La Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético del Ministerio de Economía dispuso la recategorización de usuarios residenciales de energía eléctrica y gas natural en áreas de alto poder adquisitivo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y Puerto Madero.
La medida, firmada por el subsecretario Antonio Milanese y publicada el 2 de junio de 2025 en el Boletín Oficial, afecta a quienes hasta ahora recibían subsidios energéticos bajo las categorías de menores y medianos ingresos, pero residen en zonas identificadas como de manifiesta capacidad contributiva.
La Disposición 1/2025 ordena que estos usuarios sean incluidos en el Nivel 1 (Mayores Ingresos) del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), lo que implica la pérdida de subsidios en sus facturas de energía eléctrica y gas natural.
La decisión se fundamenta en un análisis de la Subsecretaría que detectó “una gran cantidad de usuarios residenciales segmentados como N2 (Menores Ingresos) y N3 (Ingresos Medios), ubicados en áreas geográficas de alto poder adquisitivo, que representan manifiesta capacidad contributiva”.
Por esto mismo, en el marco de la focalización de la ayuda económica, el Gobierno decidió avanzar en este sentido con el objetivo de “reducir los errores de inclusión en la asignación de subsidios energéticos”.
El procedimiento para la recategorización se basa en la georreferenciación de suministros energéticos. Se detalla las coordenadas espaciales de los usuarios alcanzados, incluyendo urbanizaciones cerradas del Gran Buenos Aires y el barrio de Puerto Madero.
La Subsecretaría de Innovación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros tendrá a su cargo la aplicación de esta modalidad y la actualización del padrón de beneficiarios.
La disposición establece que los usuarios recategorizados podrán solicitar la revisión de su situación mediante el sistema de Trámites a Distancia (TAD), conforme al procedimiento previsto en la Resolución 218/2025 de la Secretaría de Energía. Al respecto, el texto oficial aclara: “Los usuarios recategorizados tendrán a su cargo la prueba de demostrar que su exclusión no corresponde, y para ello podrán utilizar el procedimiento de solicitud de verificación de asignación del subsidio”.
El documento cita como fundamento legal el artículo 177 del Decreto 70/2023, que faculta a la Secretaría de Energía a “redeterminar la estructura de subsidios vigentes a fin de asegurar a los usuarios finales el acceso al consumo básico y esencial” y a definir los mecanismos específicos para la asignación y percepción de los subsidios. Además, la Resolución 218/2025 habilita a la Subsecretaría a “establecer los indicadores de exteriorización patrimonial del nivel de ingresos, cuya revisión respecto de alguno de los integrantes del grupo conviviente habilitará a la Autoridad de Aplicación a rechazar la solicitud del beneficio o a excluir al hogar del padrón de beneficiarios”..
Las zonas que fueron excluidas
Tal como había sido adelantado por el Gobierno, los usuarios que quedarán excluidos de recibir el subsidio son aquellos que residan en Puerto Madero o en barrios privados del Gran Buenos Aires.
Uno por uno, se encuentran detallados en el siguiente anexo de la resolución:
Días atrás, el Gobierno adelantó que también reducirá los subsidios energéticos del régimen de Zona Fría, a través del cual se otorgan tarifas de gas diferenciales en la Patagonia. La decisión responde a que se detectaron inconsistencias a más de 150.000 beneficiarios, a los que el subsidio se les reducirá del 50 al 30 por ciento.
Básicamente, se identificó que esos usuarios tenían dos o más medidores registrados en el régimen (unos 370.000 cuentas para 150.000 titulares), algo que para el gobierno los excluye de la condición de “población vulnerable”. .
El anuncio surge luego de excluir del régimen de subsidios energéticos a 15.500 usuarios de Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires, y de aquellos que viven en countries, clubes de campo y barrios cerrados. Para lograr el beneficio, 44% de estos se había categorizado como de ingresos bajos y 56% se consideraba de ingresos medios. Esto implicará un ahorro fiscal para el Estado de más de 3.000 millones de pesos en total.
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