El Poder Judicial anunció que sus máximas autoridades no participarán en la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública convocada por la presidenta de la República, Laura Fernández, para el próximo lunes 20 de julio. La decisión fue comunicada oficialmente mediante un oficio enviado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, quien argumentó que la agenda prevista para la reunión aborda asuntos que podrían comprometer la independencia judicial.
En la carta dirigida a la mandataria, Aguirre explicó que tanto él como las demás autoridades judiciales convocadas declinaron asistir debido a que varios de los temas por discutir están relacionados con actuaciones, procedimientos y decisiones que corresponden exclusivamente al ejercicio de la función jurisdiccional.
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Según indicó el magistrado, la participación del presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la presidencia de la Sala Tercera en un espacio de esa naturaleza podría generar valoraciones, opiniones o compromisos que afecten, de forma directa o indirecta, la independencia de criterio que deben conservar quienes tienen la responsabilidad de resolver procesos judiciales.
El presidente de la Corte sostuvo que la independencia judicial constituye un principio esencial del Estado de Derecho y que cualquier actuación institucional debe preservar la imparcialidad con la que los jueces y magistrados ejercen sus funciones constitucionales.
Además de los cuestionamientos sobre la agenda de la reunión, Aguirre informó que ese mismo lunes la Corte Plena celebrará su sesión ordinaria, en la que uno de los principales temas será el análisis del recorte presupuestario aplicado al Poder Judicial por el Ministerio de Hacienda.
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El jerarca manifestó su preocupación por las consecuencias que esa reducción de recursos podría generar en el funcionamiento de la institución. En el oficio recordó que el Poder Judicial ha enfrentado durante varios años restricciones presupuestarias y medidas de contención del gasto, situación que, según afirmó, ha limitado su capacidad operativa.
Entre las principales afectaciones mencionó las dificultades para contratar nuevo personal, fortalecer las capacidades de investigación criminal, reducir el rezago de expedientes y mejorar la prestación de los servicios de administración de justicia.
Aguirre señaló que estos desafíos impactan directamente áreas estratégicas para el combate contra la delincuencia, como la persecución penal, las investigaciones judiciales y la atención de las víctimas de delitos.
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El presidente de la Corte también aclaró que la decisión de no asistir a la convocatoria del Consejo Nacional de Seguridad Pública no debe interpretarse como una falta de interés por los problemas de seguridad que enfrenta el país.
Por el contrario, afirmó que el Poder Judicial mantiene su compromiso con la lucha contra el crimen y con el fortalecimiento de las instituciones encargadas de garantizar el acceso a la justicia. Sin embargo, insistió en que ese compromiso debe ejercerse respetando plenamente el principio de independencia judicial y la separación de poderes establecida en la Constitución Política.
La posición adoptada por la Corte se conoce en un contexto marcado por el debate sobre la seguridad ciudadana y las limitaciones presupuestarias que enfrentan distintas instituciones públicas. Al mismo tiempo, evidencia las diferencias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial respecto a la forma en que deben abordarse los temas de seguridad nacional sin comprometer las competencias constitucionales de cada uno de los poderes del Estado.
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Con esta decisión, el Poder Judicial deja claro que priorizará la defensa de su autonomía institucional mientras continúa analizando los efectos que el ajuste presupuestario podría tener sobre la investigación criminal, la persecución de los delitos y el funcionamiento del sistema de justicia costarricense.
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