
“Si las chances de que caiga granizo fueran del 20% nada más, ¿sacarías igual el auto a la calle?. Con la situación económica ocurre algo similar: las chances de una crisis fea todavía son bajas, pero es mejor resguardarse”.
Las palabras de un importante referente económico de la oposición ante un grupo de inversores reflejan el pensamiento de la mayoría de los analistas, que cree que el Gobierno se encamina a incumplir las pautas fiscales con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de este año. Y, más allá del FMI, a mayor déficit de las cuentas públicas, mayor inflación, en un escenario de por sí inestable, con una suba de precios que rondará el 80 por ciento en diciembre. De hecho, en los primeros cinco meses del año, el incremento del IPC informado por el Indec superó al registro oficial de Venezuela.
Por esta razón, para los economistas el barco se aleja cada vez más del puerto y por lo tanto el refinanciamiento del Gobierno quedará absolutamente sometido a la complacencia política de Washington.
El equipo económico (que cada día tiene menos apoyo interno, ante las críticas de la vicepresidente Cristina Kirchner y del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por diferentes razones) seguramente logrará un aval del directorio del FMI este viernes en relación a las metas del primer trimestre.

Sin embargo, tras la difusión de los datos fiscales de mayo –que mostraron que el gasto crece en forma sostenida unos 20 puntos por encima de la inflación- los expertos privados afirman que solamente la postura del Fondo de no ser señalado como el responsable de una aceleración de la crisis puede mantener el status quo.
En este sentido, el banco Itaú indicó que cabe esperar que “el FMI conceda un perdón si las desviaciones del segundo trimestre no son significativas, pero es probable que la credibilidad de las políticas económicas del país se vea aún más comprometida”.
Frente a la meta anual del déficit fiscal del 2,5% del PBI fijada con el Fondo –y que el organismo ratificó que no cambiará, aunque sea más flexible para que se postergue dentro del año- el Itaú estimó un rojo fiscal del 3,3% del PBI.
Esto significa, indicó el banco brasileño, que “los objetivos de monetización son más difíciles debido al bloqueo del acceso a los mercados internacionales y al reducido tamaño del mercado de capitales nacional, que ha empezado a mostrar menos apetito por los bonos del Estado”, tal como quedó demostrado en las últimas licitaciones en pesos.
Deterioro de las cuentas fiscales
“Se esperaba un deterioro de las cuentas fiscales debido al inicio de los pagos de nuevos bonos extraordinarios a los jubilados y a los trabajadores independientes e informales. El Tesoro agotó el límite acordado con el FMI para tratar como ingresos la diferencia entre el producto de la emisión de un bono y su valor nominal original. Estimamos que el déficit primario acumulado en los últimos 12 meses aumentó hasta el 3,5% del PIB, superior al déficit del 3% registrado en diciembre de 2021″, indicaron los expertos del Itaú.
“Si se excluyen los ingresos relacionados con las primas de emisión de bonos mencionadas anteriormente, el déficit primario de 12 meses se situó en el 3,8% del PBI”, precisaron.
En este sentido, indicaron que si bien la recaudación tributaria mejoró, “el crecimiento de los gastos primarios sigue siendo superior al de los ingresos fiscales”.
“Los gastos primarios aumentaron un 18,3% interanual en términos reales en el trimestre finalizado en mayo, tras aumentar un 16,8% en abril. Los programas sociales discrecionales aumentaron un sorprendente 71% interanual en términos reales en el período”, indicó.
“Los resultados de la cuenta fiscal se han desviado de la consolidación fiscal acordada con el FMI hace unos meses. El FMI indicó que se estaría discutiendo una modificación de la senda trimestral del déficit fiscal primario (y de la acumulación de reservas), mientras que Argentina mantendría sin cambios los objetivos del programa anual (es decir, un déficit fiscal primario del 2,5% del PIB para diciembre)”, concluyó el Itaú.
Al respecto, Gabriel Caamaño de Ecoledesma indicó que “Economía necesita que el Sector Público no financiero registre un déficit primario de menos de $ 100.000 millones en junio 2022 para no incumplir la meta fiscal del segundo trimestre del acuerdo con el FMI (firmado hace menos de tres meses) O inventan algo contable non santo y/o reformulan/sale waiver”.
“Para cumplir la meta original el déficit primario de junio de 2022 debería ser 2/3 del registrado el mismo mes de 2021, cuando además, entraron $24.000 millones extra por el aporte extraordinario. Léase, estamos en el horno con papas”, disparó Caamaño.
En esta sintonía, el estudio LCG señaló que “la meta fiscal acordada con el FMI establece un déficit primario no mayor a $ 566,8 mil millones en el segundo trimestre del año”.
“El contexto de una marcada aceleración de la inflación podrá impulsar una modificación en las metas nominales, pero todavía no se ha conocido ninguna corrección, aun cuando el Gobierno reconoció informalmente una mayor inflación y, por tanto, PBI nominal”, indicó el equipo de Guido Lorenzo.
“Corridos 5 meses del año el rojo suma $ 434,3 MM (0,56% del PBI) considerando los ingresos por las rentas derivadas de las colocaciones primarias, pero para el cumplimiento de la meta fiscal deberá considerarse la suma de $ 463 mil millones (0,6% del PBI) que no las incluye en su totalidad”, señaló.
“Sin el ́aporte ́ de las rentas de la propiedad, fundamentales en el cumplimiento de la meta del primer trimestre, no somos optimistas en cuanto a que el Gobierno logre aprobar la próxima revisión. Así, el compromiso de alcanzar un déficit primario en torno a 2,5% del PBI en todo el año luce cada vez más desafiante”, expresó.
“Las recientes expansiones del gasto y los compromisos futuros en materia de energía deberán cubrirse con menor gasto en otras áreas. Quedará ver qué sector sufrirá el ajuste”, concluyó LCG, haciéndose eco en términos técnicos de la pelea política que divide al oficialismo de cara a las elecciones del 2023.
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