Radiografía de un fin de año marcado por el ‘Me Too’ en la política española: 11 denuncias, 3 acusados y 2 condenas

Veinticinco años después del caso de Nevenka Fernández, las acusaciones de acoso sexual a políticos españoles aumentan sin precedentes, con el Partido Socialista (PSOE) como el principal señalado. Cinco denuncias, una condena y cuatro acusados por comportamientos machistas se ceban con los socialistas en un final de año que recuerda a esa Ponferrada de principios de los 2000.

El año que ahora termina tampoco a excluido al resto de formaciones en sus actitudes retrógradas. El Partido Popular (PP) acumula tres denuncias elevadas a órganos judiciales por acoso y agresión sexual, dos de ellas emitidas por menores, y una causa archivada. Por su parte, Vox suma dos denuncias, una por canales internos y otra en Fiscalía. La formación de ultraderecha también cuenta con una condena por abuso sexual a una menor de 16 años.

Por su parte, Junts per Catalunya destaca por la denuncia en la Eurocámara de un exdiputado en Bruselas; mientras Esqerra Republicana de Catalunya posee a su líder del partido en la Comunitat Valenciana sumido en procesos penales por acoso sexual a una exsecretaria de organización.

Casos cerrados este 2025: condenas para Vox y el PSOE y causas archivadas para Podemos y el PP

Además de los casos que han estallado este 2025, también se ha puesto punto y final a algunas causas abiertas de antemano por la misma lacra que azota la política española: el acoso y la agresión sexual. En enero, la Audiencia Provincial de Almería condenaba a Arturo Ramón Torres Escamilla, exportavoz de Vox en el Ayuntamiento de Huércal, Almería, por dos delitos de agresión sexual contra una menor. El exconcejal abusó de la joven, con 16 años por aquel entonces, en su cortijo y bajo los efectos del cannabis.

Por los hehcos continuados entre 2019 y 2021, le imponen a Torres nueve años de prisión, además de 21 alejado de la víctima y sin ejercer actividades profesionales con menores. También deberá someterse a 18 años de libertad vigilada y el pago de una indemnización de 25.000 euros por daños morales.

Este noviembre pasado, la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria ratificaba la condena a Pablo Quintero, jefe de gabinete del alcalde Augusto Hidalgo, del PSOE, durante su mandato entre 2015 y 2023. Quintero fue destituido en noviembre de 2022, cuando se conocieron los hechos ahora probados.

Las acusaciones de una periodista, como relata eldiario.es, incluían “insinuaciones de índole afectiva, proposiciones y comportamientos de intimidad física”, así como comentarios reiterados sobre su aspecto. Por ello, Quintero enfrenta una condena de cinco meses y 29 días de prisión, además del pago de 20.000 euros a modo de indemnización por acoso sexual a una subordinada.

Mientras que a dos semanas de finalizar el año, la Fiscalía se pronunciaba en el ‘caso Errejón’, uno de los que más titulares ha dado este 2025: el órgano judicial no acusará al exfundador de Podemos y pide que se archive su caso. Del mismo modo, el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol archivaba la causa contra Alfonso Villares, exconselleiro de Mar en la Xunta de Alfonso Rueda (PP), tras ser acusado por la presentadora de televisión Paloma Lago.

Las denuncias a socialistas: Salazar como el detonante al que le siguen cuatro dirigentes

El nombre de Francisco Salazar empezó a sonar con fuerza en Moncloa durante el mes de junio, como alternativa a Santos Cerdán. A las puertas de la imputación del secretario de Organización del PSOE por su implicación en la trama de corrupción vinculada a Ábalos y Koldo, el sevillano fue nombrado como adjunto a la secretaría de Organización del partido, la cual acabó en manos de Rebeca Torró el 4 de julio.

