La realidad descrita por las denunciantes de Julio Iglesias también ocurre en muchas casas de España: “Te tocan las tetas, te piden favores sexuales, estás totalmente expuesta”

La denuncia presentada por dos mujeres contra el cantante Julio Iglesias, al que acusan de delitos sexuales, explotación laboral y trata de seres humanos cuando trabajaban como internas en las mansiones del cantante en el Caribe en 2021, no sorprende entre las asociaciones de mujeres migrantes en España. Muchas de ellas trabajan en el servicio doméstico y en el cuidado de personas mayores, un sector marcado por la precariedad y la feminización, donde los abusos, explican, son tan habituales como el miedo a hablar y perder el sustento económico.

“La violencia sexual y el acoso laboral [al que se enfrentan las empleadas del hogar] es constante mientras trabajan y está totalmente normalizado. Duele decir que muchas compañeras tienen que estar sacándose las manos de encima del empleador, de hombres que vienen y te tocan las tetas, te aprietan el culo o que directamente te dicen: ‘Mira, yo te contraté para que limpies, pero también tienes que ayudarme a mí’, y el ayudarme a mí es hacer todo lo que ellos quieren”, cuenta a Infobae España Edith Espínola, portavoz de la organización SEDOAC (Servicio Doméstico Activo).

Según los datos del Ministerio de Trabajo, en España más del 95% el colectivo de personas empleadas en el servicio doméstico está formado por mujeres y el 45% de ellas son migrantes. La mayoría tienen entre 40 y 50 años y trabajan, sobre todo, en Madrid y Cataluña. En el sistema especial de empleadas de hogar hay 348.000 mujeres afiliadas y el 69% tiene origen extranjero o doble nacionalidad. Cerca de 38.000, de acuerdo a la información del departamento que dirige Yolanda Díaz, trabajan como internas, “muchas de ellas sin un horario claro ni intimidad”, y su salario medio ronda los 1.014 euros al mes.

Los riesgos de sufrir abusos son aún mayores para las mujeres migrantes que se encuentran en situación administrativa irregular, pues la dependencia económica y la amenaza constante de ser expulsadas del país refuerzan su silencio y aislamiento. En el caso de las trabajadoras internas perder el empleo implica también quedarse sin un lugar donde vivir, lo que las obliga en muchos casos a aceptar las condiciones abusivas impuestas por sus empleadores. Según relatan las asociaciones, en muchas ocasiones las cuidadoras reciben propuestas o chantajes de los hombres mayores que cuidan, que aprovechan su vulnerabilidad y necesidad económica.

Y es que a pesar de los avances sociales, indica a este periódico Paula Santos, coordinadora de la asociación Mujeres Migrantes Diversas, los abusos sexuales "siguen siendo un tema tabú en este ámbito laboral", pues muchas empleadas del hogar y cuidadoras “tienen miedo a ser estigmatizadas, cuando en realidad se trata de una vulneración de derechos laborales y humanos”, añade. “Aquí solo somos un número. Si no cumples con las cosas que los empleadores creen que tenemos que hacer, aunque no nos correspondan, te despiden sin más”.

La Ley de Extranjería “no ayuda”

Santos también recuerda que la Ley de Extranjería en España exige que las personas migrantes que quieren trabajar como empleadas de hogar obtengan primero una autorización de residencia y trabajo. Sin embargo, este permiso solo se concede si la persona ya ha residido en el país durante al menos tres años en situación irregular y cuenta con un contrato de trabajo previo, condición que impide que las trabajadoras migrantes recién llegadas formalicen un contrato laboral desde el inicio de su estancia. En consecuencia, muchas se ven obligadas a trabajar sin papeles, lo que las expone a la explotación laboral, salarios por debajo del mínimo, jornadas excesivas, ausencia de protección social y dificultades para denunciar abusos.

Algunos empleadores “piden favores sexuales”

En la organización SEDOAC, señala Espínola, reciben numerosos testimonios de mujeres que cuidan a personas mayores que "han presenciado masturbaciones o recibido solicitudes de favores sexuales" por parte de hombres en situación de dependencia. “Estás totalmente expuesta. Es un empleo donde nuestro cuerpo pasa a ser un objeto, porque trabajamos con nuestro cuerpo, y eso también repercute en la salud mental, en la autoestima”, afirma la activista, ya que “son las víctimas quienes sienten vergüenza” y, en muchos casos no tienen cómo demostrar lo que sucede porque se encuentran solas.

En España, apunta Espínola, además de producirse abusos como los que han denunciando las exempleadas de Julio Iglesias -que relataron a elDiario.es y Univisión haber sido víctimas de agresiones, acoso sexual y vejaciones-, también se han producido casos aún más graves. Entre ellos, figura el crimen de Teresa Jesús González, una auxiliar de ayuda a domicilio que fue asesinada en Galicia el 29 de julio de 2025 tras denunciar ese mismo día acoso sexual por parte del marido de la mujer a la que cuidaba. El hombre tenía 73 años.

“Esto no está pasando en otro país, sino aquí, y le pasó a una mujer española después de comunicar a su empresa que sufría acoso sexual en la casa donde trabajaba”, aclara Espínola.

Reclaman un mecanismo seguro para poder denunciar

Para evitar estos casos y ante la falta de inspecciones en los hogares, la activista subraya que es fundamental contar con un protocolo específico contra la violencia y el acoso en el trabajo doméstico. Aunque el real decreto aprobado por el Gobierno en septiembre de 2024 amplía la protección de las empleadas del hogar, las nuevas obligaciones para los empleadores solo se aplican desde noviembre de 2025, coincidiendo con la puesta en marcha de una herramienta gratuita para evaluar y reducir los riesgos laborales en el domicilio. Ante situaciones de violencia o acoso, la normativa establece que si la trabajadora abandona la vivienda, esto no podrá considerarse una dimisión ni motivo de despido, pero no ofrece protocolos más específicos.

España, apunta Espínola, también ratificó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre violencia y acoso en el trabajo, que entró en vigor en mayo de 2023, pero tampoco ha supuesto cambios significativos para las trabajadoras del hogar.

“Necesitamos una campaña de sensibilización, protección y reparación para todas las mujeres que denuncian este tipo de violencia. Debe existir un mecanismo seguro, no solo un teléfono, sino un espacio al que poder acudir sin miedo para presentar una denuncia y recibir acompañamiento. Contar lo que te ha pasado es extremadamente difícil, y en este sector también existen casos de violencia sexual y violación. Por eso es urgente que el Estado garantice rutas específicas, seguras y accesibles para todas”, concluye.

Ambas activistas confían en que el caso de Julio Iglesias ayude a visibilizar una realidad que tantas veces permanece oculta en el sector del trabajo doméstico y los cuidados, pues consideran que la repercusión mediática de este tipo de denuncias puede animar a otras mujeres que han sufrido abusos sexuales, acoso o situaciones de trata a romper el silencio y buscar apoyo.

Testigos protegidas

De momento, la Fiscalía de la Audiencia Nacional española ha acordado tomar declaración como testigos protegidas a las dos mujeres que han denunciado al cantante, debido a su situación de especial vulnerabilidad socioeconómica y al poder e influencia del denunciado, según han informado las responsables jurídicas de Women’s Link, la asociación internacional que las acompaña.

La Fiscalía ya ha incoado diligencias de investigación penal de carácter preprocesal, que tienen carácter reservado y cuyo objetivo es determinar si los hechos denunciados tienen entidad suficiente para dar lugar a un procedimiento penal ante la Audiencia Nacional. El Ministerio Público ha indicado que no facilitará más detalles “en aras de la protección prioritaria de las presuntas víctimas”.