
Un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que no recibe subsidios necesitó en diciembre $143.819 para afrontar el pago de las tarifas de luz, gas, agua y transporte, según el relevamiento del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de UBA y Conicet.
El costo de esa canasta de servicios públicos muestra un aumento del 402% respecto al mismo mes del año pasado, que coincide con el primer año de gestión del presidente Javier Milei. El Gobierno puso en marcha un proceso de recomposición de precios relativos y recortó en más de un tercio del gasto en subvenciones durante 2024 que coincidió con una fuerte desaceleración de la inflación, proceso que buscarán profundizar en 2025.
Los incrementos del AMBA reflejan por qué no se sintió una mayor recuperación de los ingresos en los bolsillos de los consumidores, en el marco de la alta imagen positiva que mantiene Milei y los recientes datos de caída de la pobreza incluso por debajo de los niveles heredados después del pico del primer semestre. El peso de lo que representa afrontar los servicios públicos para un salario registrado promedio más que se duplicó en el período analizado.

El informe del IIEP detalló que el hogar que se tomó como ejemplo destinó en diciembre $56.228 para cubrir el gasto de transporte público. Ese gasto saltó 601% en un año y fue el servicio público de mayor incremento. Le siguió el gas con $17.901 y un salto del 531% contra diciembre de 2023, el agua con $28.785 (331%) y la electricidad con $40.905 (268%).
“Por esto, el incremento inter anual en la canasta de los servicios públicos implica que 168.2 puntos porcentuales, de los 402 totales, lo aportó el gasto en transporte mientras que energía eléctrica, agua y gas aportaron 104, 77.2 y 52.6 puntos respectivamente”, explicaron.
La canasta total sumó en diciembre $143.819, 402% de incremento en comparación con el mismo mes del 2023. Contra noviembre se observó una suba del 7,2% debido a un mayor gasto en los consumos de electricidad. El peso de ese gasto sobre un salario registrado promedio pasó de 5,9% a 11,9%, más del doble.
La magnitud de los incrementos del 2024 se refleja en que durante febrero, cuando el Gobierno puso en marcha los ajustes, los hogares cubrían el 32% del “costo real” de la canasta de servicios públicos y el resto eran subsidios del Estado. Ese porcentaje de cobertura fue del 52% en diciembre.
En esa comparación hay una fuerte heterogeneidad, en especial en las boletas de energía debido a que las subvenciones son otorgadas por un mecanismo de segmentación en base a ingresos declarados. Los hogares de altos ingresos (N1) cubren el 93% del costo de la electricidad y el 80% del gas natural; el resto es subvención. Los de ingresos bajos (N2) 26% y 31%, respectivamente. Los de ingresos medios (N3) 38% y 41%, respectivamente.

El plan de la secretaria de Energía, María Tettamanti, es eliminar la segmentación vigente para que solo queden dos tipos de usuarios: los que reciben subvenciones y quienes no tengan ningún tipo de asistencia.
Las condiciones para acceder al beneficio continuarán signadas por la Canasta Básica Total (CBT) que publica el Indec –la línea de pobreza– aunque serían mucho más restrictivas que las actuales y, en el escenario ideal, los beneficiarios pagarían el costo pleno de la factura, pero recibirían una compensación a través de una transferencia directa a través de una cuenta bancaria o una tarjeta.
Actualmente, unos 8 millones de usuarios de electricidad son N2, 3 millones son N3 y 5 millones son N1. Eso implica que 7 de cada 10 hogares reciben ayuda del Estado para afrontar sus tarifas. En lo que va de la gestión de Milei, cerca de 1 millón de usuarios tuvieron que pedir la subvención para afrontar el pago de los servicios por los aumentos aplicados.
Son en definitiva unos 11 millones de usuarios a los que Energía deberá poner en la mira. Sin embargo, el timing de la quita de subsidios será definido por el ministro de Economía, Luis Caputo, en función de que dos variables centrales: el objetivo de sostener equilibrio fiscal y no poner en peligro la desaceleración de la inflación. En 2024 hubo un recorte en subvenciones equivalente a más de USD 3.000 millones y esperan un ajuste similar para el año que viene, según se desprende del Presupuesto 2025.
El ejemplo del transporte va en ese mismo sentido. Las tarifas de trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) saltaron cerca del 600% desde diciembre pasado, una región donde todos los días ser realizan unos 9 millones de viajes. Sobre los colectivos, en el Ministerio de Economía mantienen resistencia a aplicar nuevas subas o otorgar más subvenciones a las empresas, que en las últimas semanas alertaron por problemas para afrontar el pago de sueldos y aguinaldos.
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