En los últimos días, el Gobierno recibió por primera vez un conjunto de datos relacionados con cuentas bancarias de ciudadanos argentinos en Estados Unidos. Esta información, suministrada por la Internal Revenue Service (IRS), marca un hito en la cooperación entre ambos países en materia tributaria. El intercambio de información se realiza bajo el marco de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés), un acuerdo internacional que tiene como objetivo combatir la evasión fiscal mediante la detección de activos no declarados en el extranjero y que había sido activado por Sergio Massa cuando estaba al frente del Ministerio de Economía.
La recepción de estos datos coincide con la primera fase del Régimen de Regularización de Activos, comúnmente conocido como blanqueo de capitales. Esta fase fue prorrogada recientemente hasta el 31 de octubre, lo que permite a los contribuyentes regularizar bienes no declarados, tanto en el país como en el exterior, sin enfrentar sanciones significativas. La información recibida es crucial para incentivar la adhesión al blanqueo, ya que las autoridades fiscales podrán cruzar los datos con las declaraciones locales para detectar posibles irregularidades.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha confirmado que los datos recibidos incluyen información clave sobre los titulares de cuentas bancarias en Estados Unidos, los montos de intereses y dividendos percibidos, así como otras rentas de origen estadounidense obtenidas por residentes argentinos hasta el 31 de diciembre del año pasado. Sin embargo, la información no incluye datos sobre los beneficiarios finales ni movimientos de las cuentas, lo que limita parcialmente el alcance de las acciones que se pueden tomar de manera inmediata.
Este intercambio de información, que tardó varios años en concretarse, ha sido un objetivo largamente perseguido por diversas administraciones argentinas. Aunque fue en 2022, durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía, cuando se firmó el acuerdo FATCA, fue recién ahora que el país comenzó a recibir los primeros datos concretos. El actual gobierno considera que esta herramienta es clave no solo para identificar cuentas no declaradas en Estados Unidos, sino también para incentivar a quienes aún no han regularizado sus activos en el exterior a adherirse al régimen de blanqueo vigente.
Además de la cooperación con Estados Unidos, Argentina mantiene acuerdos tributarios con otros 146 países, entre ellos varios destinos tradicionales de capitales no declarados, como Uruguay, Suiza y las Islas Caimán. Estos acuerdos, firmados en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), permitieron que el país acceda a datos valiosos sobre la situación financiera de sus residentes en el extranjero. En este contexto, la AFIP continúa avanzando en sus estrategias de fiscalización, con el objetivo de identificar y regularizar activos ocultos fuera del país.
El FATCA, a diferencia de otros acuerdos multilaterales, se limita a reportar información sobre los titulares de las cuentas bancarias y las rentas obtenidas en territorio estadounidense. No incluye detalles sobre las personas jurídicas que operan bajo estructuras como trusts o sociedades en jurisdicciones extraterritoriales, lo que podría dejar fuera de la fiscalización a ciertos tipos de activos financieros que los argentinos mantienen en el extranjero. A pesar de esta limitación, las autoridades esperan que el acuerdo permita aumentar significativamente los niveles de regularización de capitales en el país.
El blanqueo de capitales actual es el sexto desde la década de 1980 y ha sido impulsado por las dificultades que enfrenta el gobierno para obtener financiamiento externo y mejorar la situación de las reservas internacionales. En el blanqueo realizado en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, se regularizaron activos por un total de 116.000 millones de dólares, de los cuales más de 7.700 millones ingresaron al país en forma de depósitos. En esta ocasión, las estimaciones del gobierno sugieren que podrían llegar a exteriorizarse entre 30.000 y 40.000 millones de dólares.
El éxito del blanqueo depende en gran medida de la confianza de los contribuyentes en que el proceso va a ser equitativo y de la percepción de que aquellos que no regularicen sus activos podrían enfrentarse a sanciones significativas en el futuro. Para incentivar la participación, el gobierno estableció condiciones favorables, incluyendo la posibilidad de regularizar hasta 100.000 dólares en efectivo sin penalidades. Al mismo tiempo, a través de medidas como el intercambio de información con los EEUU, busca aumentar la percepción de riesgo de los contribuyentes en falta.
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