Presidente Mulino convoca a la Asamblea para tratar ley que permitiría a Panamá salir de lista discriminatoria de la Unión Europea

El presidente de la República, José Raúl Mulino, convocó a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias, del 4 de mayo al 5 de junio, para tratar exclusivamente el proyecto de “Ley de Sustancia Económica”.

Esta legislación pretende lograr que Panamá salga de la última lista discriminatoria en la que aún permanece.

Mulino indicó que la discusión en la Asamblea Nacional permitirá que Panamá avance en su estrategia de inversión extranjera en Europa para octubre próximo y logre salir de la mencionada lista.

Durante este mes, el equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantendrá reuniones para explicar los alcances de la ley y absolver dudas, indicó una nota de prensa del Ministerio de la Presidencia.

“Estoy mandando la carta al presidente de la Asamblea [Jorge Herrera] convocando… He conversado con dos bancadas y la próxima semana hablaré con las bancadas Panameñista y de Cambio Democrático para la docencia necesaria por una ley que es muy técnica, para que se nutran de esa información y se logre una discusión de altura, sobre un tema que no es un capricho, es una necesidad del país”, dijo el mandatario.

En días pasados, Mulino expresó que la Ley de Sustancia Económica debe aprobarse “sí o sí”, ya que permitirá que Panamá salga de la restricción que le tiene la Unión Europea.

La Unión Europea considera que el sistema tributario panameño es pernicioso por existir una exclusión de gravamen sin condiciones sobre las rentas pasivas de fuente extranjera, entendiéndose como intereses, dividendos, ganancias de capital y regalías obtenidas por entidades que forman parte de un grupo multinacional.

La ley no afecta a todas las empresas ni a todos los ingresos de fuente extranjera, toda vez que su objetivo son las estructuras corporativas multinacionales que podrían utilizar el sistema panameño para recibir rentas pasivas que no tributen ni en Panamá, por ser fuente extranjera, ni en el país donde se generaron, explica el sitio panamaway.com.

Para que estas rentas pasivas sigan exentas de impuestos, la entidad en Panamá debe ser considerada una “entidad calificada”, lo cual se logra demostrando una sustancia económica en el territorio nacional.

En su conversatorio de los jueves, el mandatario panameño también se refirió al impacto social que en su opinión ha tenido el uso de la partida discrecional bajo su administración.

Enfatizó que estos fondos son manejados con estricto control, transparencia y responsabilidad, tras un análisis de cada uno de los casos en los que ha sido necesario.

Manifestó que el Gobierno recibe diariamente múltiples solicitudes de ayuda, muchas de las cuales corresponden a urgencias médicas de alta complejidad que solo pueden tratarse en el extranjero, resultando en costos sumamente altos para familias que no pueden afrontar esos gastos.

Sobre el tema de las partidas discrecionales, un proyecto reciente del diputado Luis Duke, de la facción independiente Vamos, busca impedir que funcionarios asignen recursos para ayudas o beneficios sin tener un sustento institucional.

Desde 1994 hasta el presente, la partida discrecional de los distintos presidentes de la República suma $201.5 millones, según TVN.

Al desglosar la cifra, de mayor a menor gasto, se tiene que el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) utilizó $55.7 millones en partida discrecional, el de Juan Carlos Varela (2014-2019) $41.7 millones, Laurentino Cortizo (2019-2024) $31.2 millones, Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) $25 millones, Mireya Moscoso (1999-2004) $23 millones, Martín Torrijos (2004-2009) $22.3 millones, y José Raúl Mulino $2.6 millones, entre julio de 2024 a febrero de 2026.