Amcham detalló cuáles son los pasos que tiene que seguir la Argentina para negociar una baja de aranceles de EEUU

En un contexto de creciente tensión comercial global generado por los aranceles impuestos por el gobierno de los Estados Unidos a una gran cantidad de países del mundo, incluida la Argentina, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) difundió un informe que detalla el impacto de estas disposiciones sobre el comercio bilateral y advierte sobre las barreras estructurales que persisten en la economía argentina.

El nuevo esquema de aranceles estadounidenses, basado en criterios de reciprocidad y seguridad nacional, impone una tasa del 10% adicional sobre la mayoría de los productos argentinos, lo que eleva significativamente los costos de ingreso al mercado norteamericano. Aunque este arancel es más bajo que el aplicado a otros países (aunque esta semana el gobierno de Donald Trump les redujo a muchos países el arancel también al 10%, con la excepción de China), su aplicación es un mensaje claro sobre la necesidad de revisar los términos de intercambio y avanzar en la eliminación de obstáculos comerciales.

Según el análisis de AmCham, la revisión de estos aranceles —incluso su eventual eliminación— dependerá del compromiso de Argentina para desmontar una serie de barreras que obstaculizan el comercio. Estas incluyen desde políticas impositivas distorsivas hasta restricciones sanitarias, aduaneras y cambiarias que afectan la competitividad de los productos estadounidenses en el país.

El informe retoma observaciones del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que señala una lista extensa de obstáculos vigentes, considerados clave para definir la relación comercial futura. A continuación, se detallan las principales barreras señaladas por AmCham y la USTR como críticas para el comercio entre ambas naciones.

1. Aranceles elevados y enfoque proteccionista histórico: según el informe de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), Argentina mantiene un promedio arancelario del 13,4% bajo la cláusula de Nación Más Favorecida. Esta carga se desglosa en un 10,3% para productos agrícolas y un 13,8% para productos no agrícolas, reflejando una protección significativa hacia la producción local. Además, el arancel consolidado ante la OMC alcanza un promedio del 31,8%, cifra que supera ampliamente los estándares internacionales y refuerza la percepción de un sesgo proteccionista persistente en las últimas dos décadas.

2. Estructura impositiva compleja y distorsiva: las importaciones están sujetas a múltiples tributos que complican la operación y afectan la competitividad. Entre ellos se destacan: el impuesto estadístico del 3% (vigente hasta diciembre de 2027), pagos anticipados del IVA (10% a 20%), adelantos del impuesto a las ganancias (6% a 11%) y un IVA adicional del 20% para bienes de consumo o 10% para bienes de capital. Aunque algunos de estos montos pueden ser deducidos, el proceso es lento y engorroso, lo que genera perjuicios financieros, especialmente en contextos de alta inflación.

3. Prohibiciones y restricciones sobre bienes usados: la Argentina mantiene una política restrictiva hacia la importación de bienes usados, incluidos productos remanufacturados como autopartes, maquinaria agrícola, equipos médicos, productos electrónicos y de tecnología. Estas restricciones van desde prohibiciones totales hasta exigencias de peritajes técnicos exclusivos del INTI, certificados de importación específicos y limitaciones de uso posterior (por ejemplo, no se permite vender ni donar los equipos durante cuatro años). Este régimen afecta especialmente a sectores que podrían beneficiarse de tecnología reacondicionada a menor costo.

4. Limitaciones al acceso al mercado de cambios: el Banco Central impone plazos estrictos para el pago de importaciones, actualmente fijados en 30 días desde el ingreso del bien. Esta regla se aplica de forma general, salvo para sectores como energía, minería y transporte, que gozan de excepciones. Estas condiciones obligan a los importadores a negociar con sus proveedores o buscar financiamiento externo, encareciendo las operaciones y afectando la previsibilidad de los flujos comerciales.

5. Consularización obligatoria de documentación: para ingresar productos a Argentina, se requiere que documentos como facturas comerciales, listas de empaque y certificados de origen sean legalizados por consulados argentinos en el país de origen. Este requisito contradice las prácticas internacionales de digitalización y simplificación aduanera, y representa una carga administrativa y de costos significativa para exportadores estadounidenses.

6. Barreras sanitarias y fitosanitarias persistentes: aunque se han registrado avances en cooperación entre SENASA y el USDA-APHIS, persisten obstáculos para el ingreso de productos agrícolas y de origen animal, como uvas, cítricos, cebollas y alimentos para mascotas. Las empresas enfrentan retrasos en la aprobación de permisos, requisitos documentales redundantes y una falta de procedimientos claros para validar la equivalencia o el reconocimiento mutuo de estándares sanitarios. Esto genera incertidumbre regulatoria y frena nuevas inversiones.

7. Falencias en la protección de propiedad intelectual: la Argentina continúa en la Watch List del informe Special 301 debido a serias deficiencias en la protección de derechos de propiedad intelectual. Entre las preocupaciones se destacan: demoras de hasta una década en la concesión de patentes, normas restrictivas para productos farmacéuticos, falta de protección para datos de prueba, escasa fiscalización de productos falsificados y escasez de recursos institucionales. Mercados como “La Salada” y “Barrio Once” siguen operando como centros relevantes de comercialización de productos pirateados.

8. Restricciones en el sector servicios y contenido audiovisual: al igual que los bienes, los servicios enfrentan obstáculos cambiarios. En cuanto a medios, la normativa impone requisitos de contenido local para medios de comunicación y publicidad, aunque algunas disposiciones fueron revocadas recientemente por ENACOM. Esta regulación sigue siendo percibida como una traba para la inversión extranjera en el sector de servicios culturales y creativos.

El endurecimiento de la política comercial de Estados Unidos reavivó la necesidad de Argentina de revisar su estructura de comercio exterior y sus políticas regulatorias. La aplicación del arancel básico del 10% sobre productos argentinos por parte del gobierno de Donald Trump no sólo responde a desequilibrios comerciales, sino también a la persistencia de barreras no arancelarias que restringen el acceso real al mercado argentino.

El informe de AmCham, al recoger los señalamientos de la USTR, no sólo expone las falencias actuales sino que plantea una hoja de ruta para avanzar hacia un acuerdo bilateral más equilibrado y sostenible. La posibilidad de negociar una reducción o eliminación de estos aranceles está sobre la mesa, pero requiere compromisos concretos de Argentina en materia de apertura comercial, simplificación tributaria, respeto a la propiedad intelectual y modernización normativa.

El Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversiones (TIFA), vigente desde 2016, se consolida como el canal institucional para encauzar ese diálogo. El éxito o fracaso de este proceso determinará no sólo el volumen del comercio bilateral, sino también el clima de inversión en sectores estratégicos. En un contexto de reformas económicas profundas en Argentina, el avance o estancamiento de esta agenda podría ser un indicador clave de su inserción internacional.