Guerra por las tasas: el Gobierno expuso a los intendentes y creó un mapa para mostrar quiénes son los que más cobran

El fuerte incremento en la Tasa de Protección Ambiental que aplicó el intendente de Pilar, Federico Achával, días atrás mediante una ordenanza municipal volvió a poner el ojo del equipo económico en lo que sucede a nivel subnacional con respecto a la presión impositiva, cuando ellos procuran bajarla. Luego de semanas de cruces en redes sociales, el Ministerio de Economía lanzó este miércoles un portal de Transparencia Tributaria Municipal que expone a los diferentes distritos respecto de qué tasa cobran, cuánto y a qué sectores económicos.

“Con el propósito de fortalecer la transparencia fiscal en el ámbito de los gobiernos locales, el Ministerio de Economía publica el portal de Transparencia Tributaria Municipal, una herramienta que reúne información tributaria de los municipios de todo el país”, destacó Economía en su cuenta oficial de X.

El portal, que se basa en un mapa de la Argentina, identifica qué tasas se cobra en cada municipio, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y da cuenta de aspectos relevantes como las bases imponibles y las alícuotas aplicables. A la par de que permite realizar comparaciones entre jurisdicciones “con el objetivo de promover la transparencia fiscal y facilitar el análisis de los sistemas tributarios municipales”.

Si bien los funcionarios de Casa Rosada aconsejan a los ciudadanos no comprar en Pilar -o Lanús, el año pasado, por ejemplo- y hacerlo en municipios cercanos a un precio más barato, puertas adentro del Palacio de Hacienda no mantienen el mismo discurso. Como ya contó Infobae, la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini cree que hay que cobrarle a las empresas los quebrantos impositivos que actualizaron por la inflación, a pesar de que hay una ley que lo permite. Lo que se traduce para las compañías en un costo igual o mayor que el de una tasa ambiental.

El mapa de Caputo

Así, en el caso de la provincia de Buenos Aires, el portal identifica los municipios que cobran la tasa vial, a entidades financieras, a actividades primarias, industrias e hipermercados. Y con colores identifican la alícuota que se aplica: en el caso de esta última, mientras que Pilar cobra un 4,5% y está en naranja, Lanús —donde gobierna Julián Álvarez— se encuentra en rojo con un 6%.

En el caso de la Tasa de Seguridad e Higiene para industrias expusieron que el municipio de San Vicente, La Plata, Jose C. Paz, Ensenada, Berisso cobran una tasa del 1% sobre los ingresos brutos mientras que en el otro extremo se ubica Presidente Perón con 0,2% e Ituzaingo con 0,5%. Y también la tasa vial que en el caso de Pinamar y General Pueyrredón alcanza una alícuota del 3%.

Lo mismo hacen con Santa Fe, en donde identificaron la tasa vial en cuatro municipios, entre los cuales están Capitán Bermúdez, Funes, Granadero Baigorria y Rosario. Aunque en este caso todos los focos están en lo que sucede con las entidades financieras donde se cobra una Tasa de Inspección Seguridad e Higiene: que va desde una alícuota del 0,82 % (sobre la diferencia entre el total de la suma del haber de las cuentas de resultado y los intereses y actualizaciones pasivas) en el caso del municipio de Esperanza hasta del 7,5 % en Villa Constitución (sobre el total de la suma del haber de las cuentas de resultado).

En el caso de Misiones, respecto a la tasa de Inspección, Seguridad e Higiene sobre la industria, marcaron que hay cuatro municipios que cobran la alícuota sobre ingresos brutos que van desde 1,2 % en Puerto Iguazú hasta 0,5 % en Oberá y Posadas.

Pese a ello, Caputo se encuentra atado de manos respecto a las tasas municipales, ya que se encuentra en el terreno de los intendentes, donde no tiene facultades para actuar. Aunque se espera que con la “reforma tributaria estructural” que se prometió para este año exista una especie de Pacto Fiscal, como sucedió con Mauricio Macri, pero que esta vez sí se cumpla.

La cuestión de Ingresos Brutos

Este fue uno de los puntos por los que el sector privado le consultó al Ministro durante su participación en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP). Se trató de una pregunta que realizaron a propósito desde una de las cámaras ligadas al consumo para dejar expuesto el tema, pero también a Caputo.

Le preguntaron si la reforma tributaria contemplaba un acuerdo con los gobernadores para que bajen el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB), el principal mecanismo de recaudación de las provincias, pero que golpea fuertemente al sector privado por los saldos a favor que se forman por los regímenes de retención anticipada. A lo que el ministro se vio expuesto a contestar que no.

Es que se trata de un impuesto sobre el que tienen potestad los gobernadores y es su principal mecanismo de financiamiento. Una cuestión que saben en el equipo económico y en donde apuntan, sobre todo, a lo que se cobra por las operaciones bancarias.

La promesa de reforma tributaria

Al término de este año, habrán pasado ya dos ejercicios sin que el Ejecutivo haya avanzado en un proyecto de reforma tributaria. La última vez que el presidente Javier Milei habló del tema fue durante una cadena nacional por el primer año de gestión. En ese marco, había asegurado que los equipos técnicos estaban definiendo los últimos detalles de una propuesta en donde se eliminarían la mayoría de los impuestos que no tienen peso en la recaudación total.

Pero de cara a las sesiones extraordinarias que convocó el Gobierno, se tomó la decisión de, en una primera etapa, avanzar con el presupuesto 2026, el de Inocencia Fiscal y la reforma laboral, que si bien incluye cambios en materia impositiva, no es una reforma tributaria. Los especialistas aseguran que los cambios previstos apuntan a bajar el costo para las grandes empresas. Uno de los cálculos que realiza el peronismo es que con la medida de baja de la alícuota al impuesto a las Ganancias de Sociedades solo se beneficiarían 144 empresas.

Hasta el momento, poco se sabe de la reforma tributaria estructural que presentaría el Gobierno, dicen, a fines del primer trimestre de 2026. Aunque fue Caputo quien adelantó que no hay que hacerse ilusiones al respecto, ya que no se puede afectar el superávit fiscal. “El impuesto al cheque, alrededor de 1,5% del PBI, las retenciones 1,2% (...). Son todas cosas que hoy no podemos darnos el lujo porque de corto plazo implica romper el ancla fiscal”, marcó el titular del Palacio de Hacienda durante su participación en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires semanas atrás.