Un día después de la reestructuración en el PSOE federal, eldiario.es publicaba la que sería la primera, pero no la última acusación de acoso sexual sobre un dirigente del Partido Socialista en activo. Salazar fue tildado entonces de actitudes “babosas” por una subordinada cuando este se encontraba en Moncloa. Dos mujeres más, una voluntaria de 25 años que participó en las primarias de 2017 y otra mujer de su equipo en Moncloa, corroboraron el presunto acoso sexual y laboral sufrido por parte del dirigente socialista. Ante dichas acusaciones, Salazar afirmó al medio digital lo siguiente: “No paro de pensar a ver si la he cagado y le he dicho algo inconveniente a una compañera y la verdad es que no lo encuentro”.

El mismo día que eldiario.es reveló las acusaciones, Salazar renunció a formar parte de la directiva del PSOE y solicitó que se investigase su caso, aunque negó los hechos. Cinco meses después, y tras publicarse nuevas informaciones sobre el funcionamiento de los canales internos del PSOE para denunciar este tipo de actuaciones, el partido contactó con las denunciantes. Ambas denuncias se tramitaron vía interna el 8 y 28 de julio de este año, no obstante, la formación política no las ha elevado a la Fiscalía, ya que “el PSOE no es un sustitutivo de la Justicia”, sentenció María Jesús Montero al respecto.

De Madrid a Torremolinos. El siguiente en caer (de pie) era Antonio Navarro, concejal y diputado provincial en Málaga, cargos que mantiene a día de hoy, pese a estar ausente en los plenos de ambos organismos desde que se conoció la denuncia por acoso sexual. Navarro también contaba con cargos orgánicos como el de secretario general del PSOE de Torremolinos, puesto del que ha sido cesado tras conocerse la acusación. Además, el Partido Socialista le ha suspendido, cautelarmente, de militancia mientras se investigan los hechos.

La tarde del 3 de diciembre, Diario Sur publicó que una militante del PSOE en Málaga había denunciado al edil por el envío de decenas de mensajes e insinuaciones insistentes entre septiembre y diciembre de 2021. Algunos de los comentarios son “¿Ese escote lo has tenido siempre?" o “aunque te pusieras cuello vuelto, ibas a estar igual de buena”.

La denuncia se tramitó por canales internos de la formación política el 8 de junio de este año y, ante la falta de acción del partido, volvió a interponer el recurso el 14 de octubre. Pasó un mes, y el 10 de noviembre, la militante acudió a la Fiscalía Provincial de Málaga, en la que la sección de Violencia sobre la Mujer ha tomado las riendas de lo sucedido. Pese a ello, Navarro niega el acoso sexual a su compañera de partido.

En un recorrido por la geografía española entre acusaciones de acoso sexual, el 10 de diciembre era el turno de Galicia. Se conoció entonces la denuncia en canales internos del partido que se había formalizado el 8 del mismo mes hacia José Tomé, alcalde de Monforte de Lemos, diputado provincial y ya expresidente en la Diputación de Lugo. Los hechos se dieron a conocer en una rueda de prensa que concedió el primer edil. En ella, Tomé afirmó que las acusaciones de proferir comentarios inapropiados, ofrecer ascensos a cambio de sexo y protagonizar acercamientos no deseados eran “falsas” y adoptará “acciones legales” al respecto.

Pese a la urgencia en quitarse de en medio por “responsabilidad” como presidente provincial, según admitió, permanece a la cabeza del Consistorio y continúa como diputado en Lugo. De este modo, mantiene la condición de aforado ante el Tribunal Superior de Justicia gallego, el único con competencias para juzgarle si las denuncias pasan del canal interno del PSOE a los tribunales.

Tras conocerse la denuncia anónima, el líder del PSdeG-PSOE y el superior de Tomé, José Ramón Gómez Besteiro, rompió su silencio: “No miramos para otro lado”. No obstante, las denunciantes a las que dio voz el canal de televisión ‘Cuatro’, un total de seis, aseguraron que expresaron sus quejas sobre Tomé a Besteiro, a la secretaria de Organización, Lara Méndez, y a la dirigente del partido en Lugo, Pilar García.

