Los planes del gobierno para la privatización ferroviaria: concesiones, venta de activos y recorte de personal

El Gobierno de Javier Milei avanza de manera decidida en la privatización de las ocho empresas que quedaron sujetas a ese proceso con la sanción de la Ley Bases. Operadora Ferroviaria Sociedad Anónima (SOFSA) y Belgrano Cargas y Logística (BCYL) son dos de los casos que están más próximos a iniciar el proceso de retiro del Estado, según reconocieron a Infobae fuentes oficiales.

En el caso de BCYL, el Poder Ejecutivo tomó una definición central: avanzar con una desintegración vertical de la empresa, que implica separar actividades y bienes de cada unidad de negocio. Se trata de un activo estratégico para el transporte de los principales cultivos del campo argentino y también para el desarrollo de las mineras.

La compañía opera 7.600 kilómetros de vías en 17 provincias que ahora serán concesionadas a privados, manteniendo rieles y tierras como propiedad del Estado Nacional. El proceso es liderado por Diego Chaer, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.

El Gobierno planea licitar la infraestructura de vías y concesionar el uso de talleres del BCYL, mientras que el material rodante se ofrecerá en venta a través de un remate público. Serán licitaciones abiertas a jugadores nacionales e internacionales. Este procedimiento abarcará a la totalidad de los tramos operados actualmente por las líneas General Belgrano, General Urquiza y General San Martín.

El esquema propuesto es de concesión de infraestructura de acceso abierto, por lo que el concesionario que se quede con la administración de las vías deberá permitir el paso a todos los operadores que quieran transportar sus cargas. En las últimas semanas empresas como la gigante Río Tinto, entre otras, o las principales cerealeras -Cargill, Cofco, Bunge- manifestaron su interés en el proceso.

La determinación técnica exacta de los activos en juego depende de un relevamiento en curso, que evalúa el estado de las vías, talleres y otras infraestructuras, según se desprende del informe de gestión que presentó la semana pasada en el Senado el jefe de Gabinete Guillermo Francos.

Francos planteó que el objetivo es atraer inversión privada, superar la situación de emergencia declarada en el servicio ferroviario y lograr mejores condiciones de calidad y seguridad. Según consta en la respuesta oficial, el remate del material rodante y los ingresos que genere ingresarán a un fondo fiduciario dirigido a financiar prioritariamente obras de infraestructura ferroviaria y medidas de seguridad. El documento aclara que los contratos en vigor continuarán en ejecución, incluso en los casos en que cambie la forma societaria o la composición accionaria de las empresas como resultado de este proceso privatizador.

Mientras avanza la elaboración del pliego y el relevamiento de los tramos operativos, el Gobierno no maneja una política para la reactivación inmediata de aquellos sectores de las líneas que se encuentran actualmente clausurados. La eventual vuelta a funcionamiento de esos tramos clausurados requerirá estudios sociales y urbanísticos que, según indicaron en despachos oficiales, “exceden el plazo y el objetivo del proceso de privatización”.

En cuanto al impacto sobre el empleo, el plan gubernamental implicará una reducción adicional de 1.900 puestos de trabajo en Trenes Argentinos -SOFSA-, según documentos internos oficiales y declaraciones recogidas por Infobae. Desde la llegada de la gestión actual, 2.300 empleados salieron del sistema entre retiros voluntarios, jubilaciones y desvinculaciones por cierre de servicios. La nueva meta apunta a profundizar ese ajuste. Las autoridades indicaron que revisan contratos y dotaciones en cada área, en paralelo con la puesta en marcha de los mecanismos licitatorios.

La empresa opera casi todas las líneas urbanas (Roca, San Martín, Mitre, Sarmiento y Belgrano Sur), las de larga distancia y regionales. En el último año, ya se implementó una serie de recortes que permitieron reducir gastos por más de$60.000 millones y ahora esperan acelerar ese proceso. El caso de este sector es más difícil, porque los operadores privados querrán cobrar tarifas a los usuarios y eso puede generar impacto en el bolsillo de los pasajeros, algo que por ahora el Gobierno no está dispuesto a convalidar.

Entre las novedades operativas del proceso de privatización en marcha figura la decisión de mantener en análisis la situación social en cada localidad afectada, particularmente donde cierre de talleres o líneas pueda tener impacto socioeconómico. El Gobierno informó al Senado que el proceso licitatorio definirá, en cada caso, cuáles serán los bienes subastados, cuáles las infraestructuras puestas en concesión y en qué condiciones los privados deberán garantizar ciertos estándares de calidad o proceder a obras de puesta a punto.

Sin embargo, el foco de la gestión está actualmente puesto en los planes específicos de privatización total, parcial, o concesión para cada una de las ocho compañías que quedaron sujetas a esos procesos tras la sanción de la Ley Bases. Las compañías en cuestión son: Enarsa, Nucleoeléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Intercargo, AySA, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Corredores Viales.

El Gobierno espera que la venta de activos, concesiones de servicios vigentes o nuevos y privatizaciones impliquen un ingreso de dólares en la economía. En los próximos días se conocerán los pliegos de la licitación de las represas del Comahue -esperan un ingresos de USD 500 millones- y se delegará a la Subsecretaría de Energía Eléctrica la confección los pliegos de las primeras obras de un plan para reforzar el sistema de alta tensión -con inversiones proyectadas por más de USD 6.000 millones-.