
Una inspección técnica realizada por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) confirmó la afectación a la quebrada El Naranjo, en el corregimiento de Trinidad, distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste, como resultado de actividades de minería ilegal detectadas en la zona.
El hallazgo se suma a una serie de acciones recientes orientadas a contener los delitos ambientales que impactan directamente los recursos hídricos y los ecosistemas del país.
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La intervención se produjo en atención a un oficio de la Fiscalía de Capira, tras la aprehensión de dos ciudadanos por unidades de la Dirección Nacional de Investigación Judicial (DIJ).
Los sospechosos fueron sorprendidos mientras realizaban extracción de material dentro de la fuente hídrica, y durante el operativo se les decomisaron herramientas utilizadas en estas prácticas, entre ellas bateas, palas, cubos y una barra de acero.
Un equipo técnico de la Dirección Regional de MiAmbiente en Panamá Oeste, a través de la sección de Verificación y Desempeño Ambiental, se trasladó hasta la comunidad de La Florida, específicamente a la finca Los Palmitos.
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Esta área forma parte del Programa de Incentivos Económicos Ambientales de la Autoridad del Canal de Panamá, lo que añade un componente adicional de relevancia estratégica por su vinculación con la protección de cuencas hidrográficas.
De acuerdo con el informe técnico, la inspección permitió evidenciar la alteración del cauce natural de la quebrada, producto de la remoción de material dentro del lecho. Esta intervención generó sedimentación en el agua, afectando su calidad y modificando el comportamiento natural del flujo.
Además, se constató que el cauce fue redireccionado aproximadamente tres metros desde su orilla original debido a la acumulación de material rocoso.
Los hallazgos confirman un impacto negativo directo sobre el ecosistema, comprometiendo la calidad del recurso hídrico y generando efectos que podrían extenderse a otras áreas cercanas.
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El documento será remitido a la Personería Municipal de Capira, a la Autoridad del Canal de Panamá y a la Oficina de Asesoría Legal de MiAMBIENTE en Panamá Oeste, con el objetivo de dar continuidad a las acciones legales y administrativas correspondientes.
Donoso, Colón
En paralelo, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) ha intensificado sus acciones de vigilancia en el Área de Recursos Manejados Donoso y Omar Torrijos Herrera, en la provincia de Colón. Guardaparques de MiAMBIENTE sostuvieron una reunión con el Equipo Multidisciplinario Especializado (EME ambiental) para intercambiar información sobre reportes de minería ilegal y otras afectaciones a los recursos naturales.
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Durante este encuentro se analizaron diversas denuncias sobre posibles delitos ambientales, lo que permitió corroborar datos y fortalecer los mecanismos de monitoreo y control. Además, se planificaron estrategias operativas orientadas a identificar rutas utilizadas para el desarrollo de estas actividades ilícitas y a mejorar la coordinación entre instituciones.
Como parte de las acciones en campo, se realizó un recorrido por sectores como Villa del Carmen, El Embarcadero y Sardina, donde los guardaparques también sostuvieron encuentros con residentes de las comunidades. En estos espacios se brindó orientación sobre permisos de roza y , en un esfuerzo por prevenir incendios de masa vegetal y promover prácticas más sostenibles.
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Hay que recordar que en el área de Donoso y Omar Torrijos se ubica la mina de cobre que fue operada por Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals. La operación permanece suspendida desde finales de 2023, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia, mientras avanza una auditoría ambiental que será clave para definir el futuro de la extracción minera en esa zona.

Las autoridades ambientales han reiterado que mantendrán una vigilancia constante y permanente para prevenir, detectar y minimizar los delitos contra el ambiente, en especial aquellos relacionados con la extracción ilegal de recursos.
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Este tipo de actividades no solo genera daños inmediatos, sino que también compromete la sostenibilidad de los ecosistemas y la disponibilidad de agua para las comunidades.
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