Los tres aludidos lo negaron durante 24 horas más, pero el 12 de diciembre, llegaba la primera dimisión colateral. La secretaria de Igualdad del PSdeG, Silvia Fraga, dimitía “por dignidad” y Besteiro admitía que conocía la denuncia contra Tomé desde octubre, igual que Méndez y García, por una tercera persona. Frente a la deficiente gestión, el socialismo en Galicia ha firmado un manifiesto con unos 400 apoyos en contra del acoso y en apoyo a Fraga.

El mismo día que el PSOE dio por finiquitado el ‘caso Salazar’ (12 de diciembre), eldiario.es publicaba otra investigación por acoso sexual y laboral a un dirigente del partido. En este caso, el epicentro se trasladaba a Almussafes, Valencia, y el acusado es el alcalde del municipio, Toni González, y el ya exvicesecretario del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia.

La denunciante, una subordinada en el Ayuntamiento, interpuso dos denuncias a través del canal Antiacoso y en el Departamento de Cumplimiento de Normativa. En un primer lugar, en el mes de octubre, la denuncia fue laboral, tal y como informó el diario Levante, y, posteriormente, se sumó otra por acoso sexual.

Por su parte, el denunciado, mano derecha del secretario general del PSPV-PSOE, Carlos Fernández Bielsa, niega las acusaciones y las achaca a rencillas laborales: “Tendrá que probar por qué lleva amenazando desde hace un año con que va a presentar diferentes denuncias y por qué había pedido que se le pasara del convenio de limpieza al convenio del metal, que son 400 euros más, y que se aprobase un convenio que pudiera mejorar el salario que cobra”.

En estas palabras a eldiario.es, González desacreditó a la mujer al afirmar que es la misma que ha interpuesto una denuncia a la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) por presuntas irregularidades en la contratación y en la Empresa Municipal de Servicios Públicos (EMPSA). Más allá de pronunciarse contra quien ha formalizado una denuncia interna hacia su persona, González también acusó al portavoz del PSPV y alcalde de Cullera, Jordi Mayor, “de estar detrás de todo este asunto”. Su antipatía se debe a que Mayor estaba en la candidatura de Robert Raga, alcalde de Riba-Roja, para liderar el partido provincial. El vencedor acabó siendo Bielsa, a quien González respaldó.

A penas una semana después que su conciudadano José Tomé fuese acusado de acoso sexual, una concejala socialista del Ayuntamiento de Barbadás, Ourense, denunciaba a Xosé Carlos Valcárcel por lo mismo. El alcalde del municipio y diputado provincial se daba de baja como militante del PSOE horas más tarde que se diese a conocer la noticia ese 16 de diciembre, pero se negaba a dimitir de sus cargos institucionales.

Durante esa semana, Besteiro instó al edil a abandonar sus funciones municipales, sin éxito. Por su parte, cinco de sus seis compañeras de partido en el Ayuntamiento abandonaron el pasado 20 de diciembre a Valcárcel abocándolo a un gobierno en minoría. Además de negar la acusación que recaía sobre él, desde el 22 de este mes, Valcárcel gobierna junto al único concejal socialista que le respalda y un tercero de Democracia Ourensana (DO). El gobierno municipal trata ahora de salir adelante en una corporación de 17 concejales. “Ahora soy un alcalde multifunción”, ironizó el alcalde al diario ABC.

Un menor en Madrid y una mujer en Xàbia, las presuntas víctimas por delitos sexuales en Vox

Además del Partido Socialista, el espectro derecho de la política española también ha contado entre sus filas con acusaciones de acoso y agresión sexual. En la formación liderada por Santiago Abascal, la última y más sonada ha apuntado hacia Javier Esteban, jefe de redes sociales y coordinación digital de Vox. En este caso, la víctima, militante del partido y de Revuelta, era menor cuando se produjeron los presuntos hechos, en 2023.

