medio millón de personas en el país.

“Han sido seis años de lucha continua en los que hemos atravesado diferentes procesos, como la presentación de propuestas, el impulso de una Proposición No de Ley y la recogida de 700.000 firmas en 2022 para avalar una iniciativa legislativa popular, que después quedó bloqueada por la falta de consenso político. Hemos comparecido dos veces ante el Congreso, en la Comisión de Trabajo, Migración y Asuntos Sociales, en 2023 y 2024, y finalmente retomamos el diálogo con el Gobierno para la aprobación de un real decreto, que fue nuestra demanda inicial", explica a Infobae la activista Edith Espínola, una de las portavoces de Regularización Ya.

Publicación en el BOE

La plataforma celebra la aprobación de la medida, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este 15 de abril y entrará en vigor a partir del 16, aunque también muestran preocupación por las personas que puedan quedar fuera del proceso. “Sentimos alegría por el avance, pero nos preguntamos cómo podremos apoyar a quienes no logren regularizar su situación, si llega ese momento”, añade Espínola.

El movimiento llama la atención sobre el endurecimiento de las políticas y controles migratorios tanto en España como en la Unión Europea en este último tiempo y señala las dificultades para proteger los derechos de las personas migrantes ante una visión “centrada en la seguridad, el miedo y la exclusión, presente en buena parte del discurso político y social, y vinculada a mensajes de odio y xenofobia”.

“Ha valido la pena”

Pero a pesar de las dificultades de estos años, Espínola considera que la lucha por los derechos de las personas migrantes “ha valido la pena”. “El esfuerzo colectivo, las horas de reunión, las emociones compartidas, se reflejan ahora en la esperanza de quienes podrán presentar su solicitud de regularización y empezar a reconstruir sus vidas”, sostiene. “La lucha migrante y antirracista demuestra que, cuando se actúa en comunidad y se ponen los derechos humanos en el centro, siempre hay motivos para seguir adelante”, añade.

El proceso de regularización exige a los migrantes acreditar al menos cinco meses de residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales. Además del empadronamiento, las personas migrantes tendrán la posibilidad de acreditar su residencia continuada en el país mediante otros documentos, como facturas de suministros, informes médicos o comprobantes de servicios municipales.

Tras las recomendaciones que la semana pasada planteó el Consejo de Estado, los requisitos para conseguir el certificado de antecedentes penales se endurecen, de forma que no bastará con una simple declaración del solicitante, de forma que deberán presentar un documento expedido por su país de origen. Sin embargo, el Gobierno también ayudará a que el mayor número de personas pueda conseguir ese certificado.

La norma establece que las personas migrantes tendrán un mes para presentar el certificado de antecedentes, pero si no lo consiguen en ese plazo, el Ejecutivo lo solicitará por vía diplomática durante un periodo de tres meses. Si después de ese plazo el certificado no ha llegado, la persona interesada dispondrá de 15 días adicionales para intentar obtenerlo por su cuenta. Si no logra presentar el documento en ese tiempo, no podrá acceder al proceso de regularización.

También podrán acogerse al proceso aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, pero para ello tendrán que justificarlo. Los servicios sociales pueden emitir informes de vulnerabilidad, pero solo para personas empadronadas. Si el solicitante no está empadronado, podrá solicitar el informe a organizaciones sociales inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, que según ha explicado la ministra Elma Saiz son unas 200 en todo el país. El Gobierno, igualmente, publicará el listado de estas entidades para orientar a los solicitantes, aunque algunas organizaciones ya han advertido de la posible sobrecarga administrativa que puede generar este proceso. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de junio.