El costo del paro: cuáles son los sectores más afectados y los que no podrán recuperar las pérdidas

El paro general de este 19 de febrero generó un impacto económico estimado en USD 489 millones y golpeó de manera directa e indirecta a todos los sectores de la economía. La medida de fuerza afectó tanto la producción de bienes como la prestación de servicios y tuvo un efecto transversal que se extendió más allá de las actividades que adhirieron formalmente.

Algunos sectores podrán recuperar parte de las pérdidas en el corto plazo; otros lo harán más adelante, mientras que hay actividades que no lograrán revertir lo perdido durante la jornada. La diferencia depende, en gran medida, de la posibilidad de reprogramar ventas, turnos o procesos productivos.

Entre los rubros más afectados se encuentran la industria manufacturera, la construcción, el comercio y los servicios de enseñanza y salud, según reportó el Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). El cálculo del costo representó el 0,8% del Producto Bruto Interno (PBI) mensual y equivale al 17,3% de la producción diaria.

En términos prácticos, el dato implica que casi una quinta parte de lo que el país produce en un día hábil quedó interrumpida o directamente no se generó. Si bien parte de esa actividad puede reprogramarse, otra fracción se pierde de manera definitiva.

Impacto sector por sector

Entre los sectores que prácticamente no sufrieron consecuencias o podrán compensar lo perdido en el corto plazo son aquellos vinculados a servicios digitales o actividades remotas. En tanto, la mayor parte del daño recayó sobre actividades presenciales vinculadas a la producción física de bienes y a servicios esenciales que dependen de la continuidad diaria para sostener ingresos y operaciones.

La industria manufacturera apareció entre las más perjudicadas, ya que la producción que se frenó durante el día no podrá compensarse completamente en el futuro. En muchas plantas industriales, la paralización implica detener líneas completas, reorganizar turnos y absorber costos fijos sin generación de ingresos.

La construcción también enfrentó la interrupción de obras y la pérdida de jornadas laborales imposibles de recuperar en el corto plazo. En este sector, la discontinuidad afecta tanto a empresas, como a trabajadores, dado que la productividad depende del avance diario de cada proyecto.

El comercio registró pérdidas significativas. El informe estima que solo el 30% de las ventas no realizadas podría recuperarse en los días siguientes, principalmente en bienes durables o compras postergables. Sin embargo, en actividades vinculadas al consumo inmediato el impacto es mayor. En el caso de los restaurantes, por ejemplo, la proyección indicó que “recuperarán un 0% de lo que no se venda hoy”.

En los sectores de educación y salud, la suspensión de actividades provocó pérdidas que, en su mayoría, tampoco tendrán posibilidad de recupero pleno.

El estudio reveló que la interrupción del transporte público —colectivos, trenes y subtes— agravó la situación y multiplicó el efecto económico negativo. “Incluso empresas y comercios que no adhirieron a la medida vieron limitada su operatoria por la dificultad de traslado de empleados y clientes”.

De hecho, el informe aseguró que si el transporte hubiese funcionado con normalidad, el costo estimado del paro habría descendido a USD 180 millones. Es decir, más de la mitad del impacto económico estuvo asociado de manera directa a la paralización de la movilidad urbana.

Las proyecciones de la UADE, elaboradas en base a paros previos y ajustadas por la menor actividad habitual de febrero, indicaron que el 60% de lo perdido durante la jornada podría recuperarse dentro del mismo mes. El 40% restante, en cambio, se consideró irrecuperable para el sistema productivo.

El paro general de este 19 de febrero se ubicó entre los de mayor impacto económico de los últimos años, aunque por debajo del registrado en mayo de 2024, cuando la afectación del transporte y la actividad industrial fue aún más amplia.

Según el estudio, el rango de pérdidas finales puede variar entre USD 400 y USD 600 millones, dependiendo del grado de acatamiento efectivo y del nivel de afectación de los servicios esenciales.