Este 12 de diciembre, ya con 18 años, el joven denunció a la Policía Nacional que Esteban le escribió insistentemente durante un mes y medio con preguntas personales, como si le gustaban los chicos o las chicas, y que llegó a realizar tocamientos con ánimo sexual, tal y como consta en la denuncia que adelantó El Mundo. Fuentes de este mismo diario y ABC indican que en la denuncia constan dos víctimas más.

El jueves 18, Esteban dimitió de sus cargos y se dio de baja como militante de la formación de extremaderecha, no sin antes negar los hechos. La explicación que dio el presunto agresor, a través de su cuenta de X, fue que la acusación llega tras su exigencia de transparencia en la gestión económica de Revuelta, la organización juvenil vinculada al partido que ha sido acusada de desviar fondos para la DANA de 2024.

Este mismo mes, el 12 de diciembre, el Partido Popular en Xàbia, Valencia, retiró sus funciones a José Marco Pons, el único concejal de Vox en el Ayuntamiento y con el que formaba un gobierno de coalición. El motivo ha sido el acoso sexual continuado a una asesora de su propio partido que, debido a las presiones recibidas, dejó su puesto en el Consistorio antes del verano, según recoge Levante. Tras el abandono de la víctima, Pons designó a un primo suyo como sustituto. Sin embargo, tras la ausencia de respaldo del PP, Vox rompió su coalición en el municipio valenciano el 13 de diciembre.

El partido de Abascal investigó el acoso sexual y laboral en un tiempo exprés y amonestó por escrito a Pons, según recoge el medio valenciano, quien adimitó que su forma de actuar “no había sido del todo apropiada”. No obstante, Vox no encontró suficientes pruebas y sugirió a la víctima que presentara una denuncia en el juzgado si discrepaba con la resolución del partido.

Los casos del PP: dos menores en Jérica y el largo proceso del alcalde de Algeciras

Las denuncias por delitos sexuales no eludieron al Partido Popular este 2025. El exalcalde de Jérica y exasesor del grupo popular en la Diputación Provincial de Castellón, Jorge Peiró, fue imputado el 18 de diciembre por agresión sexual a dos menores. Peiró negó los hechos y afirmó que los denunciantes son mayores de edad.

En lo que respecta a su formación política, el PP cesó como asesor de la Diputación a Peiró el mismo día de su imputación y solicitó la suspensión de militancia. Sin embargo, el alcalde mantiene su puesto en el municipio castellonense mientras avanza la investigación.

Más largo que este caso es el del alcalde de Algeciras. La última novedad ha llegado este 12 de diciembre, cuando José Ignacio Landaluce registró su baja del Partido Popular en el Senado sin dejar su acta en la Cámara Alta. No obstante, el caso comenzó en octubre de 2024, cuando se difundieorn mensajes en los que se relataban abusos sexuales y tráfico de influencias. A raíz de ello, el PSOE denunció a Landaluce ante la Fiscalía del Tribunal Supremo y el alcalde de la ciudad gaditana.

Las denuncias contra Junts y ERC: presuntas propuestas de tríos en Bruselas y una acusación desde València

Las formaciones catalanas en el Congreos de los Diputados no se eximen de acusaciones de acoso sexual este 2025. A principios de año, Toni Comín, eurodiputado adscrito a Junts per Catalunya hasta noviembre, fue acusado de acoso sexual y psicológico por un asistente parlamentario, que presentó una queja formal ante el Parlamento Europeo por su supuesto comportamiento. Comín negó los hechos y alegó “bromas y comentarios menos oportunos tergiversados” en su canal de X.

Por su parte, el exasesor, que trabajó siete años para Junts en Bruselas, relató en su denuncia tocamientos, insinuaciones, interrogatorios sobre la vida sexual con su esposa y propuestas de tríos, además de malos tratos de carácter laboral. El partido de Puigdemont emprendió una investigación al respecto y espera tomar medidas cuando esta finalice.

