En una industria en la que los proyectos se miden en décadas, la Argentina empieza a ganar lugar en el mapa global. Tras dos años en los que el país mostró mayor estabilidad macroeconómica y una renovada capacidad para atraer inversiones, logró posicionarse como destino para capitales globales dispuestos a financiar desarrollos de gran escala.
Ese cambio de clima se reflejó en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC), donde, frente a 1500 asistentes reunidos para el AmCham Summit, un mensaje dominó las presentaciones de líderes mineros y funcionarios: la Argentina registra hoy una atracción inédita de fondos globales dispuestos a financiar su desarrollo minero. “Nunca vimos un interés de multilaterales tan grande como el que estamos teniendo en Argentina”, afirmó Ignacio Costa, CEO de Río Tinto Lithium.
Por los tiempos que demanda la industria, la magnitud de las inversiones y la escala de los desarrollos, la minería es un sector de inversión intensiva a largo plazo. En ese contexto, entre empresarios y funcionarios predominó una mirada positiva sobre el impacto de los nuevos regímenes de inversión y el reordenamiento macroeconómico, que ubican al país ante una oportunidad histórica para transformar su perfil productivo y exportador.
La minera anglo-suiza Glencore opera en el país hace más de 30 años. Su CEO, Martín Pérez de Solay, detalló su hoja de ruta basada en proyectos de escala: la presentación al RIGI para los yacimientos Mara y Pachón, por un total de USD 13.500 millones —USD 4.500 millones en la mina Agua Rica (Mara) y USD 9.000 millones en Pachón—. Este despliegue permitiría, a partir de 2028, reiniciar la producción argentina de cobre y sostenerla “por hasta 70 años”.
El viraje, comentó el empresario, comenzó hace dos años, cuando Glencore observó una demanda global persistente de cobre y el inicio de cambios en la política económica argentina que brindaban previsibilidad a largo plazo: “Empezamos a ver una demanda global de cobre muy fuerte y una Argentina que empezaba a hacer cambios y que prometía mucho en términos estabilidad, ya que si un país es estable en sus cuentas, puede dar estabilidad a los proyectos y así ayudar a que las cosas crezcan”.
La meta, según expresó el ejecutivo, es pasar de parálisis a secuencia ordenada de proyectos: reiniciar Agua Rica en 2028, sumar fases productivas con Bajo la Alumbrera y Bajo el Durazno, y acelerar la construcción de Pachón, con miras a una primera etapa operativa en 2034. “Capturamos una oportunidad única con impacto tangible para las comunidades y las provincias donde trabajamos. La minería va a desarrollar el interior del país”, aseguró durante el evento organizado por la Cámara de los Estados Unidos en Argentina.
“Nunca vimos un interés de multilaterales tan grande como el que estamos teniendo en Argentina” (Costa)
La economía nacional —según el análisis compartido en la cumbre— depende crecientemente del aporte de divisas del sector minero, que registra un saldo exportador de USD 9 por cada USD 1 importado y lidera en salarios, formalidad y efecto multiplicador sobre proveedores y cadenas productivas locales. El desafío proviene hoy de la logística: la necesidad de más rutas y transporte eficiente hacia puertos, condición indispensable para canalizar el potencial de ventas externas.
América Latina, nuevos marcos regulatorios y el rol de los multilaterales
En 2025, la minería argentina marcó un récord nacional: más de USD 6.000 millones en exportaciones y casi el 7% de las ventas externas totales del país. El sector tiene potencial de triplicar estas cifras, proyectando entre USD 15.000 y 18.000 millones anuales en la próxima década, junto con la generación de más de 80.000 empleos directos y al menos 150.000 puestos inducidos en proveedores, logística y servicios.
Frente a un aumento en la demanda internacional de minerales, porque, según aseguran, “el futuro será eléctrico”, la Argentina tiene la posibilidad de aprovechar la oportunidad y no dejar pasar la posibilidad de “subirse al tren”.
A la demanda internacional se suma, como factor decisivo, la implementación del marco regulatorio que incentivó las inversiones de gran escala en el país. En este sentido, Costa, de Rio Tinto recalcó que el RIGI equipara la carga impositiva argentina con la de Chile y Perú, dos referentes globales en extracción de cobre, y que, a su vez, con recursos naturales similares, pero con mayor estabilidad macroeconómica y retenciones menores, atraían los desembolsos de la industria. “Todo se combina con una oportunidad internacional que exige energía eléctrica y reglas de juego claras”, señaló Costa.
El caso de Rio Tinto ejemplifica el nuevo clima: la firma anunció préstamos multilaterales para su proyecto de litio Rincón en Salta —una inversión total de USD 2.500 millones, con financiamiento de la IFC, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Japón por USD 1.700 millones—, y la ampliación de su laboratorio de operaciones a tres provincias: Salta, Jujuy y Catamarca. Estas regiones experimentan, según el número uno de la compañía, cambios en infraestructura y empleo, con “un efecto multiplicador de dos, tres y hasta cinco veces” en el desarrollo territorial.
La apuesta por la sostenibilidad a largo plazo exige adaptación y diálogo local. Newmont, que opera en cinco continentes, relató su repliegue momentáneo y su reciente planificación a cinco años para la mina Cerro Negro, en Santa Cruz, provincia que concentra la mayor parte de las exportaciones argentinas de metales.
La empresa volcó sus aportes mineros en fideicomisos municipales bajo gobernanza compartida, lo que permitió aumentar la conectividad al gas de la comunidad de un 44% al 96%. “La minería tiene la obligación de mirarse en el largo plazo, prevenir escenarios y crear espacios de entendimiento con las comunidades”, indicó María Eugenia Sampalione, Country Manager de Newmont.
El consenso entre alcaldes, gobernadores, directivos y legisladores presentes fue unánime: el futuro del desarrollo minero argentino requiere previsibilidad macroeconómica, marcos legales sólidos y una visión federal que articule los regímenes provinciales de compras y contrataciones. El fortalecimiento de infraestructura y la estabilidad de reglas son condición necesaria para transformar el superávit actual en un crecimiento sostenido y distribuidor de riqueza.
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