Motosierra 2.0 y desregulación: qué cambió y cómo será el nuevo control sobre los vinos que se producen en Argentina

Esta vez fue el turno de la vitivinicultura. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación en conjunto con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado pusieron en marcha un plan para eliminar casi 1.000 normas que al día de hoy regulan el funcionamiento del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

Los cambios, introducidos a través de la Resolución N° 37/2025 del INV, significan una profunda reforma que cambia por completo el marco regulatorio del sector. Desde el Gobierno, aseguraron que están “eliminando trabas burocráticas y devolviendo la libertad a la industria”.

Qué cambia en la industria

La modificación del marco regulatorio de la industria vitivinícola implica numerosos cambios, en su mayoría referidos a cuestiones técnicas. Sin embargo, hay un gran cambio que resume en pocas palabras hacia donde apunta el Gobierno. Desde ahora, el INV se encargará de controlar los productos una vez terminados. Es decir que ya no intervendrá como fiscalizador durante el proceso de elaboración.

“Durante décadas, la actividad estuvo regida por más de 1.000 normas dispersas, muchas de ellas obsoletas. Para poner orden, se elaboró un Digesto Normativo que revisa, actualiza y simplifica toda la normativa existente. De un total de 1.207 normas en materia vitivinícola se derogan 973. Con esto damos lugar a un nuevo régimen basado en la libertad, la responsabilidad y la competencia”, explicaron desde Nación.

Esta reforma redefine el rol del INV. El organismo dejará de intervenir en las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo para concentrarse exclusivamente en el control del producto final, garantizando que los vinos sean aptos para el consumo y no estén adulterados. En otras palabras, el INV dejará de fiscalizar todo el proceso productivo y se enfocará en asegurar la calidad del vino que llega a los consumidores.

“El cambio responde a un diagnóstico compartido por toda la industria: los excesivos controles y trámites impuestos por el INV habían generado costos, demoras y pérdida de competitividad. Los inspectores no fiscalizarán más en las bodegas y se verificará únicamente el producto terminado, es decir, en el tramo final de la cadena productiva. Con esta medida se dejarán de realizar aproximadamente unas 5.000 fiscalizaciones presenciales al año”. subrayaron desde Nación.

Qué dice el INV

El presidente del INV, Carlos Tizio, aseguró que la industria estaba preparada para este giro regulatorio. “La industria está muy madura. Si vemos cuántas sanciones hubo en los últimos años, el 85 o 90% de las bodegas no tuvo ni una sola. Se trabaja muy bien y se hacen vinos excelentes, de todos los niveles”, afirmó.

Para el titular del organismo, la reforma permite concentrarse en lo verdaderamente relevante: “Controlar el producto final, que es lo importante para el consumidor. La misma industria va a relegar a los pocos que hacen alguna macana. No tenés que regular para los buenos, porque los buenos son el 99%”.

Además, sostuvo que el nuevo esquema no implica una reducción de personal ni de capacidad operativa. “Vamos a necesitar hacer un volumen bastante mayor de muestreo, así que seguimos con la misma gente y el mismo equipo. Los inspectores son licenciados en enología, ingenieros agrónomos, gente muy capacitada”, señaló.

Reunión clave

El viernes pasado el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se reunió con el presidente del INV y directivos de diferentes entidades vitivinícolas, con el fin de escuchar a la industria y terminar de definir la letra chica del nuevo marco regulatorio.

Horas más tarde, el ministro hizo una mención del encuentro en su cuenta de X, en donde ilustró el cambio significativo en la cantidad de normas que dejarán de existir.

Diferentes entidades se manifestaron a favor y en contra de las medidas anunciadas por el Gobierno. Bodegas de Argentina, por ejemplo, emitió un comunicado su respaldo a los cambios. “Tras un análisis técnico, confirmamos que los nuevos criterios de control, focalizados en la etapa final de comercialización, no implican riesgos para la calidad ni para la seguridad del producto. Por el contrario, mantienen la trazabilidad desde el viñedo hasta la botella y aportan mejoras en la competitividad del sector”, señalaron.

Laboratorios y herramientas técnicas

Uno de los ejes de la reforma es fortalecer la precisión de los análisis que realizan las bodegas. Tizio anunció que el INV elaboró 600 muestras patrón que se compartirán con los establecimientos elaboradores. Las bodegas enviarán sus resultados de forma anónima, lo que permitirá detectar desvíos y mejorar el funcionamiento de los laboratorios privados.

“Es muy importante apoyar para tener mayor precisión y poner en regla los aparatos. Más del 95% de los libres de circulación se hace por declaraciones juradas, con análisis que realizan las propias bodegas o laboratorios privados. Hay que ayudar a calibrar esos equipos”, detalló.

También mencionó que el INV participa del programa internacional Bureau Interprofessionnel d’Analyses (Bipea), una red global de verificación analítica. Según dijo, el organismo local ya tiene más bodegas inscriptas que los laboratorios que participan a nivel mundial.

Finalmente, destacó avances en materia de simplificación digital: el INV desarrolló una interoperabilidad informática con Brasil que permite que ese país reciba los certificados de exportación en forma automática, sin papeles ni trámites presenciales. “Antes un certificado viajaba con el camión. Ahora el sistema del Mapa de Brasil toma los datos de inmediato. Queremos hacer lo mismo con Perú y Colombia”, indicó.

Qué se derogó

Se eliminaron la Declaración Jurada semanal de elaboración, las multas y sanciones por presentaciones tardías de Declaraciones Juradas, y los permisos de tránsito (para mover sus productos las bodegas generaban más de 140.000 permisos de tránsito por año que debían solicitar al Instituto).

Con esta nueva norma, las certificaciones de origen, añada y varietal pasan a ser optativas. El INV continuará emitiendo las certificaciones exigidas para exportaciones, tal como lo requieren los países de destino.

Esta reforma pone fin a un esquema regulatorio sobredimensionado, oneroso, ineficaz y burocrático, que durante años obstaculizó el desarrollo de una de las principales economías regionales de la Argentina.