El Gobierno reforzará con 600 funcionarios la regularización de migrantes para evitar colapsos: “Extranjería no tendrá más carga de trabajo”

La regularización de migrantes, aprobada este martes por el Gobierno con el objetivo de “atender una realidad” que afecta a miles de personas que ya viven y trabajan en el país, permitirá acceder a un permiso de residencia y trabajo, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Aquellas personas que quieran acogerse al proceso deberán demostrar que llegaron a España antes del 31 de diciembre de 2025 y acreditar al menos cinco meses de residencia continuada, además de carecer de antecedentes penales.

Para garantizar la eficacia del proceso, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguran que se reforzará la capacidad administrativa. El plan contempla la incorporación de 400 empleados del ministerio a la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), que depende de la Dirección General de Migraciones, sumándose a los 200 que ya integran la plantilla habitual, por lo que serán un total de 600 trabajadores. Con esta medida, el Ejecutivo busca acelerar la gestión y resolución de las solicitudes.

La Administración General del Estado, destacan fuentes ministeriales, cuenta con experiencia en procesos de regularización, ya que este es el séptimo que se pone en marcha desde la llegada de la democracia al país. La diferencia en esta ocasión es el alto volumen de expedientes que deben resolverse en un plazo reducido, desde el 16 de abril y hasta el 30 de junio. Por ello, añaden, la gestión estará a cargo de la UTEX, reforzada con personal adicional del propio ministerio, con el objetivo de “admitir las solicitudes en un máximo de quince días y facilitar que las personas puedan acceder al trabajo lo antes posible”.

Desde el ministerio también aclaran que la gestión de los procedimientos ordinarios de extranjería continuará en las oficinas habituales, que “no recibirán carga de trabajo adicional por la regularización extraordinaria”. Esto permitirá que se concentren en los expedientes ya iniciados y se eviten retrasos o diferencias en la atención respecto a quienes inicien el nuevo trámite, aseguran.

Se habilitarán oficinas de la Seguridad Social y de Correos

Así, las solicitudes podrán presentarse de forma online a partir del 16 de abril -un día después de que se publique el real decreto en el Boletín Oficial del Estado- para lo que es necesario disponer de certificado electrónico o hacerlo a través de profesionales habilitados o de entidades sociales inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, que son alrededor de 200 en todo el territorio.

El proceso contará con cinco Oficinas de Extranjería ubicadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia, disponibles de 16 a 19 horas. Además, se habilitarán 60 oficinas de la Seguridad Social en el mismo horario y 371 oficinas de Correos en capitales de provincia o municipios con más de 50.000 habitantes, con atención de lunes a viernes entre las 8:30 y las 17:30 horas. Los lugares, de hecho, donde más afluencia de personas se espera es en las capitales de provincia, han indicado fuentes del ministerio.

Pese a ese plan de refuerzo, el sindicato CCOO ha convocado una huelga indefinida en las oficinas de Extranjería a partir del 21 de abril, con el objetivo de denunciar la situación que atraviesan sus trabajadores, dependientes del Ministerio de Política Territorial, por la creciente carga de trabajo a la que hacen frente desde hace años. Por su parte, el sindicato CSIF ha denunciado la falta de personal en Correos y de formación para abordar el proceso.

250.000 solicitantes de asilo más otros 250.000 en situación irregular

El Gobierno estima que se beneficiarán de la regularización extraordinaria unos 250.000 solicitantes de asilo (han iniciado su procedimiento de protección internacional pero aún no está resuelto) y otras 250.000 personas más que se encuentran en situación administrativa irregular, que lo harán a través de arraigos. En cuanto al origen de quienes se podrán beneficiar de la regularización, “serán principalmente de países latinoamericanos y de Marruecos”.

Antecedentes penales e informes de vulnerabilidad

Para acreditar la ausencia de antecedentes penales, los solicitantes deben presentar un certificado expedido por su país de origen. Si no logran obtenerlo en un mes, el Gobierno español lo solicitará por vía diplomática durante tres meses. Si el documento no llega, la persona tendrá 15 días más para gestionarlo por su cuenta. La falta de este certificado impedirá acceder a la regularización.

También pueden acogerse a la regularización si cumplen uno de los siguientes tres supuestos: haber trabajado con contrato legal por cuenta ajena o propia en España; contar con una unidad familiar compuesta por hijos menores de edad, mayores con discapacidad o ascendientes de primer grado; o acreditar su situación de vulnerabilidad.

Aunque los informes de vulnerabilidad solo pueden ser emitidos por servicios sociales a las personas que estén empadronadas, quienes no dispongan del padrón, podrán solicitarlos a las organizaciones sociales inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, cuya lista será publicada por el Gobierno.

Fuentes ministeriales aseguran que esta nueva regularización “nace de la responsabilidad institucional” para afrontar una realidad que existe en España, pero que “impide avanzar a muchas personas atrapadas en situaciones administrativas irregulares, lo que también impide al país avanzar en todo su potencial”. También recuerdan que cada caso se analizará de forma individual, con “controles estrictos para garantizar también la seguridad pública”.