
La Comisión Nacional de Valores (CNV) formalizó la apertura de un sumario administrativo contra Andreas Ignacio Keller Sarmiento, quien se desempeñó como director titular de Celulosa Argentina S.A. hasta septiembre de 2025. La medida, dispuesta mediante una resolución reservada de firma conjunta, investiga una serie de operaciones de venta de acciones de la compañía por más de $4.500 millones que el exdirectivo realizó en un contexto de grave deterioro financiero de la empresa, el cual aún no era de conocimiento público.
La maniobra, calificada técnicamente como “insider trading” o uso indebido de información privilegiada, habría permitido a Keller Sarmiento eludir un perjuicio económico estimado en más de $3.571 millones.
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En septiembre de 2025, casi la mitad de la papelera había sido vendida a Esteban Antonio Nofal, titular de CIMA Investments, quien asumió el control mayoritario de la firma mediante la adquisición de 452,6 millones de acciones clase B, que representan el 45,5% del capital social, a cambio de un valor simbólico de un dólar.
La transacción desplazó al fondo Tapebicuá Investment Company, conformado por José Urtubey —hermano del exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey—, Douglas Albrecht, Juan Collado y otros accionistas. Según lo comunicado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), Nofal compró 452,6 millones de acciones clase B, equivalentes al 45,5% del capital social.
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El origen de la investigación
El expediente se originó tras un monitoreo de mercado que detectó una volatilidad inusual en la especie CELU (acciones de Celulosa Argentina) entre finales de 2024 y principios de 2025. Lo que llamó la atención de los técnicos de la CNV no fue solo el volumen de las operaciones, sino el perfil del vendedor.
Keller Sarmiento, quien formaba parte del Directorio de la sociedad desde 2009 con un marcado perfil financiero, comenzó un proceso de desinversión masivo en octubre de 2024. Según la resolución, durante el año previo a esa fecha, el directivo no registraba antecedentes de operatoria con acciones de la empresa, lo que marca un “patrón de conducta que difiere de su accionar posterior”. En un lapso de apenas cinco meses, se desprendió de aproximadamente el 60% de su tenencia accionaria, de acuerdo al documento oficial.
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Las cifras de la maniobra: $4.520 millones en ventas
La CNV reconstruyó minuciosamente el cronograma de ventas ejecutado por el entonces director. La magnitud de la desinversión se desglosa en cinco períodos clave:
- Octubre de 2024: Venta de 22,5 millones de acciones por un valor aproximado de $238,7 millones.
- Noviembre de 2024: Venta de 164,5 millones de acciones por un total de $1.603,1 millones.
- Diciembre de 2024: El mes de mayor volumen, con 235 millones de acciones vendidas por $2.267,3 millones.
- Enero de 2025: Venta de 7,5 millones de acciones por $68,3 millones.
- Febrero de 2025: Último tramo de ventas por 44 millones de acciones, totalizando $342,7 millones.
En total, Keller Sarmiento liquidó 473.571.300 acciones por un monto de $4.520.531.544,23. La investigación destaca que estas ventas se realizaron mientras la empresa enfrentaba una “tensión financiera” caracterizada por la falta de liquidez para afrontar el pago de obligaciones negociables y cheques de pago diferido.
Vender antes del colapso
El núcleo de la acusación reside en que Keller Sarmiento habría utilizado su posición para vender antes de que el mercado conociera la profundidad de la crisis de Celulosa. La CNV determinó que la problemática de liquidez era de conocimiento interno del Directorio y los gerentes principales desde octubre de 2024. Mientras los directivos y gerentes mantenían reuniones constantes para buscar soluciones a la duplicación de costos fijos y la imposibilidad de acceder al crédito, el público inversor seguía operando bajo una percepción de estabilidad.
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Un dato revelador en la resolución es el contraste entre lo que el exdirector declaró y lo que el resto de sus colegas afirmaron. Keller Sarmiento sostuvo en su declaración informativa que recién tomó conocimiento de los problemas de liquidez los días 7 u 8 de febrero de 2025. Sin embargo, la Gerencia de Administración y Finanzas y el resto del Directorio confirmaron que el deterioro era “muy marcado” desde finales de 2024 y que el investigado, por su perfil financiero, participaba activamente en todas las reuniones relevantes y era informado de todas las decisiones importantes.
