
El trayecto hacia Estados Unidos puede comenzar con una promesa de trabajo o reunificación familiar, pero atraviesa territorios donde las rutas migratorias coinciden con corredores del narcotráfico.
Esa superposición deja a miles de centroamericanos bajo el control de redes que cobran por cada paso, extorsionan a los traficantes de personas y convierten a los viajeros en posibles víctimas de secuestro, trata y trabajo forzado.
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El informe Migración de Centroamérica hacia Estados Unidos: Causas, políticas y perspectivas liberales de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad (FNF), describe un circuito que conecta a Guatemala, Honduras y El Salvador con México antes de llegar a la frontera sur estadounidense.
Las mismas vías terrestres, marítimas y aéreas que facilitan el traslado de cocaína y dinero ilícito también son utilizadas por personas que buscan llegar al norte sin documentación.
La coincidencia de trayectos crea un escenario de riesgo desde el inicio. Los grupos criminales dominan zonas de paso, pasos fronterizos informales, carreteras y sectores cercanos a ríos o desiertos. Quienes transitan por esos lugares pueden quedar sujetos a pagos adicionales, amenazas y retenciones ilegales.
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El documento señala que hasta el 87% de la cocaína andina destinada a Estados Unidos circula por el corredor centroamericano. En varios tramos, las organizaciones delictivas aprovechan su control territorial para imponer cobros a quienes organizan los cruces y también a los propios migrantes.
Las consecuencias alcanzan a familias que ya han destinado ahorros, remesas o préstamos al viaje. Cuando una persona es secuestrada, las redes criminales pueden exigir dinero a sus familiares en el país de origen o en Estados Unidos. La falta de documentos y el temor a las autoridades reducen las posibilidades de denuncia y protección durante el recorrido.
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El informe también advierte sobre casos de trata de personas. Mujeres migrantes pueden ser captadas o secuestradas para explotación sexual, mientras que hombres y adolescentes quedan expuestos a trabajos forzados.
La clandestinidad del trayecto facilita esos delitos, ya que las víctimas dependen de intermediarios para avanzar y suelen desconocer quién controla cada zona.
Los “Coyotes” que ofrecen cruzar territorios controlados
Los coyotes, como se conoce a los traficantes de migrantes, ocupan un lugar central en este negocio. Ofrecen transporte, alojamiento temporal, cruces por ríos, recorridos a pie, documentos falsos e contactos para evitar controles. Su servicio puede abarcar varios países y dividirse en pagos por tramo.
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Según el informe, las redes especializadas en el traslado irregular por la ruta de Norteamérica obtuvieron entre $3,700 millones y $4,200 millones en 2016, de acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El costo individual cambia según la nacionalidad, la distancia, el punto de entrada y las garantías ofrecidas por el traficante.
El precio usual para salir del Triángulo Norte ronda entre $5.000 y $7.000 por persona. El reporte menciona casos recientes en los que las tarifas alcanzaron hasta $40.000, especialmente cuando las redes ofrecen un cruce completo hasta territorio estadounidense.
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Parte de ese dinero queda en manos de estructuras criminales. En zonas de la frontera entre Guatemala y México, así como en el norte mexicano, los cárteles cobran el llamado derecho de piso a los coyotes. Esa cuota suele trasladarse al migrante, que debe pagar más para seguir avanzando o queda expuesto a represalias si no puede hacerlo.
La relación entre migrantes y coyotes es ambigua. Algunos traficantes proceden de las mismas comunidades de origen y son vistos como intermediarios con experiencia en la ruta. El informe sostiene que muchos migrantes han sido abandonados a mitad de ruta cuando surge algún peligro, ante operativos, o son trasladadas en vehículos sin condiciones mínimas.
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Las restricciones fronterizas también modifican el negocio. Cuando se cierran caminos conocidos, las redes buscan trayectos más aislados, aumentan sus tarifas y recurren a sobornos. El resultado es un desplazamiento de las rutas hacia áreas con menor presencia estatal y mayor influencia de grupos dedicados al narcotráfico, la extorsión y la trata de personas.
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