El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso una condena de 110 años de prisión a Mateo Sebastián Pintor Rodríguez, conocido como Tatuado, por lavado de dinero y activos, estafa agravada, extorsión agravada, hurto de identidad y agrupaciones ilícitas.
La sentencia se emitió tras comprobar que el acusado encabezaba una estructura que ofrecía, mediante perfiles falsos en redes sociales, liberar a familiares de privados de libertad bajo el régimen de excepción a cambio de sumas de dinero que llegaban hasta $30,500, informó el portal de Centros Judiciales.
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Según la resolución, Tatuado controlaba la operación desde Colombia, donde fue capturado en marzo de 2025 y, de acuerdo con registros, exhibía un elevado nivel de vida en ese país.
El tribunal también sancionó a Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda con 50 años de prisión por los delitos de extorsión agravada, estafa agravada, lavado de dinero y activos y agrupaciones ilícitas. Asimismo, la madre de Tatuado, Frania Elizabeth Pintor Rodríguez, recibió cinco años de cárcel por lavado de dinero y activos y su hermana, Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez, fue sentenciada a 15 años por estafa agravada, lavado de dinero y activos y agrupaciones ilícitas.
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La estructura utilizaba las transferencias recibidas de las víctimas para repartir el dinero entre sus integrantes, remitiendo una parte a Tatuado en Colombia. Otros cinco miembros fueron condenados a penas que varían entre 26 y 35 años de prisión.
Régimen de excepción
El régimen de excepción permanecerá vigente en El Salvador hasta el 4 de febrero, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara una nueva prórroga en diciembre, respaldando la continuidad de las medidas extraordinarias contra el fenómeno delictivo que persiste en el país.
Según la exposición de motivos de la reciente prórroga, el Gobierno argumentó la necesidad de renovar este mecanismo ante el avance de nuevas tácticas criminales y la utilización de tecnología por parte de las estructuras delictivas, además de la constante intención de evadir la justicia, como lo ilustró la reciente captura de pandilleros que intentaron salir del país por vía aérea.
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En el análisis realizado por la Asamblea Legislativa, se destaca que estas organizaciones mantienen presencia nacional, emplean redes sociales y grafitis para proyectar su poder y, aunque han sufrido golpes operativos, el fenómeno criminal no ha sido desarticulado por completo.
El uso de inteligencia policial, junto con el perfeccionamiento tecnológico de la Policía Nacional Civil, ha permitido avances en seguridad, evidenciados en acciones como la denominada “Sultán Fase II”, que se tradujo en capturas de individuos vinculados al crimen organizado y afectó económicamente a dichas estructuras.
El decreto de la última prórroga expone que la vigencia del régimen de excepción ha reducido los índices de homicidios a niveles nunca antes vistos en la historia reciente del país.
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Según el documento legislativo, se han contabilizado más de 780 días sin homicidios bajo la actual administración. Como resultado de estas acciones, las fuerzas de seguridad han arrestado a más de 83.900 personas, incluidas las principales figuras de las pandillas, durante la aplicación de estas medidas extraordinarias.
El fundamento legal de la prórroga se apoya en los artículos 1 y 2 de la Constitución de El Salvador, que obligan al Estado a proteger la vida y la seguridad de sus habitantes, así como en los artículos 131 y 29, que autorizan la suspensión temporal de ciertas garantías constitucionales en circunstancias excepcionales.
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El documento menciona además la sentencia de inconstitucionalidad 21-2020AC de junio de 2020, que avaló la extensión del régimen, siempre que subsista la necesidad de tales medidas, tal como dispone el artículo 30 de la Constitución.
Con esta última prórroga, el régimen de excepción acumula treinta y cuatro extensiones consecutivas desde su instauración el 27 de marzo de 2022, con decretos emitidos cada treinta días para mantener suspendidos derechos como la libertad de reunión, la inviolabilidad de la correspondencia y determinadas garantías procesales.
La Asamblea Legislativa sostiene que, debido a la persistencia del desafío criminal y la efectividad demostrada por las operaciones recientes, resulta pertinente renovar el régimen para facilitar el trabajo de la Fiscalía General de la República y consolidar la seguridad ciudadana.
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