Vicentin: empresas exportadoras de granos y oleaginosas rechazaron la creación de una “empresa testigo” propuesta por Alberto Fernández

La cámara que nuclea a las empresas exportadoras de granos y oleaginosas rechazó los dichos del presidente Alberto Fernández respecto a que sería deseable crear una empresa testigo “que ordene el mercado” de alimentos a partir de la convocatoria de acreedores de Vicentin.

“En primer lugar no existe un mercado cartelizado sino que en argentina existe uno transparente con muchas empresas y cooperativas que compiten entre sí y que le han permitido al país ser un jugador mundial de relevancia más allá de los intentos intervencionistas contra la cadena agroindustrial”, argumentó la Cámara de la Industria Aceitera-Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC).

“En la Argentina operan más de 20 empresas en el rubro de exportación de maíz y trigo, siendo uno de los países del mundo con mayor grado de desconcentración de empresas exportadoras con amplia presencia de empresas argentinas, cooperativas e internacionales”, agregaron.

“Tampoco resulta razonable instaurar una empresa testigo dado que el gobierno tiene un control pleno. Por un lado publica el precio FOB, índice que es la referencia para pagar derechos de exportación, así como también difunde todos los días los precios y volúmenes de operaciones de mercado vía el siogranos. Además registra todos los contratos de exportación y los autoriza; cuotifica la exportación de maíz y trigo para permitir volumen suficiente de consumo nacional, y ejerce los plazos más cortos del mundo en ingreso de divisas”, atacó la cámara empresaria.

En una entrevista con Página 12, el presidente Fernández reactivó la semana pasada la polémica por Vicentin al señalar que si bien renunció al proyecto de estatización todavía mantiene el objetivo de utilizar la posibilidad de un cramdown para ganar injerencia dentro de la compañía.

“Una empresa testigo que te ordene el mercado no es algo menor (...) Nosotros en materia alimenticia tenemos que hacer algo que nos permita de algún modo intervenir para ordenar estas cosas. No se trata de la Junta Nacional de Granos, sino de buscar más herramientas. En su momento, la alternativa (de estatizar) Vicentin la descarté. En ese momento, dije lo descarto, porque era hacerle un favor a los acreedores, no a la Argentina”, había el jefe de Estado.

“Retrocedí de la estatización, pero seguimos trabajando la alternativa del cramdown y ahora hay un escenario donde, tal vez, podamos hacer algo. No digo que esté seguro, pero sí que tenemos un escenario más favorable que aquél”, había agregado Fernández.

Esas declaraciones causaron el rechazo de productores agropecuarios y del propio directorio de la empresa. Y ahora se suman las empresas exportadoras que comparten el mercado con la firma.

“La industria de molienda de soja está estancada hace diez años con la mitad de su capacidad ociosa debido a la falta de una política que promueva su cultivo e industrialización. Hoy la mayor carga tributaria de la economía argentina está sobre la cadena de valor de la soja y no hay tecnologías nuevas”, agregó el comunicado de Ciara-CEC.

“El Estado debería trabajar en resolver estos problemas para que el primer aportante de divisas del país crezca en lugar de disponerse a gastar los impuestos de los contribuyentes en operaciones de empresas privadas. Es importante recordar que el complejo agroexportador argentino representa un pilar fundamental para el comercio exterior del país. Tan sólo durante el mes de mayo las compañías del sector liquidaron USD 4.200 millones, una cifra récord que significó un 33% más que en abril y ascendió a USD 15.000 millones a lo largo del año”, sumó el texto.

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