El inicio del ciclo lectivo coincidió con la imputación que recibieron 43 padres por distintas tomas de colegios que llevaron adelante sus hijos durante el año pasado. La decisión parte de la fiscalía 31 de la ciudad de Buenos Aires, que comenzó a citar a los adultos a declarar.
El fiscal a cargo, Carlos Rolero Santurian, traslada la contravención de los chicos hacia los padres y los imputa por impedir el ingreso y la salida de lugares públicos.
Las tomas en cuestión ocurrieron durante 2018 y se registraron en distintos establecimientos: en la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales "Rogelio Yrurtia", en la N° 1 "Presidente Roque Sáenz Peña", en la Normal N° 6 "Vicente López y Planes", en el Mariano Moreno, en la Técnica de Jardinería Cristóbal M. Hicken y en la N° 5 "Martín Miguel de Güemes".
Según comentó el propio fiscal, se trata de un hecho inédito ya que, por primera vez, se imputa penalmente a los padres por el comportamiento de sus hijos. Es decir, se los hace responsables por su conducta. Desde finales de marzo comenzarán declarar.
Al respecto, Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, señaló: "La toma de escuela es una medida extrema que perjudica el acceso a la educación a cientos de chicos. En democracia no debemos perder el espacio de la palabra y el diálogo. Tiene que quedar en claro que los actos tienen consecuencias: esto es también educar en valores. Vamos a seguir aplicando el protocolo ante cada caso de toma".
En el gobierno porteño celebraron la decisión de la fiscalía y explicaron a Infobae el procedimiento: "Según el protocolo, una vez que la directora hace todo lo que marca se manda al Ministerio de Educación y de ahí pasa a la Procuración. Por último, toma intervención la Justicia".
El protocolo al que se hace referencia es el que rige desde el año pasado, que justamente involucra a los padres. El nuevo protocolo transfiere la responsabilidad de las tomas a las familias de los alumnos. En el caso de que los alumnos ocupen la escuela, los directores deben citar a los padres para que retiren a sus hijos de las instituciones. Si la familia está de acuerdo con la medida, deberá hacerse cargo de los gastos que se desprendan por daños en los establecimientos.
El nuevo instructivo estuvo trabado en la Justicia hasta fines de junio de 2018. En ese momento, la Sala 2 de la Cámara resolvió dar lugar al recurso de amparo de la ciudad de Buenos Aires. Con el fallo, se resolvió que la responsabilidad por lo que suceda durante una toma sea de los padres.
El pico de tomas, en 2018, fue en la vigilia del debate por la legalización del aborto en Diputados. En ese momento, 12 colegios secundarios permanecieron tomados durante dos días. Luego, las ocupaciones fueron esporádicas.
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