La Dirección General de Aduanas (DGA) intensificó los controles en distintas zonas del país en el marco de la Mesa de Frontera, con el objetivo de interceptar mercadería ingresada de manera irregular. Entre el 4 y el 8 de agosto, se incautaron 2.839 bultos que se encontraban en encomiendas y que, según las investigaciones, estaban destinados a su comercialización en los principales centros de consumo.
Los operativos se realizaron en rutas estratégicas, depósitos y empresas de logística, con la participación de fuerzas federales y el uso de métodos no intrusivos como escáneres y perros entrenados para la detección de irregularidades. Entre la mercadería incautada se encontraron sustancias estupefacientes —marihuana y hojas de coca—, electrodomésticos y artículos electrónicos, cubiertas, indumentaria, calzado, termos, artículos de bazar y perfumes.
Según la DGA, estas acciones buscan frenar el ingreso y distribución de productos que llegan al país a través de pasos fronterizos no habilitados y que posteriormente son trasladados mediante el sistema de encomiendas para su venta. La intervención en depósitos y empresas de logística forma parte de una estrategia para cortar la cadena de distribución de estos bienes antes de que lleguen a los consumidores.
Operativos en rutas y depósitos
La Mesa de Frontera es un espacio de trabajo interministerial en el que participan el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Economía —a través de las secretarías de Industria y Comercio, Transporte, y Agricultura, Ganadería y Pesca—, y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Desde su creación, mantiene reuniones quincenales para analizar denuncias presentadas por el sector privado y definir medidas concretas contra el contrabando y otras maniobras ilícitas.
En esta ocasión, los controles se desplegaron en las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Misiones, Formosa, Corrientes, Jujuy, Salta, Entre Ríos y Santa Fe. Las acciones incluyeron inspecciones sobre medios de transporte en diferentes tramos de las rutas nacionales 9, 14, 34 y 50, así como en instalaciones logísticas urbanas.
La DGA, que depende de ARCA, ha señalado que el refuerzo de estos operativos responde a la necesidad de combatir prácticas que afectan la competencia legítima en el mercado interno y que pueden generar perjuicios fiscales y económicos. Además, la coordinación con las fuerzas federales permite ampliar la cobertura territorial y aumentar la capacidad de respuesta frente a intentos de ingreso ilegal de mercadería.
Estrategia y control de riesgo
De acuerdo con el organismo, la detección de encomiendas con irregularidades se realiza a partir de un análisis previo de riesgo, en el que se cruzan datos de envíos, empresas y destinatarios. Esto permite focalizar los controles y optimizar los recursos en los puntos considerados más críticos.
En los operativos de agosto, esta metodología posibilitó identificar cargamentos con mercadería que no contaba con la documentación exigida o que directamente había ingresado por canales no autorizados. Los bultos secuestrados fueron trasladados a depósitos de la Aduana para su resguardo y, en los casos correspondientes, se iniciaron las actuaciones administrativas y judiciales pertinentes. El destino final de la mercadería dependerá del resultado de los procesos, que pueden incluir el decomiso y eventual remate, destrucción o entrega a entidades de bien público, según el tipo de bienes y las disposiciones legales vigentes.
En los últimos meses, la Mesa de Frontera ha puesto el foco en el transporte de mercadería a través de rutas que conectan zonas limítrofes con los principales centros urbanos del país. La selección de corredores como las rutas nacionales 9, 14, 34 y 50 responde a que constituyen ejes clave en el traslado de productos desde el norte y el litoral hacia otras regiones.
Desde febrero, cuando se consolidó la dinámica de reuniones quincenales de la Mesa de Frontera, se han implementado medidas para reforzar los controles en zonas consideradas de mayor vulnerabilidad al contrabando. Estas incluyen el intercambio de información entre organismos, la planificación coordinada de operativos y la priorización de casos a partir de denuncias del sector privado y de investigaciones internas.
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