Gobierno salvadoreño extendería hasta 2027 el régimen que estabiliza las tarifas eléctricas de los hogares y empresas

La propuesta remitida a la Asamblea Legislativa prolongaría por un año las facultades para fijar cargos a usuarios finales, mientras se analiza cómo recuperar gradualmente las diferencias acumuladas por el suministro eléctrico

Un medidor digital de electricidad fijado a un pilar verde junto al corredor de una casa con plantas en macetas y una silla azul.
El Ejecutivo salvadoreño presentó ante la Asamblea Legislativa una nueva ampliación del régimen transitorio que mantiene estabilizados los recibos de electricidad, pese a un alza del 13% en el precio del suministro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Gobierno de El Salvador solicitó a la Asamblea Legislativa prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 las disposiciones transitorias que permiten definir el cargo por energía facturado a los usuarios finales, un mecanismo que mantiene tarifas estabilizadas y posterga la recuperación de diferencias entre el precio real de generación y el monto cobrado a hogares y empresas.

La iniciativa prolongaría por un año adicional la vigencia de las Disposiciones Transitorias para la Definición del Cargo por Energía a Facturar a los Usuarios Finales, aprobadas inicialmente el 15 de abril de 2024.

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El proyecto plantea que el decreto entre en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial. Si la Asamblea Legislativa lo aprueba, el régimen que vence el 31 de diciembre de 2026 se mantendría activo durante todo 2027.

El Ejecutivo atribuye la petición a presiones externas y condiciones climáticas

En los considerandos de la propuesta, el Gobierno sostiene que permanecen las condiciones macroeconómicas, geopolíticas y climáticas que llevaron a aprobar el decreto original y su posterior renovación.

El Gobierno presentó la iniciativa ante la Asamblea Legislativa para prolongar por un año las disposiciones transitorias vigentes, que separan temporalmente la tarifa facturada de los costos efectivos de generación y distribución.
El Gobierno presentó la iniciativa ante la Asamblea Legislativa para prolongar por un año las disposiciones transitorias vigentes, que separan temporalmente la tarifa facturada de los costos efectivos de generación y distribución.

El texto menciona de forma expresa las presiones sobre los precios internacionales de los combustibles y las condiciones hidrológicas adversas, que han afectado la generación hidroeléctrica. Ambos factores, según la iniciativa, inciden en los costos de producción de energía y, por esa vía, en las tarifas que pueden trasladarse a los usuarios.

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La propuesta también señala que se requiere un análisis técnico, económico y tarifario de mayor alcance para calcular el efecto de las nuevas condiciones sobre la estructura de costos del suministro eléctrico.

Ese estudio, de acuerdo con el documento, debería definir mecanismos para trasladar los costos de manera gradual a las tarifas, sin que el ajuste implique aumentos sustanciales para los hogares y los sectores productivos.

Las empresas asumen diferencias que podrán recuperar después

El modelo vigente permite que las distribuidoras y las generadoras absorban de forma transitoria la brecha entre el valor reconocido en la tarifa y el costo efectivo de la energía.

Un medidor de electricidad digital fijado a una pared amarilla exterior junto al corredor de una casa con techo de tejas.
Desde 2024, una figura legal ha separado el costo real de la energía del monto cobrado en las facturas; ahora el Ejecutivo pide al Parlamento una segunda extensión para continuar sin ajustes inmediatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La legislación aprobada en 2024 buscó asegurar la recuperación progresiva de los montos diferidos que se originan por las medidas de estabilización. En los hechos, esto implica que los costos no trasladados de inmediato a las facturas quedan pendientes de compensación mediante mecanismos posteriores.

Los considerandos del nuevo decreto indican que la medida tiene como objetivo preservar la estabilidad de las tarifas mientras se determinan los mecanismos adecuados para recuperar esos saldos.

La DGEHM mantendría un papel central en ese proceso, ya que la normativa transitoria le otorga la facultad de definir los cargos aplicables a los consumidores finales.

El Gobierno amplió las herramientas de subsidio y financiamiento del sector

La solicitud de prórroga se produce después de que, el 3 de julio, la Asamblea Legislativa reformara la Ley del Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía (FINET) para que ese fondo pueda canalizar subsidios al consumo de energía eléctrica bajo la administración de la Dirección General de Subsidios del Ministerio de Hacienda.

La reforma también prevé que Hacienda administre el Fondo de Mitigación del Sector de Energía (FMSE), destinado a apoyar el cumplimiento de obligaciones dentro del sistema eléctrico.

Según los antecedentes de la reforma, el FMSE contará con USD 80 millones procedentes de una emisión de títulos valores por USD 580 millones de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), operación que recibió garantía soberana del Estado.

Además del subsidio ya previsto para el consumo eléctrico y los servicios de telefonía en áreas rurales de bajos ingresos, la modificación legal habilitó al FINET a otorgar otros subsidios que determine la DGEHM.

El proyecto remitido a la Asamblea Legislativa establece en un único artículo la extensión de los efectos del Decreto Legislativo n.° 997 hasta el 31 de diciembre de 2027. El segundo artículo dispone que la norma tenga vigencia desde su publicación oficial.

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