La vida entre controles policiales y mudanzas de Lina, migrante colombiana que espera la regularización: “He vivido situaciones muy feas”

Desde que Lina llegó de Colombia hace dos años y medio, su vida ha estado marcada por la precariedad y la incertidumbre. Su día a día en Barcelona transcurre entre varios trabajos y el cuidado de su hija pequeña, pero sobre todo bajo la preocupación constante de vivir en situación administrativa irregular, como les sucede a otras muchas personas migrantes en España. Sin permiso de residencia y trabajo, Lina solo ha optado a empleos informales sin poder cotizar y ha tenido que mudarse siete veces, ya que sin contrato de alquiler las opciones para conseguir vivienda son muy limitadas. Durante este tiempo, el miedo a ser expulsada del país también ha sido constante.

Lina espera que la regularización extraordinaria de migrantes, anunciada por el Gobierno en enero tras el acuerdo entre PSOE y Podemos y aún pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado, se haga efectiva este mes de abril. Confía en que esta medida le permita dejar atrás la clandestinidad, aunque advierte que no podrá sentirse segura hasta tener el documento que lo acredite. “Para mí esto no va a cambiar hasta que tenga un papel que diga ‘en trámite’, porque mañana mismo podrían detenerme y expulsarme del país”, cuenta a Infobae, y asegura que, si la regularización sale adelante, es gracias al intenso trabajo que han desarrollado durante los últimos seis años los propios colectivos de migrantes.

Esta socióloga de 34 años llegó a Barcelona con la intención de cursar un doctorado, después de haber realizado una maestría en México. Sin embargo, no pudo iniciar el programa porque no obtuvo la titulación necesaria a tiempo para completar los trámites de extranjería, un proceso que el sistema solo le permitió gestionar durante los primeros tres meses tras su llegada. Más adelante supo que, en algunos casos, se otorga hasta un año para presentar la documentación, pero en su caso no recibió esa prórroga. Ya instalada en la ciudad y con su hija a cargo, decidió permanecer en España, aunque implicara quedarse en situación irregular.

“Ya nos habíamos mudado, con todo lo que supone un cambio tan grande, así que decidimos quedarnos”, explica. Señala que estos dos años y medio han sido especialmente difíciles por el miedo constante a la deportación, un temor que se ha intensificado ante el aumento de controles, identificaciones y operativos policiales con tintes racistas, tal y como han denunciado más de 400 organizaciones sociales en España. “En el último año, los controles policiales han aumentado de forma impresionante, sobre todo en el metro. En ese sentido, también he tenido que preparar a mi hija para explicarle que, al ser menor de edad, no le pueden pedir ninguna documentación, aunque el miedo siempre está ahí”, relata, por eso para evitar riesgos procura desplazarse en coche acompañada de amigos.

El acceso a la vivienda, el mayor obstáculo

Sin embargo, para Lina el mayor problema ha sido el acceso a la vivienda y, si no llega a ser por la ayuda que le han brindado desde el colectivo Mujeres Migrantes Diversas, los obstáculos se habrían multiplicado. “He vivido situaciones muy feas, llegando a quedarme en la calle de la noche a la mañana porque nos echaron de un piso. En estos dos años y medio nos hemos mudado siete veces”, explica. “Si el acceso a la vivienda ya es complicado para cualquier persona, imagina cuando eres migrante y sin papeles, que ni siquiera puedes firmar un contrato, y peor aún cuando tienes hijos. Eres la escala más baja".

Durante este tiempo, Lina y su hija solo han tenido la posibilidad de alquilar habitaciones de manera informal, en ocasiones compartidas con otras personas. Ahora, cuenta aliviada, gracias a una compañera activista que le ha alquilado dos habitaciones a un precio accesible, por primera vez desde que llegó a España puede disfrutar de un espacio propio y sentir la tranquilidad de que no la desalojarán de forma repentina.

En el ámbito laboral, Lina ha trabajado sobre todo en el cuidado de niños y en tareas de limpieza. Solo después de un año y medio consiguió mejorar sus condiciones, algo poco frecuente entre quienes viven en situación irregular y temen reclamar derechos. De cara al futuro, una vez que la regularización sea una realidad, le gustaría orientar su trabajo a acompañar y ayudar a otras personas migrantes.

“Oportunidad histórica”

Desde la plataforma Regularización Ya, el colectivo que impulsó esta iniciativa, también confían en que el texto definitivo del proceso se publique antes del 15 de abril y que, ante esta demora, se articulen desde el Gobierno “todos los medios necesarios para garantizar que ninguna persona quede fuera de esta oportunidad histórica“. “Esperamos que se respete el acuerdo inicial y las condiciones flexibles para que las personas más vulnerables accedan a derechos. La gente no puede seguir en la precariedad, condenada a la irregularidad por la burocracia del Estado”, recordó hace unos días en conversación con este periódico la activista Victoria Columba, una de las portavoces de esta plataforma.

Por su parte, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han aclarado que el proceso “sigue su curso” y que la medida se pondrá en marcha en las primeras semanas de abril, una vez finalizados los trámites administrativos. La puesta en marcha depende de informes obligatorios, como el del Consejo de Estado, que todavía no se ha emitido.

Esta regularización extraordinaria se aplicará a quienes acrediten haber residido en España antes del 31 de diciembre de 2025, con un mínimo de cinco meses de estancia y sin antecedentes penales. Se trata del sexto proceso de regularización de migrantes en España desde los años 80. Cuatro de ellos se realizaron bajo gobiernos del PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005) y dos durante mandatos del PP (2000 y 2001). La última regularización extraordinaria se llevó a cabo en 2005, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente, y permitió a más de 576.000 personas obtener la residencia legal.