El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador dictó penas de hasta 199 años de cárcel contra cinco miembros del corporativo ARGOZ S. A. de C. V. por una red de estafas inmobiliarias que afectó a decenas de ciudadanos durante décadas, según la información publicada este viernes por Centros Judiciales. Los hechos se remontan a la fundación de la empresa en 1980.
La condena más alta recayó sobre Leticia Farfán de Gómez, administradora única de la organización, quien recibió 199 años de prisión por 23 casos de estafa agravada, casos especiales de lavado de dinero y activos, y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
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En su vivienda se le incautaron USD 297,000 que no pudo justificar ante el tribunal, monto que constituyó la base del cargo de lavado de dinero.
Sus hijos, Rodrigo Javier Gómez Farfán y Natalia Gómez Farfán, fueron condenados a 189 años de prisión cada uno por 23 casos de estafa agravada y agrupaciones ilícitas. Ambos formaban parte de la estructura de dirección del corporativo, según la resolución del juez dos del mismo tribunal.
Por su parte, Edwin Omar Rivera López recibió una condena de 37 años de cárcel por cuatro casos de estafa agravada y agrupaciones ilícitas. Mónica Iveth Sanabria de Uriarte, quien fungía como secretaria de confianza de Rodrigo Gómez Farfán, fue condenada a 13 años de prisión por un caso de estafa agravada y agrupaciones ilícitas.
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Javier Orlando Martínez Henríquez y Theodoro Portillo Pineda, quienes se desempeñaban como apoderados legales del corporativo y fueron juzgados en ausencia, recibieron cada uno cinco años de cárcel únicamente por el delito de agrupaciones ilícitas, de acuerdo con lo informado por Centros Judiciales.
¿Cómo operaba el esquema?
El mecanismo de la estafa, según detalla Centros Judiciales, tenía su origen en la fundación de ARGOZ en 1980. A lo largo de los años, la organización creó múltiples sociedades que adquirían los derechos sobre propiedades y luego eran declaradas en quiebra de forma deliberada.
Ese ciclo dejaba a los compradores de terrenos en una situación de desamparo contractual: continuaban pagando sus cuotas mensuales y, en varios casos, aún tras liquidar la totalidad de la deuda, nunca recibieron las escrituras de los inmuebles.
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En esta primera fase del proceso, la acusación se centró en el perjuicio a 24 víctimas por estafa agravada. Para atribuir la responsabilidad penal a los mandos de la organización, el juzgador aplicó la figura de la autoría mediata en aparatos organizados de poder, un mecanismo jurídico que permite imputar la totalidad de los delitos a quienes dirigían la estructura criminal, con independencia de su participación directa en cada acto.
Reparación civil y segunda fase
Centros Judiciales informó que el tribunal también dispuso la responsabilidad civil en modalidad de reparación para Leticia Farfán de Gómez, Natalia Gómez Farfán, Rodrigo Javier Gómez Farfán, Edwin Omar Rivera López y Theodoro Portillo Pineda. La medida consiste en asumir el costo total de la legalización de las lotificaciones de las víctimas, el cual será cubierto con los USD 297,000 incautados a Leticia Farfán y con un lote de joyas presentado como evidencia ante el tribunal.
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La causa tiene una segunda etapa que se encuentra actualmente en instrucción ante otro Tribunal Contra el Crimen Organizado de El Salvador.
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