Una Corte de Apelación del Segundo Circuito de Estados Unidos, compuesta por tres jueces, falló este martes en contra de la Argentina e YPF en una causa derivada de la estatización de la petrolera nacional.
El fallo estuvo en consonancia con uno anterior de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el histórico tribunal del fallecido juez Thomas Griesa, ahora a cargo de la jueza Loretta Preska, quien también había dictaminado contra el país en esta demanda cuyo monto superaría los USD 3.000 millones y que lleva adelante Burford Capital, un gestor de juicios global.
El tribunal falló en dos sentidos. Por un lado, asegura que, como pide el demandante, YPF tendría que haber realizado una OPA, o oferta pública de acciones, por el resto de las acciones no expropiadas. "Cuando la Argentina tomó control sobre la participación de 51% en Repsol en YPF mediante expropiación, incurrió en un negocio separado, y estaba obligada a hacer una oferta pública para el resto de las acciones de YPF en circulación", asegura el tribunal estadounidense. Además, no hace a lugar al pedido del país de dirimir la causa en la Argentina y no en EEUU.
"Ahora Preska va a consolidar esta causa con otra, que presentó Eaton Capital, fondo que al momento de la expropiación tenía el 15% de YPF. Puede haber negociaciones en el medio, pero es muy probable que el país no pague ahora y termine apelando a la Corte Suprema de EEUU, la última instancia. Es difícil especular si la Corte tomará el caso o no. Como sea, no verán la causa hasta antes de octubre y, eventualmente, podría haber un fallo recién en dos años", resumen Sebastián Maril, analista de Research for Traders.
"La inacción del gobierno anterior posibilitó este juicio. Hubo complicidad para que este reclamo prospere: se expropió sólo a Repsol y no se hizo la oferta pública al resto. Hoy el reclamo es cercano a USD 4.000 millones y va a haber más: creo que con todo que puede venir podría sumar más USD 10.000 millones", afirma Ricardo Paz Herrera, querellante en una causa contra Miguel Galuccio, ex presidente de YPF, y Axel Kicillof, ex ministro de Economía del kirchnerismo y director de la empresa, que lleva adelante el juez federal Ariel Lijo.
La causa
El caso comenzó a gestarse en 2015, cuando Petersen Energía y Petersen Inversora, dos empresas constituidas en España que tenían el 25% de la petrolera estatal, presentaron una demanda alegando que Argentina, como nueva propietaria de YPF, no había cumplido con el prospecto de la salida a la bolsa en Wall Street y no había realizado una oferta pública. Eso ocurrió luego de que las empresas quebraran y Burford le comprara a la justicia española el 70% de los derechos de litigar.
Burford pagó USD 17 millones por esa tenencia y ya vendió el 25% por USD 106 millones. O sea, le cedió (a grandes fondos cuyos nombres no trascendieron por el momento) la posibilidad futura de beneficiarse por un fallo contrario al país. Dada la extraordinaria ganancia que obtuvo, es evidente que los mercados esperan que eso finalmente suceda.
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