Las empresas de medicina prepaga analizan si acatan la resolución del Gobierno y defienden los aumentos

El sector de medicina prepaga recibió como un baldazo de agua fría la orden del Gobierno de retrotraer parte de los fuertes aumentos que aplicaron desde diciembre pasado, cuando el DNU 70 de Desregulación de la Economía liberó los precios. La intimación oficial fuerza a limitar esas subas a la marcha de la inflación, lo que implicaría recortes de entre el 25% y el 33% a sus precios actuales según se consulte a los privados o a funcionarios. La decisión de la administración de Javier Milei disparó las primeras reacciones entre los empresarios, que si bien no niegan la manera en que crecieron los costos para sus clientes argumentan que los ajustes van en línea con sus necesidades en materia de costos y, aún así, no comparan con los movimientos que tuvieron otras variables de la economía.

En el sector, como primera reacción, analizan si están obligados a acatar la orden oficial o si pueden enfrentarla a nivel legal. “Todavía no hay nada resuelto. Se están analizando todas las opciones”, dijeron a este medio.

La pregunta que trae a colación este conflicto que el ministro de Economía, Luis Caputo, catalogó de una “guerra contra la clase media” iniciada por las financiadoras de salud, es de cuánto fueron los aumentos. Hay distintos números según la fuente que se tome.

Cifras que circulan en un documento de trabajo que comparten las empresas del sector admiten subas promedio del 35,3% en la cuota de enero, del 24,9% en febrero, del 20% en la de marzo y del 17% en abril. Esto es un aumento punta a punta, resultado de la liberación de precios, del 137% promedio en el sector.

En el Gobierno, mientras tanto, discuten esa cifra. Fuentes de Comercio estimaron que los aumentos rondan el 151% en todo el sector.

Para buscar estimaciones de terceros, mientras tanto, Infobae recurrió a el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que conduce el economista Nadin Argañaraz. La consultora, que en uno de sus informes se abocó a un análisis de más larga data de los precios del sector, cortó por lo sano y tomó los aumentos de una única prepaga para compararlos con el resto de las variables del sector y la economía. Optó por un plan estable de Omint del que, para el informe, se pueden rastrear precios hasta 2013.

Ese plan que IARAF utilizó como referencia saltó 159% desde que se liberaron los precios.

Todas estas variaciones que se barajan (137%, 151% o 159% en cuatro meses) comparan con una variación acumulada del índice de precios al consumidor del 90% desde diciembre y hasta el cierre de marzo. Es claro que, en línea con la idea oficial de reacomodar precios relativos, las cuotas de las prepagas recuperaron terreno frente a la inflación.

Por eso es que tanto los argumentos del sector como el análisis del IARAF intentan poner en contexto esas subas en un período más largo, para conocer cuánto necesitaban recuperar las cuotas asumiendo —como es consenso— que sus tarifas estaban atrasadas.

El documento que circula entre las empresas argumenta que la recuperación de ingresos es mínima, si se tienen en cuenta la nominalidad en la que se mueve la economía argentina y, más específicamente, las variaciones de costos que sufre el sector.

Por ejemplo, en el sector argumentan que desde el 1° de enero y gracias a los aumentos aplicados lograron una suba del 24,4% en términos reales, es decir, en comparación con la inflación. Esto es, aseguran, una suba 80% menor a la que tuvo el costo de vida en el mismo periodo, 147% menor a lo que aumentaron los alimentos en ese lapso y 154% por debajo de lo que crecieron sus costos en general.

En un período más largo, por ejemplo, señalan que la Canasta Básica Alimentaria subió 37.837%, los medicamentos 19.599% y, por ejemplo, los salarios de enfermería 9.994% desde inicios de 2012. En el mismo período, la Superintendencia de Salud autorizó incrementos a las cuotas por 7.945%, muy por debajo de todas las referencias mencionadas.

El análisis de IARAF, por su parte, aporta otra mirada que puede ayudar a explicar el por qué del conflicto. Sobre la base del mismo plan de referencia, Argañaraz analiza el movimiento de los precios desde 2013 a la actualidad. Y el primer hallazgo al que llega es que, en términos reales, la cuota está en el valor máximo de la serie. Es récord para el período analizado, muy cerca del anterior récord, con el que prácticamente empata y que fue alcanzado en octubre de 2017.

Entre 2017 y en 2024 hay coincidencias y diferencias, más allá de que se alcanzara el mismo nivel real en el valor de la mensualidad de las cuotas. En los dos casos, el Gobierno en funciones estaba tratando de que las cuotas recuperaran terreno luego de años de atrasos. La diferencia es que durante la presidencia de Mauricio Macri el proceso para llegar a la recomposición de sus tarifas tomó 19 meses. En este caso, la suba se dio en sólo cuatro meses.

Pero además de abrupta, la suba compitió con niveles de ingresos de las familias que pasaron meses como mínimo complicados.

“En nuestro análisis, uno puede ver claramente que se recuperó el máximo precio relativo histórico. Ahora cuando vos lo mirás del lado del salario, como desde el 18 empezaste a tener saltos inflacionarios que no fueron acompañados por saltos salariales, la incidencia de la cuota en el ingreso fue creciendo. Mientras que en 2017, la última vez que alcanzó el máximo nivel de cuota en términos reales, ese costo equivalía a 17% del salario promedio de trabajadores registrados, ahora ese costo equivale al 30% del salario promedio”, dijo Argañaraz.