Las razones del Gobierno para frenar la suba de tarifas: qué inflación se espera en abril y cómo ayuda el superávit

El Ministerio de Economía decidió frenar los aumentos previstos para mayo en las tarifas de luz, gas, combustibles y boletos de colectivos para evitar los efectos de primera y segunda ronda en la inflación. Si bien estas definiciones implican más gasto y menor recaudación, la visión oficial es que los resultados de estos primeros casi cinco meses de mandato permiten relajar el ritmo del fuerte ajuste inicial. Una dosis de gradualismo ante bolsillos que aún no se recuperaron.

“No hay aumentos en mayo. Venimos bien con el superávit fiscal. La inflación de abril va a estar en un dígito y queremos consolidar la baja”, dijo una alta fuente del Gobierno ante la consulta de Infobae.

En la Secretaría de Energía, conducida por Eduardo Rodríguez Chirillo, habían adelantado a este medio que los mecanismo de actualización mensual que debía comenzar a regir desde hoy para sostener en términos reales los ingresos de las distribuidoras y transportistas estaban suspendidos. Representaban un impacto de cercano al 5% en las facturas finales de electricidad y de gas, mucho menores al 150% y 450%, respectivamente, que acumularon desde enero.

Lo mismo sucedió con la actualización del impuesto a los combustibles (ICL) que Alberto Fernández mantuvo congelado dos años. La resolución de Energía contemplaba que se aplicará sobre el tributo una suba equivalente a la inflación del último trimestre del 2023, impactada por la inflación. Si las petroleras -YPF, Shell, Axion, y Puma Energy- trasladaban eso a los surtidores la nafta y el gasoil iban a subir al menos 8 por ciento.

La suba será “diferida” a junio a través de un decreto que se publicará en breve en el Boletín Oficial. Las refinadoras aplicarán el incremento del 2% mensual por el ritmo de deslizamiento del tipo de cambio oficial y otro tanto para avanzar en el camino hacia los precios internacionales.

Lo que haga YPF, que vende 6 de cada 10 litros en el mercado local. Economía ya había pedido al presidente de la empresa estatal que moderara el ritmo de las subas tras la recomposición que comenzó en noviembre.

En el Ministerio de Economía confirmaron ante la consulta de Infobae que tampoco habrá incremento en el boleto de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La Secretaría de Transporte estaba habilitada por resolución a subir la tarifa a partir de abril en base a la inflación del último bimestre que no se aplicó. El IPC subió 51,6% en 2024 y el boleto mínimo seguirá en $270 para quienes tengan su SUBE registrada. La diferencia sería reconocida a las empresas con un nuevo cuadro tarifario que reconocerá más subsidios. El pasaje de tren sí subió este miércoles casi 54 por ciento.

El objetivo del Gobierno con estas definiciones es apuntalar la desaceleración de la inflación desde el 25,5% de diciembre, el 20,6% de enero, el 13,2% de febrero y 11% de marzo. En el equipo económico ubican la variación de abril en un dígito por primera vez en cinco meses. La interanual seguirá cerca del 300 por ciento.

Lo cierto es que deberá desembolsar mayores subsidios para cubrir el costo de la energía y lo que cobren las distribuidoras a los residenciales de ingresos bajos y medios, quienes pagan menos del 10% del costo real de la electricidad, por caso. A las empresas de colectivos les avisaron que tendrán un nuevo cuadro tarifario que les reconocerá mayores ingresos. El ICL, si se aplicaba la suba de mayo, debía recaudar 0,5 puntos del PBI.

El presidente Javier Milei informó que el superávit fiscal del primer trimestre fue de $276.638 millones. En el Ministerio de Economía aseguran que los resultados dan margen para relajar el ritmo de ajuste que, en el caso de las tarifas, consiguió acercarse bastante al de Mauricio Macri pero solo en cuatro meses.

El peso del gasto en los servicios públicos (luz, gas, agua y transporte) en el ingreso de los hogares más que se duplicó, según detalló un trabajo de Fundación Capital.

“Todo esto, frente a una inflación en el mismo período de 112% y salarios que habrían aumentado sólo un 96% (estimado). En este marco, el peso del gasto en servicios públicos en el AMBA (promedio ponderado) sobre el ingreso promedio de los asalariados registrados (RIPTE) se ha más que duplicado en los últimos cinco meses, pasando de un 4,6% en diciembre a un 10,8% en la actualidad. Vale mencionar, que si bien el peso de estos servicios se incrementó de forma generalizada, en los hogares de menor poder adquisitivo el impacto fue superior”, comentaron.

En ese marco, la deuda flotante llegó a casi $2 billones en marzo: $680 millones del 2023 (gestión Massa) y $1,3 billones del primer trimestre, en donde más de la mitad fueron transferencias. Econviews destacó que no es un monto “históricamente alto”, aunque es 10 veces el superávit fiscal conseguido.

Ese número no incluye la deuda de Cammesa con las generadoras de Energía. El Tesoro es en definitiva quien cubre el costo de que 2 de cada 3 usuarios residenciales paguen menos del 10% del costo de la energía. Las generadoras de electricidad y las productoras de gas reclaman más de USD 1.000 millones.

“La deuda de Cammesa es porque nos hicimos cargo de octubre y noviembre con el presupuesto de este año. Los números no son esos. Ya están conciliados y son $500 millones”, sostuvieron en Economía. Ahora las distribuidoras y transportistas advierten por una nueva interrupción en la cadena de pagos si no se actualizan sus tarifas en términos reales.

Una buena señal que llegó de Diputados fue la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal. El Gobierno espera convencer a los empresarios locales y al Fondo Monetario Internacional (FMI) de que el objetivo de superávit fiscal se mantiene, a pesar de que el ajuste sea más lento.

En el Gobierno saben que no pueden pisar indefinidamente los pagos por subsidios, más allá de que es una de las principales partidas a recortar para consolidar el superávit fiscal en 2024. Por ahora la quita de subvenciones a la luz y el gas no avanza como tenía previsto el secretario Chirillo.

Es que la implementación de la Canasta Básica Energética (CBE) que esperaban primero en abril y que luego se pospuso a mayo, ahora está prevista para junio o julio. En los próximos días se publicarán los detalles en el Boletín Oficial. Si todo se mantiene igual, 7 de cada 10 usuarios continuarán pagando menos del 10% del costo real de la energía consumida.

Según pudo reconstruir Infobae de fuentes oficiales y del sector energético, la demora tiene que ver con la dificultad del entrecruzamiento de datos que necesitan para determinar qué hogares continuarán con la asistencia en sus boletas. En encontrar la sintonía adecuada trabajan el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La hoja de ruta del Palacio de Hacienda preveía un recorte de 0,5 puntos del PBI este año en el gasto de subvenciones a las tarifas, a lo que se sumarían otros 0,2 puntos del PBI por el transporte del AMBA. La cuenta es de entre USD 2.500 y USD 3.000 millones. Pero el empeoramiento de la situación social hizo que buscara una calibración distinta en el ajuste.