La deuda “invisible”: un número clave que mira el FMI y que marca que el ritmo del gasto se duplicó en lo que va del año

Uno de los números que observa el Fondo Monetario para entender la marcha del gasto público y la ejecución del presupuesto es la deuda flotante, que son los compromisos de pago ya asumidos por el Estado pero aún no efectivizados. Según datos oficiales recientes, en el primer semestre del año ese número se duplicó hasta los 3,2 billones de pesos, que equivale a la totalidad del superávit fiscal acumulado en la primera mitad del año.

El techo para los pasivos exigibles al Estado se trata de una de las metas “paralelas” que forman parte del programa Extended Fund Facility (EFF) con el organismo aunque no son la columna vertebral del acuerdo, como lo pueden ser el superávit primario o la acumulación de reservas en el Banco Central. Forma parte, incluso, de otro grupo de objetivos que no necesitan waiver (dispensa) en caso de no haber sido alcanzados.

Como definición, la deuda flotante es el nombre que suele dársele a los pagos atrasados del sector público y que algunos analistas consideran una fuente “alternativa” de financiamiento. El programa económico acordado con el organismo incluye métricas concretas para ese tipo de pasivos. El límite es de 6,3 billones de pesos, aunque no es comparable con el número de 3,2 billones publicado por la Tesorería General de la Nación.

Entre otra razones, porque este último número solo contempla la deuda flotante de la administración central y el FMI observa la de todo el sector público, lo que incluye organismos descentralizados y empresas públicas. Especialistas consultados por Infobae aseguran que -a diferencia de otros números planteados como meta en el acuerdo como las reservas o el superávit- no es posible calcular la deuda flotante total para comparar con el umbral establecido en el compromiso ante el Fondo Monetario. El dato de deuda flotante de junio está compuesto por pasivos acumulados por pagos pisados de 2024, por $280.000 millones y otros casi $3 billones de 2025,

En términos generales, los procesos de gestión del gasto del Estado en cuestiones como contrataciones y compras públicas suelen incluir un plazo entre que se genera la obligación del pago y que efectivamente se giran los fondos. La deuda “flotante” refiere a ese paréntesis entre que una obligación de pago fue “confirmada” pero no cancelada. Puede incluir órdenes de pago vencidas o no. Este tipo de pasivos no está incluido en las estadísticas oficiales de deuda pública, por lo que suele considerarse una deuda “invisible”.

Según la definición de la OPC, la mayor parte de la deuda flotante que acumula en general el Estado corresponde a erogaciones en concepto de transferencias, que incluyen transferencias a gobiernos provinciales y municipales, empresas privadas, universidades nacionales, empresas públicas no financieras, fondos fiduciarios, y jubilaciones y pensiones.

La cuestión fiscal es, para el Gobierno, el ancla principal de política económica. Así, el Palacio de Hacienda se planteó una meta más exigente que la estipulada en el acuerdo con el FMI, como mensaje al mercado de que será aún más ortodoxo en esa materia y para evitar por esa vía una fuente de tensión financiera o cambiaria.

Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) trazó un panorama sobre la dinámica fiscal del primer semestre. En ese trabajo indicaron que “se puede afirmar que en los últimos meses, luego del notable ajuste del gasto ocurrido en 2024, las variaciones interanuales empiezan a oscilar entre valores negativos y positivos”.

Otro informe privado, de hace algunos días y que se centró en la evolución de los gastos, llegó a conclusiones similares. Según estimaciones de la consultora Analytica, en el acumulado de enero-junio la variación del gasto primario tuvo un incremento de 1,9% en términos reales en comparación con el mismo lapso del año pasado. Sobre un total de 53,5 billones de pesos gastados, unos 26,4 billones están explicados en jubilaciones y pensiones. Esto es prácticamente la mitad del total.

Por su parte, el Grupo SBS sostuvo que el orden fiscal representa “la piedra angular de la estabilidad macro de mediano y largo plazo” y subrayó la importancia de mantener la disciplina fiscal para evitar escenarios de dominancia monetaria. En ese sentido, evaluó que el superávit primario otorga mayor previsibilidad a un esquema con tipo de cambio flotante dentro de bandas, aun cuando el nuevo régimen monetario, sin Leliq, “todavía debe mostrar resultados”.

Según la consultora LCG, “La meta fiscal de 1,6% de superávit primario acordada con el FMI exige un nuevo ajuste, especialmente ante la prevista caída de ingresos en 2025 por medidas como la eliminación del Impuesto PAIS, la reducción de Bienes Personales y la baja de aranceles y retenciones. El ajuste reciente se aplicó especialmente sobre subsidios (47% interanual real en seis meses), salarios y obra pública", con la advertencia de que “toda nueva demanda de gasto, de prosperar en el Congreso, será bloqueada por el Poder Ejecutivo o se compensará con recortes en otros rubros”.

En ese contexto, algunas señales de alerta persisten respecto al costo financiero. El Grupo SBS remarcó la importancia de atender ese rubro, ya que los intereses de instrumentos de deuda en pesos del Tesoro cupón cero, aunque no se reflejen en la línea de intereses de caja reportados mensualmente, “existen y deben reducirse”. Añadió que “el costo financiero debe bajar desde los altos niveles actuales de tasas reales” para no comprometer el equilibrio buscado.