Más desregulación: el Gobierno buscará que sea optativo el aporte que tienen que hacer las pymes a entidades empresariales

El ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger estudia la posibilidad de hacer optativos los aportes que las pequeñas y medianas empresas realizan mensualmente a las entidades empresariales.

“Se habla siempre de los aportes sindicales, pero esto también existe y son desembolsos grandes porque representan un porcentaje de lo que cobran todos los empleados. Es inadmisibles”, resumieron fuentes del Gobierno.

Ejemplos hay muchos de este tipo de aportes, pero se ha puesto sobre la mesa el caso del Convenio Colectivo Mercantil 130/75, que establece el pago obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap).

En concreto, hoy los comerciantes –sean grandes o pymes– pagan una tasa del 0,5% sobre el salario de cada empleado registrado. De acuerdo a lo establecido en el convenio, el sueldo básico inicial fue de $792.241,35 en agosto pasado, por lo que el aporte al Inacap fue de $3.821,60 ese mes. Además, el 0,5% se aplica también sobre las asignaciones no remunerativas. Como en julio los empleados de comercio recibieron un pago adicional de $27.920,40, se debieron pagar otros $139,61 al organismo. En total, entonces, los comerciantes pagaron $3.961,21 por cada empleado que percibe el salario mínimo. Por supuesto, al tratarse de un porcentaje fijo, el monto va aumentando a medida que se incrementa el salario de los trabajadores.

El Inacap existe desde 2008 y se financia, según su web, con “una contribución patronal mensual de carácter ‘obligatorio’. La misma es a cargo del empleador y concierne a todos los empleados que se encuentren bajo la órbita del Convenio Mercantil”. En este caso, los fondos recaudados son administrados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El aporte ya había sido reclamado por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), dentro de un decálogo de medidas propuestas por la entidad al Estado nacional con el fin de combatir el aumento de precios de bienes de la canasta básica.

La primera medida que pidieron se relaciona justamente con la contribución patronal “obligatoria” al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap). “El sector emplea a 1,2 millones de trabajadores, por lo que el instituto estaría recaudando por mes más de $4.500 millones, que administran ciertos gremios empresarios, con el fin de capacitar”, comentaron.

“Entendiendo las dificultades que atraviesa el sector con aumento de alquileres y tarifas, inflación, dificultades para acceder a créditos, caída de ventas, resultaría ilógico mantener este aporte, que no le representa ningún beneficio al aportante ni al trabajador, si decide no capacitarse”, explicaron desde Cadam.

Ese pedido estuvo equiparado con otras, como la eliminación del impuesto a cheque, ingresos brutos y tasas municipales, saldos a favor de AFIP, Ganancias e IVA a los alimentos de la canasta básica, entre otros.

Por el momento, el Gobierno no ha dado a conocer oficialmente cómo buscará llevar adelante la desregulación y si se implementaría sólo sobre el caso particular del Inacap o si se extendería a otras situaciones similares. Sí reconocen que buscarán sacarlos. En el caso particular de este aporte, forma parte de la paritaria y está dentro de los acuerdos entre los gremios y las empresas que quedan plasmados en los convenios colectivos de trabajo.

El aporte obligatorio de las bodegas

Otro caso que mencionó Cadam en su decálogo fue el de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), un organismo que se financia con un aporte obligatorio aplicado a las bodegas de todo el país. Las entidades vitivinícolas deben pagar este año $0,58 por litro de vino, mosto u otro producto elaborado, un 215% más que en la temporada pasada.

Desde Coviar, explicaron recientemente que el aporte representa, según el caso, entre el 0,1% y el 0,3% de los precios promedio actuales de los productos vitivinícolas grabados por la ley. No obstante, desde Cadam entienden que la obligatoriedad del pago es excesiva. De hecho, plantearon al Gobierno la opción de eliminar a la Coviar.

Las industrias y los productores piden derogar la Ley 25.849, que crea la Corporación Vitivinícola Argentina. Según la normativa, la misión de la entidad es “promover tanto la organización e integración de los actores de la cadena productiva, como la innovación de productos y procesos que acrecienten el valor agregado del sector, con la finalidad de ganar, mantener y consolidar mercados externos, consolidar el mercado interno argentino, y lograr el desarrollo sostenido del sector”.

De acuerdo a Cadam, nada de esto se logró, aunque deben continuar aportando. “En 2023, los argentinos compraron 52 millones de litros de vino menos que en 2022 (-6,3%), mientras que las exportaciones de vino argentino se desplomaron un 31,7% en volumen en comparación con el año anterior”, sostuvieron.