Las mujeres que denunciaron a Julio Iglesias por abuso sexual revelan que el cantante les impuso hacerse pruebas de VIH y embarazo: “No era normal”

Las denuncias por presunto abuso sexual y trato discriminatorio contra Julio Iglesias por parte de dos extrabajadoras de las mansiones que el cantante tiene en el Caribe avanzan con nuevos hallazgos que incrementan la gravedad del caso. Según una investigación liderada por elDiario.es y Univisión publicada este martes, las exempleadas aseguran haber sufrido agresiones sexuales, acoso y abuso de poder mientras desempeñaban su trabajo en régimen interno en las residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas, en 2021. Tras la denuncia presentada el pasado 5 de enero por ambas mujeres en España, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación contra Iglesias, mientras este miércoles se han conocido nuevos detalles del caso.

Documentación médica a la que ha accedido elDiario.es muestra cómo las trabajadoras domésticas fueron sometidas a pruebas de VIH, hepatitis, clamidia y embarazo, bajo la especialidad de ginecología, unos exámenes a los que solo se sometía al personal femenino. Las empleadas señalan además que estas pruebas, ajenas a su labor doméstica, se realizaban sin consentimiento informado y bajo la amenaza tácita de perder el empleo.

Las mujeres también han descrito procedimientos que incluyeron ecografías pélvicas y análisis de embarazo, en un contexto marcado por la discriminación y la vulneración de derechos.

Rebeca, nombre ficticio de la exempleada, relata: “Él nos mandó a las chicas al ginecólogo y hacernos examen general. Había 10 o 12 chicas. Allí nos hicieron todo, el ginecólogo nos chequeó todo. Solo a las chicas”. Carolina -nombre que también oculta la verdadera identidad de la exempleada- confirma por su parte: “Ellos nos mandaron al médico, a todas. Me hicieron pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Nos hicieron ecografías y pruebas de sangre para ver si teníamos algún tipo de enfermedad. No me pareció normal”. En ese sentido, Carolina asegura que nunca había pasado por un examen médico similar en otras mansiones, aunque sí controles de drogas y VIH para ser contratada en otra villa.

Pruebas médicas “discriminatorias”

El medio español también explica en su investigación que los controles médicos no se realizaban antes de la contratación, sino durante el periodo laboral. Ninguna de las mujeres pagó por las pruebas y todas fueron atendidas por el mismo médico. Las mujeres también cuentan que, aunque nadie les dijo explícitamente que esas pruebas eran obligatorias, entendieron que formaba parte de trabajar en la villa: “No dijeron exactamente la palabra obligatoria, pero si estábamos trabajando allí… Nadie dijo que no. Eso era todo así en la casa”, añade Rebeca.

Sobre este asunto, fuentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) explican que estas pruebas médicas son discriminatorias. “Las pruebas ginecológicas y los test de embarazo sin motivo suponen discriminación por razón de sexo tanto en la contratación como en el periodo de trabajo, pues solo se hacen a las mujeres”, han afirmado, según relata la investigación. Además, la legislación dominicana sanciona a los empleadores que realicen pruebas de VIH a sus trabajadores.

Las presuntas víctimas de abusos sexuales, que han contado con el respaldo de la organización internacional Women’s Link para denunciar el caso, permanecieron en silencio durante años debido al temor y la presión que genera la figura pública y el poder del cantante. Sin embargo, aclaran que han decidido hacer públicos sus relatos y denunciar con el objetivo de animar a hablar a otras víctimas de Iglesias. “Yo creo que el impacto de que nosotras acudamos a la justicia es enviar ese mensaje a todas las víctimas de esta persona, de Julio Iglesias, a que hablen y que crean en la justicia. Que entiendan que no fue algo que les pasó a ellas nada más. Esto es algo que esta persona viene haciendo desde hace muchos años”, aseguran.

Impacto en el ámbito político

El escándalo generado por las denuncias de abusos sexuales contra el cantante ha tenido un fuerte impacto no solo en la opinión pública, sino también en el ámbito institucional, de forma que el Gobierno de España analiza la posibilidad de retirar al cantante la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, uno de los mayores reconocimientos culturales del país.

El caso también ha tenido repercusiones en el ámbito político con diferentes reacciones de los partidos. Mientras algunas formaciones de izquierda como Más Madrid han expresado su “condena rotunda y apoyo inmediato a las víctimas” y que se le retiren los honores concedidos al cantante, tanto el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (ambos del Partido Popular), descartan retirarle los títulos institucionales.

“Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda”, ha indicado Ayuso en la red social X tras la petición de Más Madrid de retirarle la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, que le fue concedida en 2018. Por su parte, la ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, ha pedido a la dirigente madrileña que “se ubique”: “Mezcla frívolamente temas muy serios y cuestiones que no son comparables. Creo que lo único que pretende es un protagonismo que, en este caso, tienen que tener las víctimas”, ha señalado la ministra.