Mientras tanto, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) suspendió de militancia a su líder en la Comunitat Valenciana, Josep Barberà, en abril de este mismo año. El motivo fue que Barberá está inmenso en un proceso penal por acoso sexual, acusado por la ex-secretaria general de la formación, Maria Pérez Company. En consecuencia, el partido catalán ha organizado una gestora hasta que se encuentre un sustituto.

Acusaciones sin denuncias en plena crisis por el acoso sexual en el PSOE

Desde que en verano de este año que termina se conociesen las denuncias contra Paco Salazar por acoso sexual, se han incrementado exponencialmente contra otros dirigentes, con su grueso en este mes de diciembre. Además de las denuncias, ya sea por canales internos o ante la Fiscalía, también se ha especulado sobre la dimisión de varios dirigentes acusados de comportamientos machistas durante la realización de sus funciones.

Uno de ellos es Javier Perales, quien está señalado por comentarios vejatorios y sexuales a una empresaria local durante una reunión institucional en Linares, Jaén. En julio de este año, el PP exigía su dimisión después que desde febrero de 2025 estuviese abierta una investigación por los presuntos hechos.

El diputado provincial en Agricultura y Ganadería niega que se produjera el acoso que la empresaria denunció ante la Fiscalía y descarta dimitir, tanto de sus puestos institucionales como de su cargo como secretario del PSOE en Linares, localidad de la que fue alcalde hasta 2023. Además, desde el Partido Socialista aseguraron a El País que el delito del que se acusa a Perales es de injurias y vejaciones injustas y no acoso sexual.

En una situación atípica, también se ha especulado sobre la dimisión de Javier Izquierdo en plena crisis del feminismo socialista. El ahora exsecretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal del PSOE y exsenador por Valladolid dimitió el 11 de diciembre alegando “otras tareas profesionales y personales” a través de su perfil en X.

Cuando los medios se hicieron eco de la renuncia, se vinculó la crisis de acoso sexual del PSOE con su dimisión, pese a que el partido niega que exista una denuncia a través de sus canales antiacoso. No obstante, la formación política encabezada por Pedro Sánchez anunció, un día después de conocerse la noticia, que iniciaba “un expediente informativo” para esclarecer la situación e instaba a la víctima a acudir a la Fiscalía.

No pasaron 24 horas cuando otra figura socialista era acusada de acoso sexual. El diario ABC publicó el 12 de diciembre el contenido que envió Francisco Luis Fernández Rodríguez a una trabajadora del Ayuntamiento de Belalcázar, Córdoba, de donde Fernández era alcalde. “Te tengo muchas ganas” o “estoy solito en el ayunta”, junto con alguna imagen con poca ropa, son algunos de los mensajes que mandó el concejal desde marzo de 2023 hasta este 2025 a su subordinada.

Fernández admitió la veracidad de los mensajes, pero no recuerda que fueran de índole sexual, además de afirmar que “había tonteo por WhatsApp”. Sin embargo, el mismo día que se conocieron los hechos, el primer edil dimitió de su cargo institucional, así como renunciaba a continuar como secretario general del partido en la localidad andaluza. En este caso, no hubo denuncia de por medio.

Tampoco la hubo en la que ha sido la última dimisión, a medias, de 2025 en materia de acoso sexual. Manuel Cortés, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Martos, Jaén, fue cesado a tres días de terminar el año por la publicación de un vídeo donde profería, junto a dos hombres, cánticos machistas. Tras ser suspendido de militancia el 28 de diciembre, los socialistas han abierto un expediente disciplinario a Cortés y piden su expulsión del partido. Mientras que, por su parte, el concejal ha entregado el acta municipal este lunes 29. Las letras en TikTok eran tales como “cincuenta caramelitos reparte la sociedad, entre las niñas bonitas que me la quieran mamar”.