¿Bicicleta fiscal?: cuál fue el ritmo de pago del Gobierno en el primer trimestre del año

En cada acto de gobierno tanto el presidente Javier Milei como su ministro de Economía, Luis Caputo, resaltan la importancia en la primera parte de la gestión como pilar para bajar la tasa de inflación a un dígito, primero al mes, y luego interanual -en este caso como predomina en el planeta-, ir a déficit fiscal cero, y consecuentemente emisión cero del Banco Central para financiar pagos de la Tesorería General de la Nación.

Con ese propósito, ya desde la campaña presidencial se hizo referencia al uso de la “motosierra”, como representación clara y contundente del recorte de un gasto público que en 20 años pasó de un agregado nacional equivalente cercano a 30% del PBI a más de 44% del PBI en el último año, para llevarlo a un objetivo de mediano a largo plazo de 25% del PBI, y en el primer año de gobierno a la zona de 40% del PBI -poda de 5% del PBI sólo en el sector público nacional, sin considerar provincias y municipios-.

Sin embargo, ya desde el primer mes completo de gestión las finanzas públicas base caja que informa la Secretaría de Hacienda permitió identificar a los economistas el uso de otro artefacto, muy usado en los hogares: “la licuadora”, en alusión al aumento sólo nominal de la mayor parte de las partidas del gastos a un ritmo muy inferior al de la inflación, que definen con “singular caída del gasto en valores reales”, principalmente en partidas de alta sensibilidad social, como pago de jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares, subsidios a las tarifas de los servicios públicos y freno abrupto de la obra pública, principalmente.

Y ya con los datos en mano de la “base caja” de febrero y estimaciones para marzo, algunos analistas comenzaron a observar que para repetir el ciclo de superávit fiscal que registró en enero, el equipo económico que dirige Caputo no sólo continuó usando a relativa altas revoluciones la motosierra y la licuadora, sino que echó mano a otro artículo del hogar, de gran auge en la pandemia de Covid-19 a inicios de 2020 y hasta avanzado 2021, pero también muy utilizado en tiempos de alta inflación, no sólo por el sector público, sino también por parte de las empresas privadas: “la bicicleta”, como se bautizó en el mercado a la acción de postergación de pagos de gastos ejecutados, para cumplir con una meta fiscal, o hacer “el pedal” para obtener rentas inmediatas con esos recursos retenidos al colocarlos en activos a tasa de interés.

De la ejecución diaria de las partidas presupuestarias a cargo de la Administración Central hasta el 2 de abril 2024 -no incluye Fondos Fiduciarios, PAMI, ni asistencia a empresas públicas, principalmente, surge que excluida la Anses porque devenga compromisos diarios con jubilados y pensionados, principalmente, pero que paga en los primeros días del mes siguiente, la diferencia entre el gasto ejecutado y lo efectivamente abonado fue de $1,2 billones, equivalente a 15,2% del total y a 13 días de demora, en promedio.

No parece una proporción relevante, como media general, que lleve a pensar en cierra fragilidad en el superávit de las cuentas públicas logrado desde el inicio del año, acorde con la premisa de campaña y remarcada en el acto de asunción y en el Mensaje a la Asamblea Legislativa en el acto de apertura de sesiones ordinarias por parte del presidente Javier Milei.

El desagregado muestra que sobre 28 grandes partidas de la Administración Central -excluida Anses- únicamente en 4 registraban al 2 de abril un atraso en los pagos de 30 días o más, en su mayoría del área de los Servicios Sociales de Vivienda y Urbanismo 84 días; Agua Potable y Alcantarillado 46 días; Agricultura, ganadería y pesca 32 días; y Promoción y Asistencia Social 30 días -en este caso por las auditorías que está llevando el Gobierno al detectar enormes irregularidades-.

También, exhibían atrasos en torno al mes la cartera de Relaciones Exteriores 28 días; Servicios de Comunicaciones 26 días; Servicios de Salud y Control de la Gestión Pública, con 25 días en cada caso.

Por la magnitud de los montos involucrados de la deuda flotante registrada sin Anses se destacaron en los primeros puestos: los Servicios Sociales de Promoción y Asistencia $312.220 millones; Servicios Sociales de Salud $165.800 millones; Servicios Sociales de Educación y Cultura $102.866 millones; Servicios Sociales de Vivienda y Urbanismo $95.990 millones y de Transporte $87.207 millones; y Energía, Combustibles y Minería $68.393 millones.

En la mayoría de los casos pareciera que se trata de retraso natural, compatible con el sistema mensual del pago de la remuneración del personal a mes vencido, como al del personal contratado, y por tanto no constituye un “bicicleta” financiera para obtener resultados de corto plazo no sostenibles en el tiempo.

Y si bien en el área de los Servicios Económicos de Energía, Combustibles y Minería (corresponde en su mayor parte a subsidios a las empresas por la política heredada de mantener tarifas públicas muy por debajo de los costos) acumulaba al 2 de abril una deuda flotante que se eleva a $150.789 millones, se se calcula por la brecha entre el monto comprometido a esa fecha y lo efectivamente abonado, equivalente a unos 21 días de atraso.

De ahí que para algunos analistas la solvencia de las finanzas públicas está avanzando a un ritmo firme y sólido que, por sus efectos sobre la inflación y las expectativas de mercado llevó a considerar en la última semana a JP Morgan que “para 2025 el gobierno de Javier Milei podría registrar dos buenas noticias en simultáneo: una inflación del 40% y un rebote del PBI del 5,2 por ciento”.

Esas estimaciones resultan más optimistas que las del promedio del mercado, que prevé un crecimiento económico del 3% / 4% e inflación cercana a 60%, según el último relevamiento de expectativas que publica el Banco Central.

No obstante, los datos de recaudación tributaria en marzo que comunicó la AFIP al comienzo de la mini semana hábil, generaron algunas dudas sobre la sostenibilidad de la solvencia fiscal, porque la magnitud de la caída en valores reales del 12% en comparación con un año año, duplicando la tasa estimada de caída del PBI, superó todas las previsiones.

Sin embargo, el organismo aclaró: “Incidió negativamente tres días hábiles menos de recaudación con relación al año anterior”, y además que “A partir de mediados de marzo comenzaron a estar exceptuados del régigmen de percepción del IVA un conjunto de productos de la canasta básica y medicamentos por un plazo de 120 días corridos”.