6 de cada 10 chicos de 8 años tienen celular: afirman que la prohibición escolar no garantiza mejores aprendizajes

A los ocho años, casi 6 de cada 10 chicos argentinos ya tienen un celular propio. El porcentaje alcanza al 59% de los estudiantes de tercer grado de primaria, mientras que otro 23% no posee un dispositivo personal, pero utiliza el de su madre, padre u otro familiar. Solo el 18% no tiene acceso a un teléfono móvil.

Los datos surgen del último informe de Argentinos por la Educación, elaborado por Andrea Goldin, Martín Nistal y Tomás Besada. El documento analiza los resultados del operativo Aprender 2024, referidos a una muestra nacional de alumnos de tercer grado, y revisa la evidencia internacional sobre las restricciones al uso de celulares en las escuelas.

El acceso a los dispositivos es alto en todo el país, aunque presenta diferencias entre provincias y sectores sociales. En Santa Cruz, Catamarca y Tierra del Fuego, más del 65% de los alumnos de tercer grado tiene celular propio. En Misiones y Formosa, en cambio, la proporción ronda el 40%.

También existe una brecha socioeconómica: cuenta con un teléfono personal el 63% de los estudiantes pertenecientes al quintil de mayores ingresos, frente al 52% de los chicos del quintil más bajo. En la escuela secundaria, la tenencia es todavía más extendida y alcanza al 90% de los alumnos, según los datos de Aprender 2023.

La expansión del acceso a los celulares y la preocupación por sus posibles efectos sobre la atención, el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes impulsaron regulaciones cada vez más estrictas en numerosos sistemas educativos. Según datos de la Unesco citados en el informe, la proporción de países que implementaron algún tipo de restricción formal pasó de menos de una cuarta parte en 2023 a cerca del 60% en 2026.

Sin embargo, las investigaciones disponibles no muestran que prohibir los dispositivos produzca, por sí solo, una mejora generalizada de los aprendizajes, advierten los autores. Algunos estudios registran avances moderados en el rendimiento académico, especialmente entre estudiantes de bajo desempeño o provenientes de sectores vulnerables. Otros no encuentran cambios significativos, incluso cuando las restricciones son estrictas.

La conclusión más consistente, según los estudios analizados en el informe, es que las prohibiciones reducen el tiempo de uso y las distracciones dentro del aula. Las políticas que impiden acceder al teléfono durante toda la jornada escolar consiguen disminuciones más importantes, pero esos cambios no siempre se traducen en mejores resultados académicos.

La evidencia también es ambigua con respecto a la convivencia y el bienestar. Algunas investigaciones encuentran una reducción de situaciones de bullying, mientras que otras no detectan efectos relevantes sobre el clima escolar.

“En la actualidad se prohíbe el uso de teléfonos celulares en ámbitos educativos de distintas partes del mundo, a pesar de que la evidencia existente aún no es concluyente. De hecho, los estudios controlados no parecen mostrar que la prohibición cambie los hábitos de los chicos. Más bien da la sensación de que se barre el problema bajo la alfombra", señaló Andrea Goldin, investigadora del Conicet y de la Universidad Torcuato Di Tella, y coautora del informe.

Para Goldin, el debate representa una oportunidad para revisar el papel de la escuela frente a la tecnología: “El futuro está en construcción, es lo que hacemos en cada aula y en nuestras propias casas. No hay que dejarse deslumbrar por las tecnologías, sino aprender a usarlas con objetivos pedagógicos claros, en vez de que ellas nos usen a nosotros”.

Las respuestas adoptadas a nivel internacional son diversas. Francia, Países Bajos y Chile establecieron restricciones generales, mientras que Brasil, Finlandia y Dinamarca permiten el uso de dispositivos únicamente con fines pedagógicos y bajo supervisión docente. En el Reino Unido, en cambio, cada escuela puede definir sus propias reglas. En general, las limitaciones son más estrictas en los niveles inicial y primario.

En Argentina no existe una normativa nacional unificada. Al menos 11 de las 24 jurisdicciones avanzaron con leyes, resoluciones o protocolos, mientras que las restantes todavía no cuentan con marcos regulatorios definidos.

La Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Formosa establecieron limitaciones amplias en los niveles inicial y primario. La provincia de Buenos Aires restringió el uso en la primaria, mientras que Mendoza lo autoriza para actividades pedagógicas bajo supervisión docente. Salta y Tucumán, por su parte, permiten que las normas se adapten a las características de cada institución.

Para Lucía Fainboim, especialista en educación y cuidados digitales, el dato más preocupante trasciende lo que ocurre dentro de las escuelas: “Me preocupa que hayamos naturalizado que un niño de ocho años tenga un celular propio. Esa naturalización no ocurre por casualidad: ​es consecuencia de un ecosistema digital pensado para incorporar usuarios cada vez más temprano. El problema es que esas lógicas de mercado no coinciden sino que contradicen lo que sabemos que necesita una infancia saludable: tiempo para jugar, moverse, aburrirse, desarrollar autonomía y construir vínculos", afirmó.

“Las plataformas piensan al niño como posible usuario y consumidor. Los adultos tenemos que pensarlos como niños que merecen una infancia plena”, subrayó Fainboim.

Melina Masnatta, especialista en tecnología educativa, sostuvo que la discusión no debería reducirse a una elección entre permitir o prohibir. “Si el sistema educativo fue históricamente la puerta al mundo, hoy esa puerta es la pantalla”, señaló. Y concluyó: “Más que discutir si prohibir o no, el desafío es preguntarnos cómo mediar el uso de la tecnología con criterios pedagógicos para mejorar la convivencia y los aprendizajes”.