Protestas de campesinos, mineros y transportistas abren una semana de alta conflictividad en Bolivia

La semana inicia con el anuncio de movilizaciones de varios sectores en Bolivia y el arribo a la sede de Gobierno de una marcha campesina que inició hace más de dos semanas en la región amazónica de Pando, al norte del país, en rechazo principalmente a una ley que autoriza la reclasificación de la tierra.

A la movilización se sumó una columna de 150 campesinos de San Ignacio de Moxos, en Beni, y organizaciones de otras regiones han anunciado que se integrarán progresivamente, entre ellos la Federación de Trabajadores Mineros, lo que sube la presión contra el Gobierno al tratarse de uno de los sectores de mayor influencia en la agenda política nacional. La marcha arribó este domingo a la localidad de Caranavi y se estima que llegue a La Paz el viernes 1 de mayo luego de recorrer 160 kilómetros.

Los marchistas consideran que la Ley 1720, que fue promulgada el 8 de abril y que establece la reconversión voluntaria de la tierra de pequeña a mediana propiedad, pone en riesgo a los pequeños productores y amenaza los territorios indígenas.

El sistema anterior, vigente desde 1953, prohíbe la comercialización de las pequeñas propiedades y fue diseñado con el objetivo de evitar la concentración de la tierra en pocas manos y el desplazamiento progresivo de campesinos y productores. Con la nueva ley —denominada Conversión de la Pequeña Propiedad Agraria a Mediana o Empresarial—, las pequeñas propiedades, de hasta 500 hectáreas, quedan abiertas al mercado al poder ofrecerse como garantía para préstamos bancarios.

El Gobierno y algunos legisladores defienden la ley en nombre de la libertad individual, del desarrollo de los campesinos y del derecho a la propiedad, y han subrayado que el cambio de clasificación es voluntario.

En tanto, algunos críticos y analistas observan que pone en peligro a la población más vulnerable al permitir que pequeños propietarios hipotequen y pierdan sus parcelas y puede fomentar la concentración de la tierra. También observan que el trámite se realice a simple solicitud del propietario y sin ningún criterio técnico.

En paralelo a este conflicto está el otro dolor de cabeza del Gobierno: el problema del combustible. Tras más de tres meses de reclamos por la mala calidad de la gasolina —que el gobierno admitió pero sin responsabilizarse por su origen ni resolver de fondo el problema—, en la última semana hubo un suministro irregular de diésel, lo que provocó el reclamo de sectores estratégicos, como el transporte pesado y la agroindustria, para normalizar su distribución.

En ese marco, la Cámara Departamental de Transporte de La Paz convocó a una marcha sectorial este lunes por la supuesta falta de respuestas de la administración de Rodrigo Paz a sus demandas.

“El sector ha coadyuvado con el incremento del precio del combustible, por lo que no existe justificativo para la actual escasez”, señala el comunicado del sector en referencia al aumento en el precio de los carburantes tras el levantamiento del subsidio en diciembre pasado.

Los reclamos de los transportistas —que básicamente son la regularización del abastecimiento de combustible y la garantía de su calidad— se dan una semana después de los ajustes que hizo el presidente en el sector de hidrocarburos. Posesionó a un nuevo presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tras la renuncia de su antecesora y cambió al ministro de Hidrocarburos, en busca de soluciones a un conflicto que no ha parado de escalar y que supone una prueba de fuego para su gestión.

El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, atribuyó la escasez a la sobredemanda por actividades agrícolas y afirmó que se incrementaron los despachos de diésel, por lo que en los próximos días tendría que regularizarse el suministro.

En este escenario, el presidente manifestó que no teme al aumento de las protestas sociales. “Bolivia quiere cambio y yo no le tengo miedo a las movilizaciones; soy un constructor de la democracia que creció entre marchas y liderazgos históricos”, afirmó el jefe de Estado el viernes tras un encuentro con las nuevas autoridades departamentales. “A lo que le tengo miedo es no tener soluciones al futuro de nuestra patria”, agregó.