Impuestos y combustibles: cómo se encarecen la nafta y el gasoil por las tasas municipales

Los vaivenes en el precio del barril Brent, impulsada por la reciente escalada del conflicto en Medio Oriente, provocó un aumento directo en el precio de los combustibles en la Argentina. La nafta registró un alza del 6% desde el inicio de la crisis internacional, según la consultora Eco Go, pero el incremento no fue homogéneo en todas las estaciones de servicio a lo largo del país. Pero el contexto internacional se ve agravado por la aplicación de tasas municipales que hacen que se generen diferencias adicionales entre las distintas provincias y municipios.

La tasa vial se consolidó como un componente clave en la estructura de precios. Los municipios pueden optar por aplicar el recargo como un porcentaje sobre el valor de venta al público o como un monto fijo en pesos por cada litro de combustible expendido. Esta autonomía local genera una dispersión relevante en el costo final que pagan los usuarios, dependiendo de la localidad donde cargan combustibles. A la que ahora se suma la volatilidad del barril de petróleo que, tras la escalada a USD 119 el lunes, al cierre de esta nota, bajó a 88,54 dólares.

En medio de la pelea del Gobierno Nacional con los intendentes por la creación o aumento de las tasas, además de exigir que las estaciones de servicio coloquen una leyenda en los surtidores que indique a los clientes que se cobra la tasa vial en ese municipio, en la página de la Jefatura de Gabinete se creó un portal para que los consumidores puedan ver lo que les cobran, como también reportarlo.

Entre los ejemplos más extremos de tasa vial aparece la provincia de Neuquén, en donde ocho municipios cobran un recargo del 4,5% sobre el precio de cada litro de combustible. Entre los que se destacan Centenario, Cutral Co, Junín de los Andes, Neuquén, Plaza Huincul, Plottier, San Martín de los Andes y Senillosa. Pero no se trata de la única provincia, sino que se aplica la misma alícuota en Cipoletti, Río Negro. En un rango menor, se ubican diferentes municipios de Jujuy, como San Pedro, San Salvador de Jujuy y Yala, en donde se cobra una tasa vial del 1,8 por ciento.

Conurbano bonaerense

En la provincia de Buenos Aires, el municipio de Colón, General Pueyrredon y Pinamar cobra una tasa del 3% sobre el precio de venta, que es la mayor en términos porcentuales. Luego le siguen Pilar, Moreno y Azul, en donde se abona una alícuota levemente inferior al 2,5%. Estas cifras, aunque menores a lo que se aplica en algunas provincias del sur del país, representan una suma considerable en un país afectado por la inflación y por las oscilaciones del mercado internacional de hidrocarburos.

La modalidad porcentual presenta la particularidad de que, ante cada suba del valor de la nafta y el gasoil, el recargo municipal se ajusta automáticamente, manteniendo su peso relativo y asegurando una recaudación constante para los gobiernos locales. El sistema favorece a los municipios en escenarios de aumentos internacionales, como el actual, y les garantiza recursos para obras de infraestructura vial, según lo declarado oficialmente.

Hay varios municipios que aplican una tasa menor. Según el portal de la Jefatura de Gabinete, se identificaron 12 municipios en donde se cobra una tasa vial del 2% sobre el precio de venta del combustible, entre los que se encuentran Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Ezeiza, Florencio Varela, Ituzaingo, Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Pehuajó, Presidente Perón y Quilmes.

Pero hay otros municipios que optaron por aplicar la tasa vial como un monto fijo en pesos por cada litro de combustible vendido. Este modelo se diferencia del sistema porcentual porque el recargo permanece constante, sin importar las oscilaciones del mercado. Entre los ejemplos más destacados figura Chivilcoy, que cobra $12 por litro. Esta cifra representa el valor fijo más alto informado en la provincia de Buenos Aires y, en períodos de suba de los combustibles, su incidencia relativa disminuye, aunque el monto nominal sigue sumando al ticket final de cada carga.

En el caso de José C. Paz, la tasa se estableció en $30 por litro para todos los combustibles, salvo en GNC, que es $16. Este municipio también eligió el esquema de monto fijo, lo que implica que el recargo solo se modifica cuando el Concejo Deliberante actualiza el valor por ordenanza. Si el precio de los combustibles aumenta rápidamente, como ocurre tras la suba internacional del Brent, la tasa en pesos pierde peso relativo frente al porcentaje, aunque sigue representando un costo adicional para los automovilistas. Otro ejemplo es General Rodríguez, donde la tasa vial se ubica en $ 10 por litro. La decisión de estos municipios de aplicar montos fijos busca otorgar previsibilidad a la recaudación, pero requiere ajustes periódicos para evitar que la inflación erosione el impacto del tributo.

Los municipios que no cobran tasa vial, como Vicente López y Bahía Blanca, se ubican en el extremo opuesto del espectro. Allí, el precio final de la nafta y el gasoil es sensiblemente menor, lo que incentiva a automovilistas de distritos vecinos a trasladarse para abastecerse, siempre que la diferencia compense el gasto en combustible y tiempo de traslado. Esta ausencia de recargo municipal impacta en la competencia local entre estaciones de servicio, según lo informado por Infobae.

El impacto de la tasa vial es directo en el bolsillo de los usuarios y se suma a otros componentes del precio, como los impuestos nacionales y provinciales. En municipios con recargos altos, la diferencia respecto de los distritos sin tasa puede alcanzar varios puntos porcentuales o cientos de pesos por operación. En un contexto de suba internacional del crudo y de inflación, el peso de la tasa municipal se vuelve un elemento central en la decisión de dónde cargar combustible.

La modalidad elegida por cada municipio responde a variables propias, como la necesidad de financiamiento, la estructura del presupuesto y las prioridades en materia de obras públicas. Algunos gobiernos locales justifican la aplicación de la tasa vial como un mecanismo para financiar mejoras en la red de caminos y calles, mientras que otros lo utilizan para reforzar partidas generales de la administración.