La resolución es tajante al respecto: “La manifestación tardía en tomar conocimiento de los problemas de liquidez de la Sociedad podría deberse a una estrategia para eludir y desviar el análisis de la existencia de un posible uso indebido de información privilegiada”.
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La “ventaja” económica del <i>insider</i>
Para dimensionar el beneficio obtenido por el uso de información no pública, la CNV realizó un cálculo económico comparativo. Si Keller Sarmiento hubiera mantenido sus acciones hasta el 1 de septiembre de 2025 —fecha en que la empresa informó formalmente su presentación en concurso preventivo— el valor de sus acciones habría sido de apenas $949,5 millones.
Al haber vendido anticipadamente entre octubre y febrero, obtuvo $4.520,5 millones. La diferencia arroja un “potencial perjuicio económico evitado por el Sr. Keller Sarmiento en el orden estimado de $3.571.021.087”. Esta cifra representa el costo que el mercado (otros inversores sin acceso a la información interna) absorbió al comprar acciones que estaban a punto de desplomarse.
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Justificaciones desestimadas y reinversión de fondos
En su defensa, el acusado argumentó que las ventas respondieron a “necesidades patrimoniales personales” vinculadas a otras inversiones y a la cancelación de créditos bancarios y familiares. Sin embargo, el análisis contable de la CNV desmintió esta versión. El organismo constató que del total de $4.520 millones obtenidos, el exdirector solo transfirió a sus cuentas personales el 8,41% ($380 millones). El 91,59% restante ($4.140 millones) habría sido invertido en otros instrumentos del mercado de capitales.
Para los investigadores, esto demuestra que la desinversión no fue por necesidad urgente de dinero, sino una decisión estratégica para “migrar a inversiones de menor riesgo” utilizando la ventaja informativa que poseía.
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Incumplimientos normativos y deber de abstención
Además del presunto insider trading, la CNV le imputa a Keller Sarmiento y a Celulosa Argentina el ocultamiento de estas operaciones. Según la normativa, un director debe informar cualquier cambio en su tenencia accionaria antes del día 15 del mes siguiente. En este caso, las ventas realizadas desde octubre de 2024 recién fueron informadas de forma extemporánea el 27 de mayo de 2025, y solo después de que la CNV lo requiriera expresamente.
De probarse, esto implicaría un apartamiento del deber de lealtad y diligencia. La Ley de Mercado de Capitales (Ley N° 26.831) establece con claridad en su artículo 102 que cualquier persona que tenga acceso a información sobre un hecho aún no divulgado que pueda afectar la cotización debe “guardar estricta reserva y abstenerse de negociar hasta tanto dicha información tenga carácter público”.
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La resolución concluye que la conducta de Keller Sarmiento dañó la transparencia y la confianza de los inversores. Al respecto, el documento cita doctrina judicial que advierte: “El insider trading destruye de manera decisiva la confianza de quienes acceden a los mercados de valores... pues si quienes cuentan con información que no es accesible al resto pueden aventajarlos, el ahorro público se derivaría hacia otras inversiones”.
Próximos pasos del sumario
Frente a esta situación, la Comisión Nacional de Valores resolvió iniciar un sumario administrativo contra Andreas Ignacio Keller Sarmiento, quien era director titular de Celulosa Argentina S.A. al momento de los hechos, por presunto incumplimiento de diversas disposiciones de la Ley de Mercado de Capitales y de la normativa vigente.
Se fijó una audiencia preliminar para el 31 de marzo de 2026 y se designó como responsable del sumario a la doctora María Cynthia Pastor, a cargo de la Subgerencia de Sumarios por Incumplimientos Normativos.
La gravedad del caso radica no solo en el monto récord de la operación bajo sospecha —más de $4.500 millones— sino en la jerarquía del funcionario involucrado, cuya responsabilidad era, precisamente, velar por la transparencia de la compañía ante el mercado de capitales.
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