
Cuando el presidente Mauricio Macri firmó el decreto 52, el más damnificado de los gremios docentes fue SADOP. El sindicato de los privados no solo se quedó, al igual que el resto, sin una paritaria nacional, sino que también perdió su lugar en la mesa de negociación.
Por ello, SADOP fue la única entidad en judicializar sus reclamos. Interpuso un recurso de amparo por la no convocatoria a la mesa de convenio y por la supuesta inconstitucionalidad del decreto 52, que derogó la paritaria nacional. La respuesta fue un revés para el gremio: primero el fiscal y ahora el juez desestimaron la cautelar.
Hasta el año pasado, los docentes privados se sentaban en la misma mesa con los otros cuatro gremios nacionales -CTERA, UDA, AMET y CEA-. Sin embargo, una vez firmado el decreto, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro sostuvo que, al tratarse de agentes privados, debían negociar con las cámaras del sector y no con el Estado.
"A nosotros no nos sorprende que rechacen la cautelar. Todavía no se pronunciaron sobre el amparo. Creemos que entre 30 y 50 días habrá novedades", dijo a Infobae Pedro Bayúgar, secretario gremial del sindicato.

Desde SADOP aseguran que no tienen con quién discutir. "La legislación dice que tenemos que sentarnos con quien negocia el salario mínimo, con el Estado. La ley de Educación Nacional dice que el salario de los docentes privados es igual al de los estatales", afirmó Bayúgar.
Con el mismo argumento, a SADOP también le cerraron las puertas de la negociación en la Ciudad de Buenos Aires. No pudieron ingresar a ninguna de las tres reuniones paritarias y todavía las acciones administrativas no les fueron favorables. Ahora en Capital también analizan llevar el reclamo a la justicia.
Otra buena noticia para el gobierno nacional
La buena noticia judicial para la cartera de Educación se suma a otra que se conoció post decreto, pero que se había emitido a fines del año pasado. El Juzgado de Primera Instancia de Trabajo N°60 falló en contra de UDA por el amparo presentado al Ministerio. El gremio rechazaba la negativa a llevar adelante una paritaria nacional en 2017.
El juzgado resolvió que el amparo no era la vía "idónea para resolver materias o cuestiones meramente opinables". Para UDA, no convocar a una paritaria nacional implicaba una conducta antisindical que afectaba el derecho a la negociación colectiva. El gremio apeló el fallo y ahora está en la Cámara.

A lo largo de la polémica por la paritaria nacional, el caballito de batalla del Gobierno fue la redacción "confusa" de la Ley de Financiamiento Educativo. En su artículo 10 habla de "convenio marco" y no de "paritaria" para acordar, junto a las entidades docentes nacionales, condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo y carrera docente. Aseguran que no les corresponde arreglar salarios porque son las provincias quienes los pagan.
Veinte días del decreto, además del excluido SADOP, el gremio mayoritario CTERA se ausentó a la mesa nacional. Quienes sí estuvieron fueron los titulares de UDA, AMET y CEA que, más allá de instir en su rechazo a no discutir salarios, acordaron el armado de tres comisiones que hoy ya trabajan: una de formación y capacitación, una de condiciones de trabajo y otra de ingreso a la docencia.
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