
El ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, cuestionó a las organizaciones internacionales por haber apoyado acciones de seguridad que, a su juicio, fracasaron en el territorio salvadoreño, y por años despues oponerse a las medidas aplicadas por la actual administración para obtener resultados en materia de seguridad.
Las declaraciones fueron realizadas durante la Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia, donde el funcionario defendió la estrategia de seguridad del Gobierno de Nayib Bukele y vinculó las críticas de organizaciones no gubernamentales, agencias internacionales y defensores de derechos humanos con las decisiones adoptadas durante gobiernos anteriores.
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Villatoro sostuvo que El Salvador recibió durante décadas recomendaciones externas que no lograron contener el crecimiento de las pandillas ni reducir los homicidios. Según su exposición, las políticas aplicadas antes de 2019 no permitieron que el Estado recuperara el control sobre los territorios en los que operaban las organizaciones criminales.
“A esas transformaciones es que le tienen miedo los globalistas y las agencias defensoras de derechos humanos”, afirmó el ministro, al referirse a la reducción de homicidios que el Gobierno atribuye a su política de seguridad.

El ministro cuestionó el modelo policial y las reformas previas
Durante su discurso, Villatoro criticó la conformación de la Policía Nacional Civil, creada tras los Acuerdos de Paz. Afirmó que el modelo fue recomendado desde el exterior y que carecía de herramientas para enfrentar a los grupos criminales que luego expandieron su influencia en el país.
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“Osaron incluso a recomendar un modelo de Policía que estaba diseñado para fracasar, donde juntaron a dos enemigos de la década anterior y formaron la Policía”, expresó.
El funcionario también cuestionó normas aprobadas en años anteriores en materia de justicia juvenil y lucha contra el crimen organizado. Según su interpretación, esas leyes no respondieron al alcance de las estructuras delictivas y facilitaron la incorporación de jóvenes a las pandillas.
Sobre la legislación dirigida a menores de edad, Villatoro sostuvo que fue diseñada para que las organizaciones criminales tuvieran “recurso humano barato, impune y reciclable”. También afirmó que expertos internacionales desaconsejaron en el pasado la creación de una ley contra el crimen organizado porque consideraban que el Estado salvadoreño no podía enfrentar ese fenómeno.
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Las críticas a las ONG y organismos defensores de derechos humanos
Villatoro dirigió varias de sus declaraciones hacia las organizaciones defensoras de derechos humanos. Las acusó de haber tenido una postura favorable a políticas que, según afirmó, mantuvieron altos niveles de violencia e impunidad en El Salvador.
El ministro las calificó como “organizaciones carroñeras” y sostuvo que algunas entidades esperaban que el país continuara afectado por la crisis de seguridad. “Pensando que nosotros íbamos a ser un segundo país donde iban a vivir de la miseria humana”, dijo.
Además, vinculó a esos grupos con las críticas al régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022. La medida fue aprobada después de una escalada de homicidios registrada el 26 de marzo de ese año y habilitó restricciones temporales a algunas garantías constitucionales, junto con operativos masivos de captura.
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Para Villatoro, el régimen de excepción constituyó un “protocolo de guerra en contra de estas organizaciones criminales”. El funcionario sostuvo que el Estado utilizó registros judiciales, inteligencia policial, despliegues territoriales y reformas institucionales para identificar y detener a presuntos integrantes de pandillas.

El Gobierno atribuye la baja de homicidios a la ofensiva contra las pandillas
El ministro afirmó que las autoridades reunieron 76,600 registros de pandilleros que habían pasado por el sistema judicial durante más de 20 años. También señaló que, en los primeros tres meses de aplicación de la estrategia posterior a marzo de 2022, hubo un promedio de 1,500 detenciones diarias.
Villatoro aseguró que la política estatal permitió reducir la tasa de homicidios a 1.3 por cada 100 mil habitantes al cierre del año pasado. También indicó que el país registró 82 homicidios en ese período y sostuvo que los responsables de esos casos quedaron sometidos a la Justicia.
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En su discurso, el funcionario vinculó esos resultados con una mayor actividad turística, inversiones y una mejora en la percepción de seguridad.
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