El insólito error que desató una batalla por un terreno universitario de casi 10 hectáreas

Una universidad nacional -la de Luján- y un municipio bonaerense -el de San Fernando- aseguran ser los propietarios de un mismo terreno. Un predio enorme, de 9,75 hectáreas, ubicado entre las vías del Tren de la Costa y el Río Luján, que recorre a lo largo la calle Almirante Brown. Paradojas al margen, las dos partes muestran documentos, convenios y resoluciones que les dan la razón.

El conflicto inició el miércoles 20 de mayo. Ese día, las autoridades municipales se fotografiaron dentro del predio y anunciaron con estridencias, a través de las redes sociales, la puesta en marcha de la reserva ecológica más grande de la ciudad, con salida al río incluida.

Horas antes, el intendente de San Fernando, Juan Andreotti, y el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Martín Cosentino, habían firmado un convenio mediante el cual quedaba sellada la transferencia de los derechos sobre las tierras. Hasta entonces, en teoría, pertenecían al Ministerio de Educación de la Nación y, también en teoría, estaban abandonados.

La resolución 43/2020, publicada en el Boletín Oficial, lo deja asentado: “Desafecta de la jurisdicción del Ministerio de Educación de la Nación el inmueble propiedad del Estado Nacional y otorga a la Municipalidad de San Fernando el uso precario y gratuito del inmueble, a los fines de ejecutar la obra de construcción, y posterior habilitación al uso, de un parque costero, dotado de espacios verdes y recreativos accesibles, senderos, playones deportivos y plaza de juegos inclusivos, así como las correspondientes infraestructuras de servicios de red que resulten necesarias y suficientes para su normal funcionamiento y operatividad”.

“Es el último pulmón verde que nos queda en continente. Es algo que buscamos hace años y era un anuncio muy esperado por los vecinos de la ciudad”, dijo a Infobae Luis Freitas, secretario de gobierno del municipio. “En total, tenemos 23 kilómetros cuadrados de tierra continental. Si restamos lo que ocupa el Aeropuerto Internacional, algunas fábricas y empresas importantes, nos quedan unos 19 kilómetros cuadrados aproximadamente. Todo ese territorio para 170 mil habitantes. Tenemos una densidad poblacional muy alta y, por eso, sumar espacios verdes es estratégico para nosotros”, agregó.

Hasta ahí, ningún problema.

Cuando el municipio hizo el anuncio de la reserva ecológica en Instagram y Facebook, la alegría de los primeros vecinos dio paso al rechazo unánime de la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Luján (UNLu). “No es un lugar abandonado. Lo usamos miles de alumnos todos los días”. “Como sanfernandino y estudiante, no estoy orgulloso. Estoy indignado”. “Un municipio que le roba a una universidad. Es vergonzoso”. La indignación de los estudiantes se esparció dentro de la universidad. A los pocos días se sumaron los trabajadores docentes, no docentes y sus autoridades, que reclaman los derechos sobre “Siberia”, tal como llaman al predio.

La universidad, en realidad, tiene posesión del terreno hace 27 años. El 15 de septiembre de 1993, la UNLu firmó un convenio con el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, que le transfirió el terreno para inaugurar el instituto de educación física. En ese entonces, la única parte que no cedió la cartera fue la Casa del Ministro, donde todavía se hace alguna reunión esporádica.

A lo largo de los años, la cesión de las tierras se revalidó en dos instancias. Primero en 2007, a partir de un contrato con el ministerio en el que el profesorado tomó el rango de universitario. Después, en 2018, una resolución emitida desde Palacio Sarmiento instruyó a una dirección del ministerio para que gestionara con San Fernando la exención de las tasas municipales, que las universidades no suelen pagar.

Desde 1993 hasta la fecha, el ministerio nunca terminó de completar la documentación para que la universidad escriturara los terrenos. Entonces, en los registros oficiales seguía figurando como propietario. En mayo, cuando la AABE consultó por el dominio del predio, no obtuvo respuesta y avanzó rápidamente en la firma del convenio con el municipio.

