
El Gobierno de El Salvador informó que el país acumuló 61 homicidios intencionales en lo que va de 2026, una cifra que se mantiene por debajo de los registros de años anteriores, según las estadísticas oficiales.
El dato fue expuesto durante una conferencia de prensa, en la que las autoridades también sostuvieron que los responsables de cada caso ya enfrentan actuaciones de la justicia.
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El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, aseguró que ninguno de los autores de los homicidios mencionados permanece pendiente de responder ante las instituciones judiciales. El funcionario remitió a la Fiscalía General de la República (FGR) como la entidad que concentra y divulga las cifras oficiales sobre este delito.
“A la fecha, en lo que va del año, llevamos 61 homicidios intencionales”, afirmó Villatoro al ser consultado sobre el registro de asesinatos en el país.
El titular de Seguridad añadió que las investigaciones permitieron identificar a los responsables de los hechos. “Valga la aclaración que ninguno de esos responsables está pendiente de enfrentar a la Justicia, es decir que 61 asesinatos con cero impunidad”, declaró.
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Con base en las estadísticas de la Fiscalía indicó que mayo fue el mes con más homicidios intencionales de 2026, con 10 casos, dentro de un acumulado de 49 asesinatos en los primeros ocho meses del año.
La Fiscalía salvadoreña registra una disminución del 9% en los homicidios hasta agosto
Las estadísticas de la Fiscalía General de la República (FGR) registraban 49 homicidios intencionales hasta agosto de 2026. De ese total, 20 fueron clasificados como hechos relacionados con “intolerancia familiar”, de acuerdo con los datos institucionales.
El registro correspondiente a los primeros ocho meses del año muestra una reducción frente al mismo período de 2025, cuando la Fiscalía contabilizó 54 homicidios. La diferencia representa una disminución del 9.3% en los casos reportados.
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Dentro de ese período, mayo fue el mes con más homicidios intencionales, con 10 casos, según el desglose de los datos oficiales. La información presentada por Villatoro eleva el acumulado anual a 61 hechos, con registros posteriores a agosto incluidos en la cifra anunciada durante la conferencia.

El Plan Control Territorial y el régimen de excepción
La política de seguridad salvadoreña se apoya en el Plan Control Territorial, una estrategia puesta en marcha en junio de 2019. El programa contempla operativos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, acciones contra la extorsión, labores de inteligencia y reformas a la legislación penal.
A esas acciones se sumó el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022. La medida fue aprobada tras un alza de homicidios que las autoridades atribuyeron a las pandillas. El régimen permitió ampliar las facultades de detención y estableció restricciones temporales a algunas garantías constitucionales.
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El Ejecutivo también habilitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel destinada a internos considerados de alta peligrosidad. Las autoridades sostienen que el despliegue de las fuerzas de seguridad, las capturas de presuntos integrantes de pandillas y el fortalecimiento del sistema penitenciario contribuyeron a reducir los delitos violentos.
Durante la conferencia, Villatoro no anunció nuevas medidas.
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