“El fin del TPS para los salvadoreños no es sinónimo de deportación masiva”, según expertos en migración

Unos 170 mil salvadoreños en Estados Unidos viven días de incertidumbre ante la fecha de vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS), prevista para el próximo 9 de septiembre.

Frente a rumores en las redes sociales, expertos en migración advierten que el fin del TPS no significa una deportación masiva inmediata y llaman a la población a informarse únicamente por canales oficiales.

La confusión entre quienes cuentan con el TPS creció tras la confirmación de la fecha límite establecida por el gobierno estadounidense. Sin embargo, tanto César Ríos, director de Asociación Agenda Migrante El Salvador (AAMES), como Reynaldo Alvergue, asesor migratorio, coinciden en que el escenario no implica expulsiones automáticas.

“No es cierto que el 10 de septiembre van a salir aviones cargados de deportados. El fin del TPS no es sinónimo de deportación masiva”, afirma Ríos. El especialista resalta que, en caso de una cancelación definitiva, la ley otorga un plazo de seis meses para que las familias puedan reorganizarse o gestionar otras alternativas migratorias.

Por su parte, Alvergue explica que el TPS es un beneficio temporal concedido por decisión ejecutiva ante situaciones excepcionales en los países de origen.

Al expirar, las personas retornan al estatus migratorio que tenían antes de acogerse al programa, de modo que no todos quedan sujetos a deportación inmediata.

“Solo quienes tenían órdenes de deportación previas reactivan automáticamente esos procedimientos. El resto debe buscar alternativas legales o enfrentar las consecuencias de permanecer sin estatus”, detalla el asesor.

La situación actual presenta particularidades respecto a los permisos de trabajo. Según Ríos, la uniformidad entre la vigencia del TPS y los permisos laborales se rompió hace unos años, lo que provocó que algunos beneficiarios tuvieran TPS activo pero permisos vencidos.

“Ahora, con la resolución más reciente, el permiso de trabajo estará vigente hasta el 9 de septiembre, igual que el TPS. Eso brinda algo de certeza a las familias”, puntualiza el director de Agenda Migrante.

Ambos expertos alertan sobre el impacto de la desinformación generada en redes sociales. “Las redes confunden y generan un escándalo de algo que no ha pasado”, sostiene Ríos, quien recomienda a los migrantes consultar sólo fuentes oficiales como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Alvergue coincide: “Es fundamental consultar canales oficiales y no dejarse llevar por rumores o interpretaciones erróneas”.

Se estima que el universo de personas afectadas es considerable. Se estima que unos 170 mil salvadoreños permanecen amparados bajo el TPS en Estados Unidos.

Muchos de ellos han iniciado otros procesos migratorios, como peticiones familiares o laborales, que les permitirían continuar en el país aunque el TPS finalice. La situación de mayor vulnerabilidad la enfrentan quienes tienen antecedentes penales o procesos previos de deportación.

La logística para una deportación masiva de esta magnitud resulta inviable, recalca Ríos, quien recuerda que ni en los periodos de mayor expulsión se ha gestionado un flujo semejante.

Además, subraya que la ley estadounidense prevé un periodo de gracia tras el fin del programa, tiempo durante el cual las personas pueden buscar alternativas legales, asesoría especializada o preparar su retorno voluntario.

La expiración o cancelación del TPS también tiene implicaciones económicas. Los beneficiarios constituyen un segmento clave en el envío de remesas a El Salvador, con un impacto directo en la economía nacional y en la vida de miles de familias.

Mientras persiste la expectativa por un posible anuncio de prórroga o cambios en la política migratoria, los expertos insisten en que cada caso es diferente y debe analizarse de manera individual. “Nadie debe abandonar el TPS ni tomar decisiones apresuradas sin asesoría legal”, aconseja Ríos.

En el Congreso estadounidense, proyectos legislativos como la iniciativa Dignidad podrían abrir nuevas vías de regularización para algunos migrantes, aunque su aprobación y alcance todavía son inciertos.

El destino de miles de salvadoreños en Estados Unidos sigue en suspenso, a la espera de definiciones oficiales que marcarán el futuro de quienes dependen del TPS para vivir y trabajar legalmente en el país norteamericano.