“Es un hecho indignante. Aprovecharon que con el aislamiento el predio estaba vacío para hacer un trámite exprés e irrumpir sin nuestro permiso”, señaló Antonio Lapolla, rector de la UNLu, a este medio. “Tenemos casi 4 mil estudiantes en el profesorado universitario. Esto es muy serio. Es un avasallamiento a una universidad nacional que recuerda las épocas más oscuras de nuestra historia”.

Versiones cruzadas

Una vez acaecido el conflicto, se desató una sucesión de versiones cruzadas. El municipio asegura que no se trató de ningún trámite “exprés” ni que hubo avasallamiento. En cambio, dicen que están en diálogo con la universidad y el ministerio de Educación desde hace cuatro años para abrir el predio a los vecinos.

El secretario de gobierno Freitas señala una reunión en 2018, impulsada por diputados provinciales, donde participó Lapolla. Según dice, el rector le habría pedido el libre deuda de las tasas municipales para avanzar con la transferencia y unos pocos meses más tarde le habrían hecho llegar un proyecto para que se tratara en el seno de la universidad.

“No entramos por la fuerza, no empujamos ni le pegamos a nadie. Se caminó de manera pacífica y tranquila junto a los dueños administrativos de la tierra. Comparar esto con etapas oscuras de la historia argentina es una locura. Nosotros presentamos el proyecto que en teoría se iba a discutir en el Consejo Superior de la universidad y eso nunca ocurrió. Creemos que las autoridades nunca bajaron la información a la comunidad y se les fue de las manos”, planteó el funcionario.

Del otro lado, la UNLu reconoce reuniones con el municipio para “hacer algo en forma conjunta”, pero advierten que el proyecto que solicitaron jamás llegó. En todo caso, insisten, nunca se había discutido la cesión de los derechos sobre “Siberia”.

“Por detrás, de una manera muy rápida porque tienen contacto con la AABE, decidieron unilateralmente la transferencia del uso de las tierra sin siquiera notificarnos. No nos llegó ni una nota del municipio avisando que iban a ingresar”, achacó Lapolla.

Otro punto de discordia es el estado del predio. La administración municipal denuncia un profundo abandono, cuentan que se toparon con vegetación alta, botellas de plástico y de vidrio en el suelo, bolsas de basura, materiales de construcción, neumáticos, autopartes, chatarra y elementos de electrónica desperdigados. La universidad desestima la versión y dice que el estado del terreno se debe a los más de dos meses de cuarentena y a la antigüedad casi centenaria de sus instalaciones.

Quién se lo presta a quién

Lo curioso es que, tanto de un lado como del otro, hay buena disposición a prestar el predio. La batalla parece radicar, más bien, en quién se lo le presta a quién. El municipio le agregó un “educativo” al rótulo del proyecto, que ahora pasó a llamarse “reserva ecológica educativa”, y sumó el compromiso de reacondicionar los espacios de la universidad para que sus alumnos puedan seguir desarrollando las prácticas. En la UNLu también afirman que la reserva ecológica y el profesorado pueden ser compatibles, pero no resignarán los derechos sobre el terreno.

El miércoles por la tarde hubo una reunión en el Palacio Sarmiento con representantes de las cuatro patas del conflicto: la universidad, el municipio, el ministerio y la AABE. Intentaron acercar posturas que hasta hace unos días se mostraban inflexibles. Incluso ya se mencionaba la posibilidad de judicializar el conflicto.

La Secretaría de Políticas Universitarias y la AABE analizarán la documentación sobre el dominio de las tierras en los próximos 15 días. Mientras tanto, los representantes de la UNLu volverían a reunirse con el municipio para avanzar en un proyecto de uso compartido. Aunque el rector aclara: “Si no se respeta la propiedad, nosotros no nos vamos a sentar”.

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