El Organismo de Investigación Judicial allanó este miércoles el asilo Hogar Manos de Jesús en Cartago, Costa Rica por una investigación sobre presuntos maltratos a adultos mayores, posibles delitos patrimoniales y anomalías vinculadas con la muerte de algunos residentes. En el centro viven entre 75 y 80 personas mayores.
De acuerdo con fuentes judiciales, cerca de la mitad de los residentes recibían subsidio estatal. Esas mismas fuentes indicaron que la valoración médica de los adultos mayores contempla primero su traslado al Hospital Max Peralta y, después, la definición de los hogares a los que serán remitidos; por el momento, tres serán enviados al Hogar de Ancianos Carlos María Ulloa, en Goicoechea.
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El operativo comenzó cerca de las 9:00, y sorprendió a familiares, visitantes y vecinos por el despliegue de agentes judiciales, oficiales de la Fuerza Pública y personal de varias instituciones. En las diligencias participaron la Cruz Roja Costarricense, el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Cartago y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor.
Entre los objetivos del allanamiento figuran la encargada del centro, varios cuidadores, una trabajadora social, una doctora y el presidente de la junta directiva de la institución. Hasta el momento han sido detenidas cinco personas.
La investigación incluye denuncias por castigos, falta de alimentación y muertes bajo revisión
La investigación se originó hacia finales de 2025, cuando un residente del hogar denunció supuestas irregularidades dentro del centro. Esa denuncia menciona presuntos maltratos físicos y psicológicos, alimentación inadecuada y castigos contra adultos mayores que reclamaban por la vulneración de sus derechos.
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La investigación precisa, que a algunos residentes “no se les alimentaba de la manera idónea, además si los adultos mayores realizaban reclamos cuando se violentaban sus derechos, los dejaban sin comer e incluso los encerraban en un cuarto de castigo por una semana o más tiempo”.
Uno de los focos principales de las autoridades judiciales es aclarar el fallecimiento de algunos residentes del lugar. El objetivo es determinar si existió alguna actuación que pueda considerarse delictiva.
Las autoridades también investigan aparentes agresiones y posibles condiciones irregulares en las que habrían permanecido algunos adultos mayores dentro del asilo.
Un familiar relató restricciones, silencio institucional y sospechas sobre el trato a su madre
Cinthia Ortega contó que su madre, Blanca Solano, está internada en el hogar intervenido por las autoridades. Solano tiene 68 años y entró al centro en noviembre de 2024; cuatro meses después, su familia comenzó a detectar irregularidades, según el mismo testimonio.
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Ortega relató que sus sospechas comenzaron durante una visita, a partir del comentario de otro residente: “En una visita se acercó un señor y dijo: ‘¿Blanquita por qué no habla?’. Eso mismo pensé. Luego el señor agregó: ‘Es que a doña Blanca le pegan, la maltratan’. Quedé impresionada y pregunté por qué hacían eso con mi mamá”.
Sobre la decisión de denunciar, Ortega agregó: “Se lo comenté a mi hermana. Ella se movió con las autoridades y ahora estamos en esto. Ojalá lo cierren, porque son muchos los adultos mayores que sufren”.
La mujer también describió lo que observó en el estado de su madre y la respuesta que recibió del personal del asilo. “Nos ha dolido mucho ver esta situación, porque desde el primer día que vine a visitarla sentí que algo pasaba”.
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En esa misma declaración, Ortega afirmó: “Ella no hablaba, no caminaba y permanecía encogida. Yo decía: ‘¿Qué está pasando?’. Pedimos explicaciones sobre lo que ocurría, pero no nos quisieron decir nada”. También aseguró: “En las visitas nos prohibieron ingresar celulares y tampoco nos informaban sobre su estado de salud”.
Según su relato, al principio las visitas duraban una hora y en ese periodo no había advertido con claridad lo que ocurría. Más tarde, tras escuchar la acusación de otro adulto mayor, percibió “mucha vigilancia” y “un constante movimiento de empleados de un lado a otro”.
Las diligencias continúan mientras las autoridades recogen documentos, realizan entrevistas e inspeccionan permisos de funcionamiento del centro.
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