Jubilaciones: quiénes recuperaron poder adquisitivo y cuánta brecha queda tras dos años de presidencia de Milei

Desde diciembre de 2023, con la llegada de Javier Milei y una inflación de 25,5% en ese mes (que no descendió de los dos dígitos mensuales hasta abril de 2024), la política monetaria contractiva del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la recuperación del superávit fiscal se consolidaron como ejes para intentar no seguir deteriorando el poder de compra de jubilados y pensionados, y fortalecer las partidas para asignaciones familiares.

Al cabo de dos años de Gobierno, aumentó el ingreso real de casi un tercio de los jubilados y pensionados que ingresaron al sistema tras cumplir los años de aportes y la edad mínima. El alza fue aún mayor para los perceptores de asignaciones familiares, especialmente quienes reciben la Asignación Universal por Hijo. En cambio, quienes ingresaron mediante moratorias o planes para adultos mayores sin historia laboral sufrieron un deterioro en sus ingresos.

Durante la presidencia de Alberto Fernández, los titulares de la jubilación mínima recibieron incrementos superiores al resto gracias a un bono complementario otorgado en marzo de 2020 para contener los efectos de la crisis de Covid-19 y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Ese bono, equivalente al 9,4% del haber base al inicio, se fue actualizando periódicamente y llegó a representar 52% al finalizar el mandato.

Con la llegada de Javier Milei, ese suplemento se actualizó en marzo de 2024, pasando de $55.000 a $70.000, manteniendo la relación del 52%, pero al quedar congelado hasta el presente fue perdiendo relevancia, hasta alcanzar solo 21 por ciento.

Hasta el primer trimestre de 2024, la partida previsional experimentó una caída en términos reales, ante la aceleración de la alta inflación y los ajustes pautados por la anterior Ley de Movilidad.

Desde abril de 2024, las actualizaciones comenzaron a ubicarse por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec en el período de percepción, tras la suspensión de la Ley de Movilidad a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70 e implementar aumentos mensuales basados en la variación del IPC de dos meses antes que en general fue más alta.

El Gobierno también apuntó a reducir la diferencia con quienes perciben haberes superiores a la mínima, grupo integrado por beneficiarios que cumplieron con los 30 años de aportes y la edad reglamentaria (60 para mujeres, 65 para varones), que equivale al 32% del total.

Por un lado, en abril de 2024 dispuso un aumento diferenciado de 27,4%, mientras que para el resto fue de 18%, al quedar fijo el monto del bono.

En los primeros 24 meses de gobierno de Milei, hasta noviembre de 2025, los beneficiarios de la mínima más el suplemento de $70.000 recibieron un aumento nominal de 224,4%, frente a una inflación acumulada de 248,6%, lo que significó una pérdida de 6,9% en su poder de compra. En contraste, aquellos con haberes superiores al mínimo recuperaron 9,5% de poder adquisitivo acumular ajustes del 281,7%. El incremento promedio ponderado para el total de jubilados y pensionados fue de 1,3% en el último bienio.

Durante la última administración de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, los haberes previsionales sufrieron una reducción real: 6,6% para quienes recibieron el haber mínimo más bono y 34,4% para quienes percibieron el resto de las escalas, con una pérdida promedio ponderada del 22,9% entre extremos.

Para igualar el nivel del poder de compra que tenían en noviembre de 2019, el haber mínimo debería subir 15,4% en términos reales y los tramos superiores un 39 por ciento.

El Gobierno sostiene que ese desfase solo podrá cerrarse mediante una reforma previsional y laboral que fomente la contratación de trabajadores registrados en relación de dependencia en el sector privado y revierta el déficit estructural del sistema, profundizado durante las gestiones kirchneristas (2003-2015 y 2019-2023).

Las moratorias implementadas en estos períodos elevaron el número de jubilados y pensionados de 3,3 millones a 6,9 millones, mientras que la cantidad de aportantes pasó de 8,7 millones a 12,7 millones de trabajadores.

De esta manera, la relación de aportantes por beneficiario cayó de 2,6 en 2006 (antes de la primera moratoria) a algo más de 1,7 en la actualidad, en un sistema que requiere un mínimo de tres trabajadores activos por cada beneficiario para ser sustentable y honrar un haber equivalente al 82% del ingreso promedio de los trabajadores.

Ejecución presupuestaria

En materia presupuestaria, los informes de la Secretaría de Hacienda revelan que tras la crisis de 2020, la aceleración inflacionaria y la vigencia de la vieja Ley de Movilidad hasta marzo de 2024, el gasto previsional real cayó 30% en un trimestre.

Posteriormente, la recuperación de la actividad económica y la desinflación permitieron que en octubre de 2025 (último dato) el pago de jubilaciones y pensiones superara en 9,5% el de noviembre de 2023 y en más de ocho puntos porcentuales al promedio de las subas de haberes, debido principalmente a la aceleración en el pago de sentencias judiciales por parte de la Anses y en menor medida, por el crecimiento vegetativo de los beneficiarios con haberes superiores al promedio.

La evolución de los haberes previsionales y el desafío de recomponer el poder adquisitivo real que tenían antes del último gobierno populista siguen generando tensión social y política, con ajustes que no logran revertir por completo la pérdida acumulada y reformas que postergan una solución estructural.

La brecha vigente en el poder de compra refuerza el reclamo de una actualización integral del sistema previsional, en busca de una solución de largo plazo que aún no se vislumbra.