La Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Segorbe tiene abierta una causa desde hace unos meses en la que figura como investigado el alcalde del PP en Jérica, Castelló, Jorge Peiró, por sendos presuntos delitos de agresión sexual respecto a dos víctimas menores de edad.
La jueza impuso en su momento al investigado medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de los dos denunciantes, que siguen vigentes actualmente, según informan desde la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
“El PP de la provincia de Castellón ha solicitado al Comité de Derechos y Garantías la suspensión de militancia inmediata de Jorge Peiró. Asimismo, se le ha procedido a cesar con carácter inmediato como asesor del Grupo Popular de la Diputación Provincial de Castelló. Respeto máximo a la justicia y a la presunción de inocencia", han indicado fuentes del PP de Castelló a Infobae España.
Jorge Peiró Ripoll lleva en el cargo desde el 15 de junio de 2019, convirtiéndose en el primer edil popular tras 24 años de alcaldías socialistas. No se conoce mucho de su carrera, ya que se desconoce su trayectoria profesional antes de la política local.
Los casos de acoso sexual en la política
Este nuevo caso se enmarca dentro de la guerra abierta que se está librando en la política en relación a las denuncias de acoso sexual de militantes de varios partidos. El primero de ellos fue el denominado ‘caso Salazar, relacionado con Paco Salazar, exasesor de alto nivel vinculado al Gobierno central y al PSOE, que renunció tras acusaciones de comportamiento sexual inadecuado contra varias mujeres.
La dirección del PSOE ha reconocido públicamente la gravedad de la conducta de Salazar y ha confirmado que se incoó un expediente informativo y se bloqueó su reincorporación al censo de militantes, además de sancionar conductas contrarias al código ético. Sin embargo, las críticas internas y externas persisten porque la respuesta del partido se percibe como "insuficiente" frente a la magnitud del problema y la necesidad de mayor protección de las víctimas. Le han seguido otras figuras como el secretario general del PSOE en Torremolinos, José Tomé, Presidente de la Diputación de Lugo o Javier Izquierdo, senador y miembro de la dirección federal.
Por su parte, también ha salido a la luz un caso que afecta a otro alcalde del Partido Popular, José Ignacio Landaluce, en Algeciras (Cádiz), quien ha sido denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual, según una denuncia presentada por el PSOE, dado que al ser senador tiene aforamiento ante el alto tribunal.
Landaluce ha negado categóricamente las acusaciones, ha reiterado su “absoluta inocencia” y ha defendido que estas denuncias forman parte de una campaña política en su contra. Asimismo, ha renunciado temporalmente a la militancia en el PP y a cargos internos, aunque sigue ejerciendo como alcalde y senador mientras se defiende en los tribunales.
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