Casa Alianza alerta por aumento de muertes viales de menores en Honduras

La organización Casa Alianza Honduras advirtió sobre el preocupante incremento de muertes por accidentes de tránsito que afecta de forma directa a niñas, niños y adolescentes en el país, al revelar que 76 menores han perdido la vida en lo que va de 2026 en percances viales registrados a nivel nacional.

El llamado fue realizadp por la directora de la organización, Cándida Sauceda, quien señaló que la situación refleja una crisis sostenida de seguridad vial que continúa cobrando vidas infantiles y juveniles en distintas regiones del territorio hondureño.

De acuerdo con los datos presentados por Casa Alianza, entre enero y la fecha se han registrado 642 muertes por accidentes de tránsito en Honduras, de las cuales el 12 % corresponde a personas entre 0 y 17 años, lo que evidencia la alta exposición de menores de edad a riesgos en las vías públicas.

Sauceda manifestó preocupación por la concentración de estos casos en departamentos como Cortés, Atlántida, Olancho y Copán, zonas que, según la organización, presentan una mayor vulnerabilidad debido al crecimiento del parque vehicular, el uso extendido de motocicletas y la limitada supervisión en carretera.

Adoslecentes los más afectados

Uno de los datos más alarmantes señalados por Casa Alianza es que los adolescentes varones entre 16 y 17 años representan el 47 % de las muertes de menores, mientras que el grupo de 12 a 15 años concentra el 29 % de los casos reportados.

Para la directora, estos números reflejan una exposición temprana al riesgo vial y la ausencia de controles efectivos para impedir que adolescentes conduzcan vehículos sin cumplir los requisitos legales.

“Conducir sin límites, sin reglas y sin orden vial pone en riesgo la vida de la niñez y adolescencia en Honduras”, advirtió Sauceda al referirse al impacto de la conducción irresponsable y la débil aplicación de la normativa de tránsito.

El informe de Casa Alianza también destaca que el 58 % de los menores fallecidos en accidentes de tránsito eran conductores al momento del hecho, lo que, según la organización, genera serias preocupaciones sobre acceso irregular a vehículos, falta de supervisión adulta y posibles conductas de riesgo como exceso de velocidad o consumo de alcohol a temprana edad.

Sauceda agregó que esta situación revela una combinación de factores estructurales y sociales que facilitan que adolescentes circulen en motocicletas y otros vehículos sin la preparación ni la autorización correspondiente.

Campañas de educación y prevención necesarias

La organización advirtió además que la problemática se agrava por la débil presencia de operativos de control en distintas zonas del país y la limitada educación vial dirigida a la población juvenil.

En ese sentido, Casa Alianza hizo un llamado urgente a madres y padres de familia para evitar proporcionar motocicletas u otros vehículos a menores que no cumplen con la edad mínima ni cuentan con permisos de conducción establecidos por la ley.

La directora de la organización exhortó al Estado de Honduras a fortalecer las políticas de seguridad vial mediante campañas de prevención, educación en las escuelas y el refuerzo de operativos de control en carreteras y zonas urbanas con alta incidencia de accidentes.

“Es urgente que el Estado actúe con mayor firmeza para evitar que más niñas, niños y adolescentes sigan perdiendo la vida en las calles del país”, enfatizó Sauceda en su pronunciamiento.

Los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales causas de muerte en Honduras, afectando especialmente a jóvenes que, en muchos casos, no cuentan con la preparación adecuada para conducir en condiciones seguras.

Especialistas en seguridad vial han advertido que el incremento del uso de motocicletas, la falta de cultura de prevención y el incumplimiento de las normas de tránsito están contribuyendo significativamente al aumento de muertes en carretera.

Casa Alianza reiteró que la situación no solo representa un problema de movilidad o tránsito, sino también una crisis de protección de derechos de la niñez y adolescencia que requiere respuestas inmediatas y coordinadas entre el Estado, las familias y la sociedad.