El Gobierno atravesará los últimos días del 2024 con un nuevo impulso a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, clave para los próximos pasos del plan económico. El acuerdo podría ser el punto de inflexión entre una salida rápida y definitiva del cepo cambiario o un desarme gradual, dependiendo de si se logra una inyección de divisas hacia el Banco Central para reforzar las reservas netas, las cuales persisten con saldo negativo.
El primer año de mandato libertario estuvo marcado, respecto a la relación con el FMI, por la necesidad de volver a encaminar el acuerdo vigente, iniciado en 2022.
Desde su puesta en marcha, el programa acumuló incumplimientos en metas de acumulación de reservas y déficit fiscal a medida que los indicadores económicos se deterioraba. El 2023 cerró bajo la gestión de Alberto Fernández, con los fundamentos del programa Extended Fund Facility (EFF) totalmente alejadas de los objetivos previstos.
Como primera señal, el gobierno electo se reunió días después del balotaje -en un viaje que hicieron el luego ministro de Economía Luis Caputo y el ahora ex jefe de Gabinete Nicolás Posse- con funcionarios del FMI en Washington.
La acción del equipo económico libertario fue rediseñar en acuerdo con el organismo el esquema de metas y hacerlo más exigente -fundamentalmente en lo fiscal- de lo que los técnicos esperaban a priori para el 2024.
Así, las metas de reducción de déficit fiscal primario se transformaron en un objetivo de superávit fiscal mínimo antes del pago de intereses de la deuda, y un objetivo muy ambicioso de acumulación de reservas.
En cuanto a la emisión monetaria para financiar al Tesoro, el Banco Central cerró completamente esa vía desde el inicio del mandato de Javier Milei, evitando debates sobre este punto.
El Gobierno implementó un ajuste drástico en el gasto público para poder mostrar resultados de inmediato. Así lo reflejaron los números oficiales del sector público y ese elemento fue, en los primeros meses del plan económico, un factor de tensión en parte de la sociedad y analistas económicos.
El FMI apoyó la dirección general del programa del ministro Luis Caputo, pero alertó sobre la “calidad del ajuste”, señalando que el recorte presupuestario recaía principalmente sobre el gasto jubilatorio.
Aunque esa advertencia no se tradujo en una amonestación formal hacia el Gobierno, generó un quiebre desde la conducción de la Casa Rosada con el funcionario del FMI que supervisaba la marcha del acuerdo con la argentina, el ex ministro de Economía chileno Rodrigo Valdés, que se desempeña como director del Departamento del hemisferio occidental.
Javier Milei criticó públicamente a Valdés, acusándolo de complicidad con la administración anterior y de obstaculizar las conversaciones. Eventualmente, el FMI decidió reemplazarlo como negociador con Argentina, aunque lo mantuvo en su cargo.
A pesar de los desencuentros iniciales, el mes pasado Caputo confirmó que el Gobierno avanzará hacia un nuevo acuerdo financiero, el tercero en seis años y medio.
Sería, si sucediera, el tercer acuerdo en seis años y medio. A fin de año concluirá esta etapa del programa EFF tras dos años y medio de duración. Durante este período, el FMI transfirió a la Argentina los dólares necesarios para cubrir los vencimientos del acuerdo Stand By de 2018, debido a la imposibilidad del país de contar con dólares propios para afrontar esa deuda.
El siguiente paso contempla la devolución de los USD 45.000 millones que el Estado todavía debe, entre 2026 y 2032. Desde el Palacio de Hacienda aseguran que la relación con el FMI se mantiene con un contacto cotidiano y destacan como objetivo principal que el organismo comprenda los próximos pasos de la política económica, con énfasis en el régimen cambiario.
Este fue el eje central de la misión que encabezaron en la última semana el viceministro José Luis Daza, el secretario de Finanzas Pablo Quirno y el vicepresidente del Banco Central Vladimir Werning en un viaje reservado a Washington.
Algunas señales hacia adelante sugieren que el Gobierno podría beneficiarse del cambio de autoridades en la Casa Blanca. En este sentido, Alejandro Werner, exdirector del Departamento del hemisferio occidental del FMI, consideró que el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos podría acelerar un acuerdo con el organismo.
Según Werner, “va a haber un acuerdo, y con Trump será todavía mejor”.
Dos evaluaciones clave siguen pendientes:
- la novena revisión que analiza el cumplimiento de metas de junio, especialmente en acumulación de reservas y superávit fiscal, que el Gobierno considera alcanzadas; y
- la décima revisión correspondiente a las metas de septiembre, donde las reservas netas del BCRA habrían quedado más de USD 2.000 millones por debajo del objetivo.
Una opción en estudio es unificar ambas revisiones, consolidar los números con los técnicos del FMI y obtener la aprobación del último desembolso pendiente del programa EFF, que asciende a más de USD 1.000 millones.
Mientras tanto, el Gobierno afrontó las últimas cuotas de intereses del año sin nuevos envíos del Fondo, y desde febrero deberá retomar esos pagos, aunque con un alivio por el reciente ajuste en las sobretasas.
En conclusión, Javier Milei destacó que una administración republicana en Estados Unidos podría facilitar el apoyo a Argentina en las negociaciones.
Por su parte, Luis Caputo subrayó que el FMI debe respetar sus procesos burocráticos, aunque reconoció que el peso de Washington, con su 16% de poder de veto en el directorio del organismo, podría ser determinante para lograr un acuerdo o flexibilizar las condiciones hacia el gobierno de La Libertad Avanza.
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