
Todo depende del contenido del docket list, ahí apuntan todas las miradas por estas horas, sobre todo las del gobierno argentino. Se trata de la lista de decisiones que publica la Corte suprema de los Estados Unidos y que se conocerá oficialmente el lunes al mediodía, aunque no se descarta que trascienda antes. Allí quedará plasmada la decisión del máximo tribunal de ese país sobre una causa contra la Argentina por la expropiación de la petrolera YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Una contienda judicial que ya lleva seis años y en la que el país podría perder hasta USD 3.000 millones. Aunque para eso falta: ahora se dirimirán cuestiones de jurisdicciones, o dónde debe seguir la causa, sin en EEUU o en la Argentina, como reclama el Gobierno.
El juicio lo lleva adelante Burford Capital, un gestor de litigios global al que suele llamarse "fondo buitre", porque compra juicios y acciona contra países. La demanda se origina con ex accionistas minoritarios de la petrolera, además de Repsol (a la que el kirchnerismo le pagó USD 5.000 millones en concepto de resarcimiento), quienes aseguran que fueron perjudicados con la expropiación.
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"La Corte tiene tres alternativas. La primera es rechazar el caso. En ese escenario vuelve a tribunales inferiores y todo comienza otra vez. La segunda es aceptarlo y todo sigue su curso en la Corte, con audiencias, escritos y demás. Rara vez ocurre esto: el Tribunal admite entre 100 y 150 casos de 7.000 que recibe cada año. La última alternativa, la más probable para mí, es que pida la opinión de solicitor general, que es preguntarle al gobierno de los Estados Unidos", describió Sebastián Maril, especialista en el tema y analista de Research for Traders.
Se presume que el solicitor general –Donald Trump, básicamente– se pondría del lado de la Argentina, pero no es una opinión vinculante para el tribunal. Ya pasó con los holdouts: el entonces jefe de Estado Barack Obama opinó a favor de la Argentina, pero no fue suficiente: la Corte igual rechazó el pedido del país. Si bien el solicitor general podría consultarle informalmente al Departamento de Estado y evaluar relaciones bilaterales, se trata de una opinión judicial, no política. ¿Podría pesar la voz de Trump? Sí, podría. En ese escenario, la consulta y la posterior decisión de la Corte sobre aceptar o no la causa se demoraría entre dos y tres meses más.
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Si se rechaza el pedido de Argentina –que la jurisdicción pase al país–, el fallo de primera instancia de Loretta Preska, la jueza del Distrito Sur de Nueva York que reemplazó a Thomas Griesa luego de su muerte, queda firme y comenzaría una serie de nuevas presentaciones e idas y vueltas judiciales. "En ese caso, Argentina e YPF estarían bastante mal paradas porque esa jueza, y una cámara de segunda instancia, ya fallaron en contra de la Argentina. Si es así, va a quedar un largo camino aún para saber si hay que pagar entre USD 1.000 y USD 3.000 millones y cómo será el proceso", detalla Maril.

Preska podría optar por un fallo monetario o avanzar hacia lo que se conoce como un discovery process, un proceso mucho más amplio que investigaría a todos los actores involucrados en el proceso de reestatización de la empresa.
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Antecedentes
En 2013, Burford le compró a la Justicia española el derecho a litigar de dos empresas quebradas, Petersen Energía y Petersen Inversora, que ya no pertenecían al Grupo Petersen local en ese momento.
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Luego, también se quedó con el 70% del juicio de Eton Park, otro accionista minoritario de YPF. Desde entonces es la cabeza del reclamo contra la Argentina. Burford pagó unos USD 15 millones para quedarse con esos derechos a hacer juicio, cosa que hizo, y en sus balances detalla que estima que obtendrá por el caso YPF unos USD 800 millones. Mientras tanto, va vendiendo parte de los derechos a terceros (menos de 30% de total) y ya ganó más de USD 130 millones en ese proceso. ¿Quiénes son los "socios" del estudio litigante en su cruzada en tribunales de los EEUU contra el país? Anónimos: otros fondos e inversores que creen que Argentina perderá y "apuestan" a eso con sus dólares.
Resta esperar la letra del docket list de la Corte.
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